*Gold
Corp, propietaria de la millonaria veta de oro localizada en Los Filos-El
Bermejal de Zumpango
Por
Arturo González Celestino
Chilpancingo,
Gro.- Las empresas mineras en el estado de Guerrero, forman parte del aparato
represivo, inciden en la política gubernamental para mantener a raya a las
diferentes organizaciones sociales y campesinas, que exigen cuantiosas ganancias derivadas de la explotación de sus
tierras.
Pero
además, las empresas mineras, “financian” mediante lo que ellos llaman
extorsión a poderosos grupos del crimen organizado, entre los que encontramos a
los “Guerreros Unidos”, una organización narco de tinta paramilitar,
responsable junto con el ejército mexicano de la desaparición de los 43 estudiante
normalistas de Ayotzinapa.
A
pesar de que las mineras son una fuente de trabajo para los pobladores de los
municipios de Arcelia, Cocula y Eduardo Neri, así como de sus comunidades donde
se encuentran los yacimientos, también forman parte del enriquecimiento ilícito
del crimen organizado que obtiene jugosas ganancias gracias a la extorsión a
esas empresas, delito que jamás es denunciado, pasando a formar parte de una
fuente inagotable de recursos del narco.
La
empresa canadiense GoldCorp, propietaria de la millonaria veta de oro
localizada en Los Filos-El Bermejal, del municipio de Zumpango, no ha
denunciado abiertamente los casos de extorsión y los asesinatos de sus
trabajadores, convirtiéndose en una fuente de financiamiento de diferentes
grupos del crimen organizado, quienes obtienen por año cerca de 326 millones de
dólares por año.
Estos
grupos mantienen sujetos a extorsión a todos los empleados de la mina que
reciben u obtienen recursos derivados de la explotación de la mina.
Los
dueños de esta multinacional, ha dejado en el abandono y la miseria a los
cientos de trabajadores, ya que muchos de ellos han caído víctima del crimen
organizado.
El
caso más sonado fue el de tres trabajadores que fueron levantados por miembros
de la banda de “Guerreros Unidos”, y que fueron encontrados asesinados días
después. La empresa GoldCorp, se deslindó de sus trabajadores alegando que este
incidente había ocurrido en un lugar lejano del lugar en donde se encuentra la
mina.
Los
grupos criminales son los que inciden en la política de las mineras, a cambio
de dinero el crimen organizado les brinda protección, además de que se vuelven
su brazo ejecutor para eliminar a sus opositores, Esa es la gran historia en
Latinoamérica desde hace ya muchos años.
Las
mineras entrega millones de pesos a grupos del crimen organizado,
principalmente a los de Guerreros Unidos, implicados junto al ejército mexicano
en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Versiones
indican que sus cuerpos fueron desaparecidos en una de las minas que
extorsionan los miembros del cártel más protegido por las autoridades mexicanas
en Guerrero.
A
pesar de que las empresas que extraen las riquezas de suelo guerrerense,
siempre han preferido pagar las extorsiones a miembros del crimen organizado
para que las dejen trabajar a principios del año pasado, la mina de
Carrizalillo, denunció que había estado sujeta a presiones del crimen para que
entregaran varios millones de pesos a cambio de que los dejaran trabajar.
Pero,
para ello el crimen organizado ha tenido que aterrorizar mediante los
asesinatos, las desapariciones y las amenazas a los pobladores con la finalidad
de quedarse con los millones de pesos producto de la extorsión, como lo es el
caso de la comunidad de Carrizalillo.
De
acuerdo con información de la Jornada, “La mina de la empresa canadiense
Goldcorp, que produjo el año pasado unas 7.3 toneladas de oro, está en los
límites de Mezcala y Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri del estado
de Guerrero.
También
informaba ese mismo medio informativo que debido a ello, en fechas recientes
“Peritos de la fiscalía general confirmaron la semana pasada el hallazgo de
cinco cuerpos en tres fosas clandestinas ubicadas en un cerro cerca de
Carrizalillo con presuntas víctimas de la violencia de grupos armados”.
Frente
a la posibilidad de que la Suprema Corte analizara una Ley Minera que en años
recientes se ha invocado para despojar a comunidades indígenas y campesinas por
todo el territorio nacional, diversos actores han buscado obstaculizar los
esfuerzos de la comunidad indígena para proteger su territorio. Por ejemplo, la
propia Cámara de Minería buscó que el máximo Tribunal negara el amparo y
protección a la comunidad indígena, cuestionando incluso que la consulta fuera
necesaria antes de otorgar de concesiones mineras.
Hay
que precisar que los municipios de Eduardo Neri, Cocula y Arcelia tienen más
coincidencias que la inseguridad.
A
estos ejidos de los tres municipios en los que se asentaron mineras, los
hermana el río Balsas y el denominado Cinturón de oro, localizado a su ribera;
también los índices de violencia.
Guerrero
es uno de los estados más violento del país. El Índice de Paz México 2015,
elaborado por expertos de Institute of Economics and Peace, arrojó que es la
entidad más insegura. Tiene una tasa de homicidios de 44 por cien mil
habitantes y una tasa de delitos violentos y de delincuencia organizada por
encima de la media nacional.
En
la carretera federal México-Acapulco, se encuentra el puente Mezcala, que
resulta emblemático por dos cosas: divide los municipios de Eduardo Neri (zona
Centro) y Tepecoacuilco (zona Norte), y también la influencia de dos grupos de
narcotráfico, según el mapeo de la PGR: Los Rojos (Beltrán Leyva) y Guerreros
Unidos (La Familia Michoacana).
En
Tierra Caliente, la PGR sitúa una influencia de La Familia Michoacana y los
Caballeros Templarios.
En
Carrizalillo que miembros del narcotráfico extorsionan a los ejidatarios que
rentan sus tierras a la minera. Los familiares de los tres muchachos que recién
se mudaron a Iguala por las extorsiones que les hacían en Carrizalillo,
denunciaron que Los Rojos eran los responsables.
Los
Rojos impusieron una tarifa anual de cobro de piso, ya conocida entre los
habitantes de Carrizalillo: 100 mil pesos a cada uno de los ejidatarios y de 40
mil pesos por cada uno de los 800 trabajadores de la mina. En el caso de los
ejidatarios, cada año reciben el arrendamiento de sus tierras, y los
trabajadores, el pago de utilidades.
En
Carrizalillo, Guerrero, gran parte de sus mil habitantes obtienen ingresos por
el arriendo de sus tierras a Goldcorp o trabajando en sus enormes
instalaciones, donde entre 2012 y 2014 se produjeron 931 mil 500 onzas de oro.
Carrizalillo
no es el único pueblo que ha quedado preso de la voracidad de la delincuencia
organizada, que en la región también controla amplios sembradíos de amapola,
una planta de la cual se extrae una resina para fabricar heroína.
Habitantes
de pueblos vecinos como Amatitlán y Tenantla, algunos de los cuales también
trabajan en las minas, denunciaron que vivieron el año pasado secuestrados por
meses por sicarios incluso, que un niño murió al no poder ser trasladado a un
centro de salud, hasta que las detenciones por el sonado caso de los
estudiantes debilitaron al cártel.
