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Fernando Hinterholzer Diestel
“En memoria de mi querido hijo Enrique Hinterholzer Rodríguez asesinado cruelmente el pasado 23 de septiembre, en Chilpancingo, la narco-capital de Guerrero”.
En qué clase de país nos hemos convertido en menos de dos décadas, en uno donde la muerte es cotidiana, impera la corrupción y la impunidad y el gobierno y sus instituciones, son un fracaso rotundo o cómplices del crimen organizado (CO). Cómo llegamos a convertimos en esta colectividad que acepta y se entrega al terror, a la indiferencia; a la estulticia de sus gobernantes, causándonos un irreparable daño social. En México, hoy en día, no hay población con mayor riesgo, que los jóvenes menores de 30 años. Cada día asesinan y desaparecen a jóvenes de este rango de edad ante el completo desdén de las autoridades, y solamente cuando el caso se vuelve mediático, es cuando el gobierno presta atención al asunto. En el país sufrimos de una grave crisis que representa el homicidio sistemático de la población de entre 15 y 29 años. En lo que va del gobierno de la 4T, han fallecido 50 mil 449 jóvenes víctimas de la violencia y de la omisión gubernamental. Esta cifra, por desgracia, se incrementa diariamente con 26 nuevos casos, de acuerdo a cifras del Observatorio de Seguridad Pública. Las muestras claras de la inestabilidad e inseguridad que se vive en varias partes del país son escandalosas e indignantes. Aquí no podemos decir estupideces pueriles e irresponsables “de que se trata de propaganda”, y que son irresponsables declaraciones utilizadas para dañar al “Tlatoani mayor”. Los comunicados oficiales carecen de veracidad, como la que recientemente menciono el presidente hace unos días, minimizando la marcha del Cártel de Sinaloa por San Gregorio Chanic, municipio de Frontera Comalapa, y donde los lugareños aplaudieron a los sicarios como si fueran héroes.
Lamentablemente, los hechos violentos no ocurren solamente en Chiapas y Guerrero sino en toda la geografía nacional. Hace unas semanas, se publicó el reporte de agosto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “donde si bien en lo general se registró un descenso en la incidencia delictiva de 3 por ciento, los delitos de alto impacto como homicidio doloso, robo y extorsiones tuvieron un alza en 17 estados, donde Tamaulipas, Zacatecas y Tabasco vieron un incremento de 52, 47 y 41 por ciento en comparación con julio. Los homicidios dolosos y los feminicidios tuvieron un alza en 14 estados, donde Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Morelos, Querétaro y Quintana Roo tuvieron incrementos de 20 a 38 por ciento”. El CO, los cárteles, y bandas relacionadas a esos grupos mayores o que operan de manera independiente ya controlan sistemas productivos especialmente en Michoacán y Guerrero (la llamada Tierra Caliente), en distintos giros como el de la construcción, las extorsiones y cobros de piso, suceden cotidianamente como en Quintana Roo y en zonas populares de CDMX, y tienen copados y aterrorizados al transporte público y a los sectores comercial y minero. Si uno se pregunta de quién gobierna en 60% de muchas regiones de país, la respuesta es: los criminales. La violencia extrema “se han vuelto algo muy normal” en nuestro país. Mientras el gobierno federal nos trata de engañar con “sus chafas estadísticas” que, interpretadas muy a su modo, les permiten crear un escenario triunfalista, la realidad los desmiente día a día. Existen una diversidad muy amplia de audiovisuales que dan muestra que la barbarie y la muerte nos envuelven cada vez más, que nuestro Guerrero apeste a muerte” que acecha a quienes van ir a trabajar, o disfrutar de sus familias en casa o de quienes sólo querían divertirse, en un restaurante o un bar. Son esas sombras mal que vigilan provocando un momentáneo y horroroso espectáculo que paraliza a la sociedad.
Cuándo actuaremos como una sociedad civil responsable, dejemos de aceptar las mamarrachadas de culpar a los gobiernos anteriores. Hagamos mejor el esfuerzo de culpar y responsabilizar a las burocracia dorada de la 4T por todos los hechos acaecidos en las últimas semanas: el obispo de Chilpancingo ha denunciado varias veces la protección que el gobierno de Guerrero brinda a Los Tlacos, y achacó a la relación de funcionarios de muy alto nivel con este grupo criminal, lo que genero la reacción violenta de Los Ardillos, con la Toma de Chilpancingo, hecho inédito a nivel nacional, que ha derivado en la crisis de inseguridad que se vive actualmente en Chilpancingo. La pugna entre el Cártel de los Ardillos y los Tlacos, la de los Tlacos contra la Familia Michoacana de los hermanos Olascoaga en Tierra Caliente; mueren más periodistas más asesinados en Guerrero, hace unas semanas, ejecutan al Delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García, y al teniente coronel del Ejército, Víctor Manuel Salas Cuadras, quien era fiscal regional en Tierra Caliente; en Chilpancingo, la narco-alcaldesa de Chilpancingo, hace cuentas después de haber vendido la plaza a “Los Ardillos”, mientras continúan ejecutando a choferes de taxis y urbans; encuentran fosa clandestina en el cerro del Veladero en Acapulco; cuerpos desmembrados en las principales arterias de la capital; asesinan al ex comisionado estatal de atención a víctimas, también en un bar de Chilpancingo, Enrique Hinterholzer Rodríguez. Un experto en derecho constitucional, afirma que “un Estado fallido es aquel que no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos a la población, como es la seguridad”. Acaso lo que estamos viviendo no debería calificarse como un Estado fallido. Con la violencia brutal e indiscriminada ES CUANTO
ADENDDUM: está comprobado que el gobierno de Guerrero no puede con el paquete de la inseguridad como muchos en el país. La pregunta es si no pueden por qué no renuncian, respuesta obvia, hay tantos intereses y negocios que no se puede. Que nos parta un rayo a los ciudadanos.
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