Por Arturo González Celestino
Chilpancingo, Gro.- El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denuncio que el pasado 17 de enero del presente año, se cumplen cinco años de la masacre ocurrida en la comunidad de Mexcalcingo, municipio Chilapa de
Álvarez, donde diez músicos fueron brutalmente asesinados, torturados y calcinados por grupos criminales que operan en dicha región, quienes se dirigían a la comunidad de Alcozacán, para tocar en Tlayelpan como parte del grupo musical “Sensación”.
Los quejosos revelaron que esta masacre, no fue un hecho aislado, sino parte de una historia de violencia y exterminio sistemático que nuestros pueblos indígenas de Guerrero, han sufrido a manos de estos grupos narco-paramilitares que están coludidos y protegidos por los presidentes municipales de Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Chilpancingo, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Chilapa de Alvarez, Atlixtac, Zitlala, Acatepec, Ahuacotzingo, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Ayutla de Los Libres y Tecoanapa, que tienen controlados a los policías municipales, ministeriales, estatales, Ejército, Marina y Guardia Nacional, así como funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, cual sea el color del partido.
Cinco años después, seguimos sin justicia. La Fiscalía del Estado, no ha investigado
adecuadamente este crimen ni ha detenido a los responsables, a pesar de que conocen sus
identidades y los lugares en los que viven y operan. Los criminales y jefes de plazas, siguen libres, mientras la violencia continúa imparable en nuestra región. Balaceras, emboscadas, atentados, asaltos, extorsiones, desapariciones, cobro de piso, trata de personas y tortura son una constante rutinaria de todos los días en las comunidades opuestas, contra estos abusadores.
Las víctimas de este terror incluyen a defensores de derechos humanos, periodistas, transportistas, comerciantes, maestros, estudiantes, mujeres y niños. La droga ya ha invadido también las comunidades de la Montaña Alta, como Cochoapa, Metlatónoc, Tlapa y Olinalá, envenenando a nuestros hijos, mientras la ola de inseguridad sigue arrasando nuestros pueblos.
Los líderes de la CIPOG-EZ, denunciaron que en la Costa Chica, sus nuestros hermanos y hermanas afros e indígenas de San Luis Acatlán, Acapulco, Pinotepa Nacional y Marquelia, San Marcos, Las Vigas, sufren diariamente extorsiones, desapariciones, asesinatos y asaltos perpetrados por otros grupos narco-paramilitares. Los crímenes son constantes y las autoridades municipales los encubren. Ya no es seguro transitar por la
carretera. La presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en la zona es pura
simulación, ya que los narco-paramilitares, siguen operando libremente, controlando el territorio como si fueran los dueños. Todo esto lo sabemos bien en los pueblos de Guerrero. ¿Hasta cuándo dejaremos que nuestros pueblos sigan siendo aterrorizados por la violencia y limpunidad? ¿Hasta cuándo permitiremos que las autoridades sigan ignorando nuestro sufrimiento?
El ataque del 17 enero de 2020 no solo arrebató diez vidas, sino que dejó a ocho viudas y a 23 niños sin padres. Fue un acto diseñado para sembrar terror, para que dejáramos de
organizarnos como pueblos, abandonáramos la defensa de nuestros territorios, nuestros usos y costumbres, nuestro sistema de seguridad propia, y nuestro proyecto de autonomía, para que pudieran saquear nuestros territorios y despojarnos de lo que nuestros antepasados lucharon por preservar. Es por esto que el CIPOG-EZ y la CRAC-PF han sido blanco constante de estos grupos narco-paramilitares. Desde 2015, 63 de nuestros compañeros y
compañeras han sido asesinados y 22 han sido desaparecidos.
Ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda recorren nuestro estado de Guerrero y hablan de seguridad y justicia en sus ruedas de prensa, les decimos: ¿Cómo pueden hablar de justicia cuando no han resuelto ninguna de las injusticias que hemos sufrido? Más bien, han permitido que el terror y la violencia se
expanden en nuestro Estado. “Que sepan que nuestra demanda histórica como pueblos
indígenas y afrodescendientes no se paga con migajas, discursos y promesas vacías. Con
esas migajas no regresan nuestros hijos, padres, madres, hermanos y hermanas, que han sido asesinados o desaparecidos. Si quieren hablar de justicia, que lo hagan frente a los
niños que quedaron sin padres hace cinco años y que, hasta el día de hoy, siguen esperando que los asesinos enfrenten la justicia. Usted, presidenta, va y viene. Nosotros seguimos viviendo igual, atrapados en esta pesadilla que no cesa”.
Recordamos los nombres de los caídos, que fueron asesinados en este acto de cobardía. Ellos no eran sólo números; eran personas con sueños, hijos, padres, esposos, amigos:
1. José Julio Fiscaleño Hilario, 37 años, agricultor, papá de una niña.
2. Cándido Fiscaleño Hilario, 20 años, agricultor, papá de una niña.
3. Crescenciano Migueleño, 37 años, chofer, con dos hijos.
4. Israel Tolentino Ahuelican, 24 años, chofer, policía comunitario de la CRAC-PF.
5. Israel Mendoza Pasado, 15 años, estudiante, hijo único.
6. Regino Fiscaleño Chautla, 27 años, agricultor.
7. Antonio Mendoza Tolentino, 24 años, electricista, iba a ser papá.
8. Florentino Linares Jiménez, 32 años, sin hijos.
9. Juan Joaquín Ahuejote, 42 años, ingeniero de audio, con cuatro hijos.
10. Marcos Fiscaleño Baltazar, 36 años, agricultor, con seis hijos.
No olvidamos ni una sola vida. Exigimos justicia para nuestros compañeros asesinados en Mexcalcingo y para todas las víctimas de la violencia en nuestro estado. La confianza en el
gobierno se ha perdido; ya no creemos en sus promesas ni en su capacidad de protegernos.
Exigimos que la Fiscalía del Estado cumpla con su responsabilidad y procese a los culpables, tanto materiales como intelectuales, de estos crímenes. Es urgente desmantelar los grupos narco-paramilitares en Guerrero y en todo el país. Si las autoridades no pueden cumplir con su deber, que renuncien, porque ya no toleramos más mentiras, complicidad e impunidad.
Buscar justicia es buscar la verdad, y si el gobierno sigue negándose a hacer su trabajo, nosotros, los pueblos dignos, que no nos vendemos, tomaremos acción para buscar una solución de justicia y paz para nuestros pueblos.
Por ultimo hacen directamente responsable a la Presidenta de la Republica Claudia Sheinbaum Pardo y a la Gobernadora del Estado de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, por cualquier atentado contra los integrantes de las comunidades que conforman el CIPOG-EZ y la CRAC-PF y por toda la violencia que está pasando en Guerrero ya que se niegan a tener un diálogo con nuestros pueblos y ocultan la inseguridad que vivimos.
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