*Brutal golpe a las
comunidades indígenas y afromestizas por territorio de mineras
Por Arturo González
Celestino /Reportaje
Chilpancingo, Gro.- La
reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado, con la que los
diputados se “aseguran el pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de
los pueblos y comunidades indígenas”, no es más que un golpe brutal y faccioso
en contra de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
La reforma aprobada
por los diputados de los diferentes partidos políticos (PAN, PRI, PRD, MC,
Panal), no es más que un intento por entregar el territorio guerrerense a las
mineras que tienen colapsadas a las tierras indígenas y afromestizas.
Las policías
comunitarias han sido un verdadero escollo para los intereses económicos de los
grupos empresariales y políticos que se sienten dueños del estado de Guerrero,
por lo que las autoridades de gobierno enviaron una iniciativa de reforma al
congreso la cual fue aprobada cuyo fin último es terminar con todos los
obstáculos.
La redacción original
indicaba que “La ley establecerá las bases para una adecuada armonización entre
el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos
en materia de seguridad pública e impartición de justicia; así como para
aplicar sus sistemas normativos en la solución de los conflictos internos de
sus comunidades. También regulará los procedimientos de validación de sus
resoluciones por los jueves y tribunales competentes de conformidad en el orden
jurídico estatal y federal”.
Tras los reclamos de
los diferentes partidos políticos se acordó hacer varias adecuaciones, por lo
que quedó así:
“La ley establecerá
las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de
seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de
vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema
jurídico estatal para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus
propios sistemas normativos, tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos
propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana o bienes personales de
algunos de sus miembros se establecerá a lo dispuesto por la legislación
nacional aplicable”.
El objetivo del
Congreso local, busca cumplir órdenes del ejecutivo, que buscaba y sigue
buscando reformar la Constitución estatal para desarmar e impedir que las
guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir,
investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular.
Se pretende
inhabilitar no solo a los grupos de autodefensa que acusó de estar infiltrados
por el narco, sino también a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que operan en la región de Costa Chica y
la Montaña.
El objetivo también es
contrarrestar el efecto expansivo de los grupos de autodefensa que fueron
alentados, armados y equipados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y
actualmente siguen proliferando en las siete regiones ante el vacío de
autoridad de esta entidad colapsada por la narcoviolencia, impunidad y
corrupción gubernamental.
El ejecutivo estatal y
el Congreso Local de mayoría priista, buscan destruir las policías
comunitarias, pretende que no se sigan desempeñando con cierto poder de
decisión en sus pueblos y comunidades.
Las autoridades acusan
a las policías comunitarias de estar infiltradas por el crimen organizado, y
ello puede ser cierto, porque ese objetivo de desviar el sentido real de las
organizaciones de autodefensa, fue obra del gobierno de Peña Nieto y del
gobernador del estado, con la finalidad de destruirlas. Fueron las autoridades
federales y estatales las que pactaron con el crimen organizado pata infiltrar
a las guardias comunitarias, fueron las autoridades quienes facilitaron
información y demás condiciones para que el crimen estuviera dentro de esas
organizaciones.
Además fue el gobierno
que auspició y alentó la formación de grupos de autodefensas en algunas
regiones de la Tierra Caliente con elementos del narco en su interior.
Para lograr un posible
consenso de la ciudadanía de Guerrero en contra de la existencia de las
guardias comunitarias a lo largo y ancho del estado de Guerrero, el gobierno
federal dio a conocer un informe en el que se señala que algunos grupos de autodefensa son
“paramilitares vinculados con el narco”, entre ellos señala a la Unión de
Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) –que opera en Acapulco
y las regiones de Costa Chica, Centro y la Sierra–, La Tecampanera de
Teloloapan, El Movimiento Adrián Castrejón de Apaxtla, Paz y Justicia de
Chilapa, Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, y las guardias
comunitarias que tienen presencia en la franja minera del río Mezcala.
Por su parte el
mandatario guerrerense reconoció que los grupos de autodefensa que operan en
las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente, zona Norte y la
Sierra “solo pelean territorios para imponer su hegemonía, no defienden a la
población y lo que procede será enfrentarlos”, además de que era necesario
desaparecer a esas autodefensas por su vinculación con el narco.
El artículo 14 de la
Constitución local establece el reconocimiento del gobierno a los esquema de
seguridad y justicia que implementan las guardias comunitarias en la entidad,
al señalar:
“El Estado reconoce y
garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su
sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos
tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los Pueblos y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas, dentro de sus localidades, de acuerdo a
sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su
Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y
designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad
Publica y su reglamento interno de esta entidad. Dichas policías tendrán una
estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de
Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión,
asesoría, capacitación y evaluación”.
La iniciativa de
decreto del Ejecutivo planteaba una modificación total del artículo ya que prohíbía detener personas, investigar,
perseguir y castigar delitos como lo vienen realizando la CRAC-PC y la UPOEG,
ambos afincados en pueblos originarios de la Montaña y Costa Chica, así como al
resto de los grupos de autodefensa que operan en las regiones Centro, Tierra
Caliente, Costa Grande, zona Norte y la Sierra, y señalaba que
“La Ley establecerá
las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de
seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de
vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema
jurídico estatal para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus
propios sistemas normativos”.
Más adelanta expresaba
que “Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o
comunidad indígena o afromexicana o bienes personales de algunos de sus
miembros, se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”.
La propuesta antes de
ser aprobada por el congreso fue ampliamente criticada por la diputada local
perredista y ahora diputada federal electa de Morena, María del Carmen Cabrera
Lagunas.
Por su parte la
diputada local por Morena María de Jesús Martínez Cisneros, señaló que “los
diputados son incapaces de renunciar al mayoriteo, al albazo y a sus acuerdos
cupulares que en este caso agreden a la libre determinación y
autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero”.
Por su parte el
gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, llamo a los policías
comunitarios a volver a su esencia y ajustarse a la ley 701, así como a no
dedicarse a generar conflictos entre ellos que terminen en muerte y bloqueos,
por las diversas muertes de policías comunitarios.
Apunto que las muertes
de los comunitarios en la Sierra de Guerrero, mantiene relación con el crimen
organizado, es por eso que se han realizado diversos enfrentamientos entre
UPOEG y CRAC-PC, cada una de las comunitarias indígenas de la son
verdaderamente de la CRAC-PC y de las demás policías son grupos armados
disfrazados de comunitarios que se dedican a asaltar, robar, secuestrar y
matar.
Hay que recordar que
el 8 de abril del 2011, se publicó la ley 701, que le da sustento jurídico a la
CRAC, para hacer funciones policiacas y de justicia, donde opera la policía
comunitaria se remite a los acusados a la casas de justicia, sin derecho a un
abogado son juzgados en la asamblea, la pena pueda ser cárcel, trabajo
comunitario o el pago de una multa.
Desde el año 2012
hasta la fecha del presente año, la ola de inseguridad aumento por lo que en
varios municipios de Guerrero, la respuesta fue la autodefensa, dando inicio de
levantarse en armas las entidades de Olinala, Ayutla de los Libres, San Miguel
Totolapan, Leonardo Bravo (Chihihualco), Helidoro Castillo (Tlacotepec), Teloloapan,
Quechultenango, Mochitlán y varias comunidades del municipio de Chilpancingo.
Hoy en día las
autodefensas se extendieron en Chilpancingo y Acapulco, varios de los grupos
armados denominados autodefensas, señalan que han robado joyas, automóviles,
han secuestrado, robado ganado y demás materiales de valor, con mucha impunidad
siguen haciendo matanzas por solapamiento del actual gobierno corrupto.
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