*Nos hemos convertido en zona de
Guerra
*Impera
la ley del más fuerte
Por
Emma Martínez y Bajo Palabra
Chilpancingo, Gro.- Hace poco más de un año, una
familia de cinco integrantes había planeado comprar un vehículo, hace meses lo
hicieron realidad, escogieron una camioneta y pagaron una parte de ésta por
medio de un préstamo a la caja popular de Chilapa.
Semanas más tarde de la
compra, un grupo de hombres armados levantaron al padre de familia, no
solamente robaron la camioneta, también lo raptaron a él. Su esposa y sus tres
hijos menores comenzaron la búsqueda y la denuncia con las autoridades, quienes
hicieron caso omiso al caso y a la exigencia de justicia.
Con el tiempo las deudas
comenzaron a acrecentarse, además que los reclamos y amenazas fueron cada vez
más frecuentes, principalmente por parte de quienes manejan la caja popular.
Las casas comerciales también exigían la liquidación, en forma urgente, de lo que
debía la familia.
Ante las presiones, y la
negativa de las autoridades por investigar el caso, la madre salió de Chilapa
hace unos días, llevándose consigo a su hijo mayor (de trece años). Ambos
fueron a Sinaloa, porque les dijeron que tendrán “un dinero asegurado” si
trabajan de jornaleros.
“En Chilapa las personas se
están yendo, principalmente las mujeres y sus hijos, no tienen otra manera de
vivir que escapar de las deudas y las amenazas, además de las extorsiones.
Recurrir a las autoridades ya no es opción, la solución es irse, buscar trabajo
en otro estado y desde ahí pagar las deudas, pero no volver, porque podemos ser
las siguientes o incluso nuestros hijos pueden ser reclutados porque saben de
quiénes son familia, lógicamente de desaparecidos”, asegura Lupita, quien tiene
una persona desaparecida y ha optado por comenzar a vender las pocas cosas que
tiene y su pequeña propiedad para migrar.
En este último año ha iniciado
la migración forzada de los familiares de varias víctimas de desaparición forzada.
Aseguran que no pueden seguir viviendo en un lugar donde se encuentran
expuestas y constantemente acosadas. “Debemos quedarnos y luchar por nuestros
seres queridos, pero no podemos aferrarnos, tenemos que huir para salvar las
vidas de quienes aún tienen vida. No somos crueles, pero es demasiada la
crueldad sobre quienes pedimos justicia y a comparación de otras familias, no
podemos buscar fosas y luego escavar, no es fácil, vivimos en un campo de
guerra y en medio de dos bandos, no tenemos para donde hacernos, si nos
atrevemos a hacer eso nos matan”, explica Lupita.
Por su parte, el vocero de un
grupo de familias de personas desaparecidas, José Díaz Navarro, comenta a Revolución
TRESPUNTOCERO que “los actos de crueldad y barbarie son constantes en Chilapa, las bandas
tienen el control de la comunidad. Como ejemplo, uno de los líderes
de los bandos es de esta zona. Todos lo conocemos, entonces si por casualidad
saludas a alguien que no es delincuente, pero que vive en zona donde el otro
grupo es el que domina, entonces van contra ti, o si uno de los contrarios
entra a la tienda de un civil también es atacado o incluso desaparecido”.
Así es como cualquier tipo de
situación es pretexto para desaparecerte o descuartizar a los civiles, son
mensajes que se envían entre bandos. “Cuando nosotros nos aseguramos que mis
hermanos que estaban desaparecidos habían sido identificados, fuimos a colocar
unas cruces al lugar de los hechos, pero llegaron unos tipos y nos amenazaron,
nos dijeron que eran los dueños del terreno y eso que es un área pública, es
una glorieta.
Nos destruyeron las bases de
las cruces, nos agredieron e intimidaron amenazándonos que iban a sacar armas.
Por eso es que nos hemos convertido en una zona de guerra, donde impera la ley
del más fuerte, porque existe un vacío de autoridad. Hay complicidad de las
autoridades, hay omisión y sumisión, es un caos”, puntualiza Díaz Navarro.
Además, explica que en
Chilapa, Guerrero “difícilmente vamos a ser escuchados, ya hemos recurrido a
todas las instancias de gobierno y nadie nos ha hecho caso. Todo esto ya lo
hemos denunciado, pero vamos a seguir insistiendo a otro nivel (internacional)
porque por esta vía no creemos que vayamos a ser escuchados y entendidos por
las mismas autoridades que no nos han ayudado en nada”.
El vocero asegura que no
visualizan a corto o mediano plazo una pausa en la violencia y caos que se vive
en la región. “No podemos escavar fosas clandestinas, porque estamos en medio
de dos fuegos, por un lado están las comunidades (zona norte), donde operan
‘los Rojos’ y los del sur, donde operan ‘los Ardillos’ y la zona de en medio es
Chilapa, y como no existe un control total de alguno de los dos bandos se sigue
en disputa y por ambos lados nos atacan. Así que no podemos entrar a ninguno de
los dos territorios, porque sin duda podríamos terminar igual o peor que nuestros
desaparecidos”.
A su vez da a conocer que
pocos son los que pueden salir de la región, “para muchos nuestra cárcel es
nuestra casa, si salgo llevo el riesgo de no poder regresar. Es por ello que
existen muchas viudas pero no lo saben, y siguen padeciendo la desaparición”,
afirma Díaz Navarro.
Como cada miércoles, Díaz
Navarro con un sin número de personas que han padecido los estragos de la
desaparición forzada se reúnen, para planear nuevas acciones en la búsqueda de
justicia, sin embargo hasta este momento no existe respuesta alguna por parte
de las autoridades, pese a las manifestaciones que han realizado.
