Chilpancingo, Gro.- El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los
Santos Barrila, compareció ante los diputados de la LXII Legislatura local, en
cumplimiento al llamado que le hiciera esta Soberanía para aclarar la supuesta adquisición
de una residencia en el puerto de Acapulco con valor superior a los 10 millones
de pesos.
Los legisladores coincidieron en sus participaciones, en que este acto
republicano marca la pauta para una etapa de transparencia y rendición de
cuentas, y confiaron en que esta dinámica de llamar a los funcionarios públicos
a comparecer ante el Pleno sea recurrente, en el afán de transparentar sus
acciones tanto personales como del ejercicio profesional.
La primera en intervenir por el Grupo Parlamentario del PRD, fue la
diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, quien aseguró que la nota periodística
publicada a principios de septiembre efectivamente afecta de manera directa la
credibilidad de la institución.
Dijo que es necesario desarraigar los actos de corrupción que tanto
daño causan y que se debe contar con instituciones que verdaderamente sirvan a
los ciudadanos por igual, sin distingos de partido, ideologías, razas, color o
creencias.
El legislador Jorge Salgado Parra, del PRI, se pronunció por que la
institución implemente programas anticorrupción, ya que, dijo, es importante contar
con un control al interior de una institución pública, que minimice las
probabilidades de que se materialicen acciones al margen de la Ley y del
interés público.
Por su parte, el legislador Arturo Martínez Núñez, de Morena, se
refirió a la comparecencia como una nueva realidad democrática, donde el diálogo
y el debate republicano serán la norma y cotidianeidad y una nueva era de pesos,
contrapesos y equilibrios.
Refirió que en esta nueva etapa habrá austeridad republicana y cada centavo
del dinero público habrá de ser asignado, utilizado y fiscalizado con extrema
minuciosidad para evitar que se repitan viejas prácticas de corrupción, de
compra de conciencias, de cooptación y de privilegios por encima de la ley.
Mientras que el diputado Bernardo Ortega Jiménez, del PRD, manifestó
que los guerrerenses necesitan que los servidores públicos se ocupen de los
problemas de inseguridad, la falta de desarrollo, establecer mejores mecanismos
de asignación de recursos para los programas sociales y que se vigile que los
funcionarios públicos ejerzan sus funciones bajo los principios de probidad,
honradez y legalidad que marca nuestra Constitución Política federal y local.
En su oportunidad, el diputado Omar Jalil Flores Majul, del PRI, resaltó
la importancia de estas comparecencias porque son un ejercicio de transparencia
y rendición de cuentas, que son valores intrínsecos de la democracia, y es así
como se genera un contrapeso de la división de poderes.
La diputada Mariana García Guillen, de Morena, se pronunció asimismo
por sanear las instituciones encargadas de la impartición de justicia y
cuestionó al fiscal sobre su relación con la empresa Castillo Trinidad y Asociados,
dueña del inmueble que se le cuestiona como propio.
Al dar lectura a un documento, en relación a los actos denunciados
recientemente, sobre la adquisición de una residencia en Acapulco, el fiscal general
del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, dijo a los legisladores que no
ha adquirido bien inmueble alguno y que dicha propiedad es de Castillo Trinidad
y Asociados, S.A de C.V.
Asimismo, informó sobre la documentación que es pública en la
Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado,
delegación Acapulco, donde se acredita que no tiene relación legal con alguna
con los hechos imputados.
El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila,
compareció este martes ante los diputados de la LXII Legislatura local.
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