Fracasa mando único

*La zozobra de maestros, médicos, burócratas, empresarios secuestrados y asesinados

Por Arturo González/Fotos José Luis de la Cruz

Chilpancingo, Gro.- El Mando único anunciado con bombo y platillo en fechas pasadas  por las diferentes esferas de gobierno, ha resultado un autentico fracaso debido principalmente a que se ha privilegiado la aplicación de mecanismos para controlar a la población inconforme, y no para resolver el creciente problema que está dando como resultado el asesinato de miles de personas a lo largo y ancho del país, convirtiendo al Puerto de Acapulco, como la ciudad más insegura.

Pero también el Padre Solalinde, ya denunció en uno de sus tantas intervenciones, que el objetivo del Estado, es generar miedo entre la población para poder consolidar las reformas políticas que están destruyendo el bienestar de la población y llenado los bolsillos de las transnacionales y de los políticos vividores y corruptos.

A pesar de que hubo un endurecimiento de la política policía en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asintió que la participación del ejército y la Marina, en tareas de seguridad no violan la Constitución, los cambios no se han visto en lo absoluto.

Los delitos como la trata de personas, el secuestro, la desaparición forzada –en algunos casos para extraerle los órganos a los desaparecidos trátese de niños o adultos, las violaciones, los asaltos, las extorsiones, han ido a la alza.

La entidad guerrerense está al borde del colapso.

La única esperanza que se observaba en el horizonte era el surgimiento de las policías comunitarias, pero el gobierno federal y estatal han hecho hasta lo imposible para destruirlas, y para ello han destinado importantes sumas millonarias para repartirlas entre los líderes y comisarios de las comunidades para provocar una división, que ha dado como resultado una treintena de asesinatos de elementos de esa corporación a manos de fuerzas oscuras y de sus mismos compañeros.

El estado de guerrero está pasando por un proceso de inseguridad muy alta, la población vive con un miedo constante por salir a las calles, el ciudadano ya no tiene la libertad de salir a divertirse con su familia ni mucho menos el derecho de mandar a sus hijos a la escuela, nuestros maestros han sido hostigados, amenazados, secuestrados y hasta asesinados, pero no ha sido el único gremio afectado, también los médicos, burócratas, abogados y los mismos encargados de la seguridad pública.

Anuncio presidencial

El Presidente de la República en la víspera de la firma del Mando Único, señalaba determinante que “En México, debemos fortalecer nuestro pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación en la vida democrática y reducir los índices de inseguridad. Aspiramos a una sociedad en donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, que participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia plena; y que, por lo mismo, ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad”. Era sólo arrogancia, los muertos se siguen esparciendo por doquier, los levantados aumentan en un gran número, cientos de mujeres son secuestradas para prostituirlas, la economía va en picada, la sociedad entera está desesperada.

El gobierno federal por medio del Presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, se ha justificado que en el caso de Veracruz, el modelo de Mando Único y Policía Acreditable en Veracruz, ha fracasado porque los elementos se corrompieron y fueron infiltrados por la delincuencia organizada.

En Guerrero la situación es similar y los alcaldes, el propio gobernador, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tienen mucha culpa tras no dar los resultados que se esperaban con el “Mando Único”. Ahora plantean una  Policía de Proximidad, cuando la solución es Juzgar y castigar a quienes han violado los derechos de los gobernados, pero aquí se les da patente de legalidad, como es el caso del ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños y de otros tantos alcaldes y políticos que han hecho uso del presupuesto público a su antojo, que han saqueado los recursos federales, que han sido financiados por el crimen organizado y ahora dirigen los destinos de la entidad.

Ha existido involucramiento del grupo delictivo Guerreros Unidos en Iguala, y los casos de soborno en Michoacán, donde el grupo delictivo Los Caballeros Templarios se apropiaba de 30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios, como lo denunció en un artículo el profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame, Guillermo Trejo.

El crimen organizado es quien manda en los municipios, han incrustado sicarios en las policías municipales y estatales; cuentan con elementos dentro de la policía estatal y federal, además de que también tienen alianza con mando del ejército.

Trejo asintió que “los grupos criminales empezaron por doblegar a las autoridades locales. Mediante el soborno o la coerción, fueron subordinando a los presidentes municipales en las zonas de conflicto. Aunque en el imaginario nacional está más presente el soborno y la corrupción de los alcaldes, hay también una larga lista de autoridades municipales, candidatos y activistas políticos locales que han sufrido atentados o han sido asesinados por el crimen organizado”.

El Modelo de Mando Único Policial no garantiza, ni ha probado su eficacia para desterrar las prácticas corruptas de las policías estatales, no es el objetivo, no existe la menor intención, porque el secuestro y el narcotráfico dejan millones de dólares en ganancias, y para ello los policías infiltrados tienen extendida la mano.

En las iniciaciones de su gobierno el gobernador de Guerrero, señaló en Iguala que “Vamos por la Policía Única, el Mando Único, lo he mencionado en mi toma de protesta. ¿Qué hay que hacer? Los policías que están calificados, que han aprobado su examen tendrán que ser incorporados a la Policía Única”, señaló el mandatario de filiación priista. Todo no sirvió.