“Si las autoridades solamente
se centran en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos no lo hace porque le
importe, sino porque están siendo observados y juzgados a nivel internacional,
como si fueran los únicos, aquí no hay casos únicos, aquí todos somos
importantes y una gran mayoría está siendo humillada al hacerla invisible”,
sentencia Antón.
En la agencia de Noticias “Bajo
Palabra”, muestran las imágenes del cuerpo de una mujer con su hija de siete
años recostada boca arriba, con el rostro cubierto de sangre, y su bebé de un
año desangrándose sobre su regazó recorrió el país – y el mundo – como noticia
y bandera de la violencia en México.
Entre las 175 personas asesinadas en Guerrero – de
acuerdo a un recuento de Bajo Palabra – desde el inicio de la estrategia de
seguridad impulsada por el gobierno federal y estatal desde el pasado 27 de
octubre, llama la atención el aumento de mujeres y menores de edad entre las
víctimas.
Las fotos de Rubi y Brayan, asesinados junto a su
madre en Chilapa tras un ataque que dejó seis muertos, el pasado nueve de
noviembre, también hicieron tambalear la supuesta estrategia de seguridad con
la que el gobierno federal reduciría los niveles de violencia en el estado.
Horas antes, un ataque en Cuajinicuilapa, Costa Chica
de Guerrero, había dejado 11 muertos, incluido Cristian Añorve de 12 años y
Jesús Cuevas de 15.
Al otro día, el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong – quien probablemente miró las fotos de Rubi y su hermano –
rompió en justificaciones ante la falta de resultados de la estrategia de
seguridad federal en el estado y culpó a los ex gobernadores Ángel Aguirre y
Rogelio Ortega de la violencia.
“Se los dijimos a sus secretarios de seguridad, tenían
que formar sus propias instituciones. Hoy son las consecuencias las que se
están sufriendo en Guerrero”, afirmó el funcionario federal, quien había
esperado hasta la toma de protesta del priísta Héctor Astudillo como gobernador
para anunciar la nueva estrategia.
Tras los ataques terroristas en París y la aparición
del hashtag PrayForParis(rezar
por París); en México y Guerrero la foto de los dos menores y su madre fue
reproducida miles de veces en Internet, como respuesta, con el equivalente PrayForMéxico
y #PrayForGuerrero.
Desde entonces, ya sea como parte de un
recrudecimiento de la violencia o como “hechos aislados” – según el típico
vocabulario político – los menores de edad se han vuelto víctimas recurrentes
de la violencia.
Un bebé de un año murió en la colonia La Sabana de
Acapulco; junto a sus padres, había sido atacado en la madrugada por un hombre
que intentó asaltarlos y terminó disparándoles.
La madre murió en el asiento de copiloto; su bebé y su
esposo quedaron heridos, pero el pequeño murió horas después en el hospital
general de Renacimiento.
Asimismo, en la comunidad de Xochipala, municipio de
Zumpango, una niña fue herida durante un enfrentamiento que dejó a un hombre
muerto.
En otro hecho, Luis Bernabé, un adolescente de 14
años, fue asesinado en un barrio de la colonia Centro de Acapulco.
Y un día antes, por la mañana, una combi del servicio
de transporte público de Chilapa fue atacado por hombres armados a la altura de
la comunidad de Atzacualoya.
El ataque dejó cuatro muertos y tres lesionados,
incluida una niña de cuatro años que permaneció varias horas como desaparecida
y que después fue reportada en el hospital en el que atendían sus heridas.
Después de esa masacre, el gobernador de Guerrero se
deshizo en lamentaciones y hasta pareció echar abajo su promesa a serranos de
enviar cinco grupos de 30 agentes – 10 de la Policía Federal, 10 de la Estatal
y 10 de la Marina – a puntos clave de cuatro municipios de la Sierra.
“El gobernador está consciente y voy a decir cuál es
mi visión de lo que ha pasado en los últimos días”, dijo en un discurso ante
empresarios, “no podemos y no puede el gobernador dejar de reconocer que yo no
soy el secretario de la Defensa Nacional, ni soy el secretario de la Marina (…)
no puedo dar órdenes al Ejército nacional, ni a la Marina”.
Los antecedentes
El asesinato de niños en ataques aparentemente
relacionados con el crimen organizado no es nuevo; en marzo de 2011, cuando la
entidad ya estaba sumida en la violencia, un grupo de hombres armados rafageó
una casa de la colonia Simón Bolívar de Acapulco.
Sus víctimas: una anciana de 70 años, que quedó sin
vida mientras intentaba proteger con su cuerpo a sus nietos de dos y siete
años, quienes también murieron. El ataque dejó herida a la madre de los niños y
a su bebé de tres meses. Eran las ocho y media de la mañana.
Otro ataque sucedió en marzo de 2014, en la comunidad
de Paso Limonero del mismo puerto; por la tarde, fueron hallados los cuerpos de
tres mujeres y una niña de siete años; además, una de nueve años quedó herida y
un bebé de un año quedó ileso.
Uno más que generó repudió fue la noche del del 23 de
octubre de este año, cuando todavía estaba Rogelio Ortega como gobernador.
Ya gobernaba el alcalde Evodio Velázquez en Acapulco y
faltaban cuatro días para la toma de posesión de Astudillo Flores y del inició
de su estrategia de seguridad conjunta con la Federación.
Dos mujeres y una niña estaban por ingresar a su
hogar, en la colonia Potrerillo de Acapulco, cuando un grupo de hombres armados
las atacó a balazos.
Las tres murieron, y la menor, de cuatro años de edad,
según medios, tenía un certero disparo en la frente.
