Por Rogelio Hernández López
Este
martes 14 de julio ocurrirá en la ciudad de México una especie de reunión
cumbre para examinar los protocolos de actuación para la protección de
periodistas en México.
Se
necesita saber qué está fallando porque los agravios al periodismo mexicano
siguen a la alza. Según el informe semestral de Artículo 19, cada semana de
2014 se registraron 6 en promedio y en lo que va de 2015 el índice ascendió a 9
ataques semanales. Ya se rebasaron con mucho los indicadores, de por sí
atroces, del sexenio de Felipe Calderón.
El
encuentro será abierto como foro. Participarán los representantes del Mecanismo
federal de protección a cargo de la Secretaría de Gobernación, de la fiscalía
especial de la PGR, de la oficina de derechos humanos de la ONU, Amnistía
Internacional, Artículo 19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de
varias organizaciones civiles. La convocatoria es de la Revista Zócalo,
Reporteros sin fronteras y la Comisión de los derechos humanos del Distrito
Federal.
Las
instancias del gobierno federal, al igual que esas y otras organizaciones han
generado en cinco años, un sinfín de protocolos, manuales, guías, prontuarios,
tanto para su actuación en casos de agresiones o amenazas como de
recomendaciones para la prevención. Pero, todo ello parece insuficiente. Con
este texto intento hacer un aporte modesto para los consensos de esa reunión.
Aunque
parezca utópico es necesario plantear un reenfoque de todos los programas y
planes gubernamentales y civiles de protección al periodismo y tratar de hacer
sinergias en un solo sentido. Un punto de partida es dejar de observar a los
periodistas como víctimas potenciales y asimilarlos en todos los programas como
sujetos activos que pueden y deben ser actores en la construcción de
respuestas. Es decir que se defiendan ellas y ellos con organización, capacitación
profesional, con otras prácticas en su ejercicio y que tengan el respaldo de
todos los que hoy quieren protegerlos.
Una estrategia común
En
buen número de colegas conocen mi hipótesis planteada en el “Prontuario de
recomendaciones para fortalecer a periodistas vulnerables de México” que
editaron Freedom House y la Casa de los Derechos de Periodistas:
“Las
causas de origen de la violencia contra periodistas son estructurales. Los
agravios contra periodistas se facilitan por al menos seis vulnerabilidades que
padecemos” derivadas del régimen mercantil y monopolizado de la prensa que
impide el desarrollo de medios pequeños y produce la pauperización del
periodismo no industrializado. A lo que se aúnan esas rémoras autoritarias de
gobernantes para tener el control del periodismo profesional, especialmente de
investigación, prácticas que se aposentaron en los gobiernos de los estados y
en los municipios”. De allí provienen la mayoría de agravios.
Por
tanto, se deben buscar respuestas de esa envergadura, estructurales, entre las
que tienen que estar, por supuesto las de tipo policiaco y cautelar. La
hipótesis y propuesta se pueden consultar en
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Prontuario%20para%20fortalecer%20a%20periodistas%20vulnerables%20de%20M%C3%A9xico.pdf
La estrategia que hemos venido proponiendo a colegas de diversas entidades es
que adopten metas de lo que podría convertirse en un Plan de protección
integral para el ejercicio del periodismo, una agenda común de los periodistas
con objetivos precisos para reducir sus vulnerabilidades: por deficiencias
profesionales, por maltrato laboral y bajas prestaciones sociales; ante los
agravios; frente al régimen legal deficiente y malas prácticas de servidores
públicos, y esa horrorosa atomización organizativa, que también promueven los
políticos.
Si se
puede. Las y los colegas del país interesados en estos temas –que no son pocos–
saben bien que la mayoría de los objetivos de un plan así sólo se pueden
alcanzar a mediano y largo plazo. No obstante, en varias entidades, entre
dificultades e incomprensiones de otros colegas, ya avanzaron en la formación
de redes de reacción rápida cuando registran agravios, en la creación de
asociaciones y colegios profesionalizantes, en el impulso de políticas públicas
y leyes estatales de protección integral, en alianzas con centros de educación
superior, en la promoción constante de talleres y cursos para elevar
capacidades periodísticas.
En la
mayoría de las entidades donde han avanzado en algunas de estas metas se han
reducido los registros de violencia en su contra. Nayarit, Colima, Chiapas,
Baja California, Querétaro, Durango, Hidalgo. Saludo desde aquí las recientes
asociaciones civiles de Quintana Roo y Michoacán…Pero falta mucho.
En esa
concentración de actores involucrados en la protección a periodistas del martes
14 de julio, el tema central será la revisión de los protocolos de actuación.
Pero seguro que saltará la pregunta ¿qué más se puede hacer? Y más de uno de
los asistentes sabremos que se necesitan alternativas integrales y viables.
Entre
todas las carencias, una oquedad pesa demasiado. En todos lados las y los
colegas saben lo mismo que reclamamos desde las organizaciones: la indefinición
y falta de energía del Presidente de la República frente a este problema. Una
posición del gobierno federal enérgica impactaría a los gobernadores que, en lo
general, también son socarrones frente a las denuncias de los periodistas. Lo
más que hacen es condenar de palabra alguno que otro homicidio.
Y ¿qué
tal si comenzamos por intentar una sola metodología del monitoreo y análisis de
los agravios a periodistas, para homologar un solo diagnóstico y abonar para
una sola estrategia, así fuese solamente entre las instancias de gobierno? Hace
unas semanas escribí una reflexión para la revista de análisis del sindicato de
trabajadores de la UNAM donde invité a esta casa de estudios a incorporarse a
la elaboración de una metodología para la captura de datos e interpretación de
las causas de los agravios a periodistas.
Esto
es indispensable porque cada año se hacen y difunden al menos 13 monitoreos y
diagnósticos diferentes por usar metodologías distintas, según el origen
nacional y la agenda de intereses del grupo evaluador. Todos arrojan resultados
numéricos diferentes.
De
estos, cinco son de organismos internacionales: Artículo 19, Reporteros sin
fronteras, Freedom House, Centro Internacional para Periodistas y el Comité de
Protección a Periodistas (ICFJ y CPJ, por sus siglas en inglés).
Las
organizaciones de origen mexicano que intentan diagnosticar son cuatro: Centro
Nacional de Comunicación Social (Cencos), Centro de información de la Mujer
(CIMAC), Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) y Colectivo de Análisis de
la Seguridad con Democracia (CASEDE).
Del
Estado mexicano son cuatro las instancias que tampoco logran un diagnóstico
común: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la Fiscalía
Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión de la
PGR (FEADLE); la Comisión Especial de Seguimiento a los Agravios contra
Periodistas de la Cámara de Diputados y su similar en el Senado. Estas últimas
ya se restringen solo a comunicados de condenas ante agresiones graves.
Y, la
instancia oficial que debería tener el diagnóstico más riguroso para guiar su
trabajo es el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos
Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Se instaló en octubre de
2012, pero ni siquiera ha logrado hacer funcionar su Unidad de Prevención,
Control y Análisis que ordena la ley.
Esta
es la aportación a la reunión del 14 de julio de este reportero.