Ahora se habla de que el Mando Único debe ser sustituido por un modelo de policía, está enfocado en la solución de problemas y la prevención del delito, se propone que para  aumentar la seguridad se encuentra la instalación de botones de pánico y cámaras de seguridad. Se pide una mayor coordinación con los habitantes de los polígonos de mayor incidencia delictiva. Ello habla de la muerte del Mando único, un programa que permitió que ocurrieran masacres como la de Nochixtlán, Uruapan, Tanhuato, y tantas otras, a manos de la policía federal del defenestrado elemento nazi del gobierno de Peña Nieto: El General Galindo.

El espionaje con fines políticos

La intervención de las llamadas telefónicas de los miles de usuarios de telefonía celular en la capital del país, no se ha utilizado para el combate al crimen organizado sino para conseguir fines políticos, dando a conocer conversaciones privadas de políticos opositores y organizaciones sociales que se oponen a las políticas del gobierno refuerzan la teoría planteada por el Padre Solalinde.

Tanto el crimen organizado como los distintos niveles de gobierno, utilizan los adelantos científicos y tecnológicos, pero lo que más aventaja a la delincuencia es la capacidad de soborno, los millones de pesos de los secuestros y extorciones que se utilizan para comprar policías y funcionarios, además de alcaldes que ceden las plazas –sus municipios-- a cambio del financiamiento de sus campañas.

El gobierno de la entidad ante el inicio de la implementación del Mando único afirmaba que “Todos los mandos, los policías existentes principalmente a nivel municipal tienen que ser conjuntados y los que no tienen el examen de confianza pues seguramente tienen que ser orientados hacia otro tipo de actividades que no sea la policía. Mientras las policías no se depuren, no se va a poder hacer nada”. Eso implicaba una amplia coordinación en materia de investigación y espionaje, que sólo se utiliza hasta hoy en el combate a las demandas de las organizaciones opositoras.

Guerrero la tasa más alta de homicidios

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 27 de noviembre de 2014 con la finalidad de apaciguar los candentes ánimos de la población y para intentar que cesaran las protestas por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, después de los asesinatos y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, informó de acciones para combatir la inseguridad como iniciativas de ley para reorganizar las policías.

Planteaba acciones contundentes para inhibir la complicidad de autoridades municipales con la delincuencia, y delimitar las competencias de los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal en la lucha contra el delito, además de que anunció una enorme intervención de fuerzas en diversas entidades de la república, entre ellas Guerrero, pero todo fue un fracaso, como lo han sido todas las políticas en materia policial creadas por el gobierno.

En un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero, entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se apuntaba que Guerrero padecía el mayor problema de inseguridad desde 2009 y ocupaba el primer lugar a nivel nacional en este tema, pues registraba una tasa de 47.76 %, por encima de los estados como Morelos, Chihuahua, Sinaloa y el Estado de México.

En ese documento quedaba plasmado que tan sólo en 2015, se registraron dos mil 721 homicidios, de los cuales 70 % se cometieron en Acapulco, que la tendencia delictiva del fuero común, de enero a marzo de este año, se registraron ocho mil 998 robos, de los cuales 886 se cometieron con violencia, 699 homicidios, de los cuales 514 fueron dolosos, así como 805 delitos patrimoniales.

El documento expone que a los delitos del fuero común se suman los derivados del crimen organizado, el tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, la desaparición forzada de personas y el saldo de la lucha entre cárteles, por lo que es necesario “redoblar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, a partir de revisar y en todo caso replantear la estrategia seguida hasta ahora”.

El investigador, Israel Meza Rodríguez, en su artículo  titulado inseguridad en el estado de guerrero, señala que “La alta tasa de homicidios y el nivel de impunidad, colocan al estado de Guerrero como el más violento de México, por encima de Morelos, Sinaloa y Michoacán, según el análisis índice de Paz México 2015 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

En Guerrero la tasa de homicidios de los últimos dos años ha sido de 100 por cada 100,000 habitantes, cuando a nivel mundial es de 6, y en México es de 13 homicidios.

El Instituto ubica a los municipios guerrerenses de Acapulco y Chilpancingo, la capital del estado, dentro de las cinco ciudades más inseguras del país por tener los índices más bajos de paz, junto con Culiacán, Sinaloa; Tecomán, Colima y La Laguna en Coahuila.

Sin embargo, pese a lo "mal evaluado" de esta entidad en el plano nacional, Guerrero es la que más gasta en la contención de la violencia: 43,000 pesos por ciudadano.

El IEP también calificó mal al Sistema Judicial del estado al señalar que la tasa de impunidad en homicidios en 2014 es del 89%.

"En un estado en donde la impunidad va a la cabeza pues es tierra propicia para que haya más homicidios y más delitos porque se sabe que no se van castigar", alertó la vocera del IEP.

Con el objetivo de compensar toda esta inseguridad el gobierno del estado en coordinación con el gobierno nacional, han realizado varios planes de trabajo que lograrían auxiliar a restar los altos índices de homicidios, secuestros y hostigamiento. Se solicitó el apoyo de las fuerzas armadas, quienes se ocuparán en conjunto con policías federales, estatales y municipales para reforzar y garantizar la integridad de los guerrerenses. Todo ha sido un fracaso.