*Población
nahua de comunidades pobres son los que cosechan la droga
Por Arturo
de Dios Palma/Bajo Palabra
Chilapa de
Álvarez, Gro.- No tiene más de un año
cuando la muerte entró a Zitlala. Desde la noche del 10 de agosto en la
comunidad de Tlaltempanapa todo cambió. Los niños dejaron de ir a las aulas,
los transportistas abandonaron sus rutas, los comerciantes sus ventas y, en
general, para el pueblo la tranquilidad se esfumó. Tlaltempanapa es una trinchera.
Los pobladores decidieron armarse y cuidar ellos mismos su pueblo.
Los caminos y las entradas son vigiladas y cuando un
grupo de vecinos tiene que salir lo hacen escoltados por los vigilantes de la
comunidad. Los profesores de la primarias bilingües Ignacio Allende y Benito
Juárez, así como los de la telesecundaria José Vasconcelos no se paran por ahí:
temen convertirse en un saldo de la violencia. El centro de salud está cerrado
y sus pobladores tienen que recibir atención médica hasta la cabecera municipal.
Esa noche del 10 agosto, Ardillos y Rojos,
se enfrentaron por todo el pueblo para imponerse. Desde entonces los pobladores
han denunciado que un grupo criminal los amenaza.
Tlaltempanapa es una comunidad con unos mil 500
pobladores, todos indígenas nahuas. Se ubica geográficamente a unos 15 minutos
de la cabecera municipal, Zitlala. Hasta hace 10 años su principal actividad
económica era la misma que en todas las demás comunidades de la región: la
siembra de maíz, frijol, calabaza. La mayor parte de lo que cosechaban era para
su consumo. Lo poco que lograban comerciar era insuficiente para vivir. Así que
decidieron cambiar. Comenzaron a sembrar mariguana y últimamente amapola.
Por octubre y noviembre el cerro Cabeza de
tigre se mira rojo: lleno de la flor de amapola. Tan sólo en 2.5 hectáreas
se pueden contabilizar unas 30 mil plantas, como lo informó en octubre la
Policía Federal cuando destruyó un plantío.
La amapola se convirtió en el nuevo motor económico
del pueblo, pero al mismo tiempo en su condena.
La producción de la mariguana y la amapola tenía
exclusividad: era vendida únicamente a Los
Rojos, que mantenían el control de la región. La relativa estabilidad
terminó tan pronto empezaron a disputarse el territorio.
La lucha inició en Chilapa. De julio de 2014 hasta
mayo de 2015. Durante más de año las balaceras, los asesinatos, las
desapariciones, cada vez se volvieron más frecuentes. En mayo, la incursión de
unos 300 civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa dejó ver la
intensidad de esta guerra.
La tarde del 9 de mayo de golpe llegaron unos 300
hombres armados en decenas de camionetas a la ciudad. Se apoderaron de la
Secretaría de Seguridad Pública y a los policías municipales les quitaron sus
armas y algunas camionetas.
En el bulevar instalaron un reten donde registraron
taxis, urvan, carros particulares y además de comercios y bares. Durante los
siguientes cinco días (del 9 al 14) tomaron el control de la ciudad. Todo a la
vista del Ejército, la Gendarmería y la Policía Estatal.
En esos días, el ambiente fue turbio, el comercio no
abrió en su totalidad y las jornadas laborales concluían antes de que cayera el
sol. Las escuelas de plano cerraron.
Los civiles armados informaron que provenían de 16
comunidades de Chilapa. Casi todas ubicadas en la franja donde se concentraba
la disputa entre Rojos yArdillos. Se autodenominaron
comunitarios.
El origen de los civiles armados siempre estuvo bajo
sospecha. Desde el inicio se les relacionó con Los Ardillos. Una de las
razones, su lugar de procedencia: El Jagüey, San Ángel, Ayahualulco,
Xiloxuchicán, comunidades que están bajo el control de ese grupo delictivo. La
sospecha mayor surgió cuando comenzaron las desapariciones. Se consolidó cuando
se fueron: se retiraron sin entregar a los detenidos.
A partir de ahí se vino la crisis de los
desaparecidos. Chilapa se volvió el foco de atención de los medios de
comunicación y algunos gobernantes. Llegaron a ese municipio cientos de
policías estatales, federales y militares para contener la disputa, que lograron
en parte pero comenzó en Zitlala, esa noche de agosto.
Chilapa, Ahuacuotzingo, José Joaquín Herrera, Zitlala
y Atlixtac municipios que integran la puerta a la Montaña son una zona vasta en
recursos naturales: bosques, mantos acuíferos, minerales y una gran superficie
de tierra fértil para el maíz, la calabaza, las moras, las piñas, las lechugas,
los rábanos, los jitomates, los ajos y las cebollas. Fértil, también, para el
maguey, la mariguana y la amapola.
En estos cinco municipios la población nahua prevalece.
Muchos de ellos son campesinos que tienen como principal actividad la
agricultura que apenas les resuelve el asunto de la alimentación. Tienen
tierras pero no las pueden hacer producir como quisieran. Lo que siembran y
pueden cosechar lo utilizan de forma prioritaria para el autoconsumo. El
excedente lo venden a granel en las banquetas de las ciudades cercanas. Son
comunidades pobres.
La mayoría de la superficie de esta región es rural.
En las cabeceras municipales es donde la urbanización apenas comienza a
aparecer de forma desordenada.
Esta zona es una espacio estratégico para la siembra y
trasiego de droga. Las conexiones entre cada municipio son caminos rurales
intrincados y poco vigilados. Pero también conecta con otras regiones. Chilapa,
el más grande en territorio y población, conecta con los municipios de Tixtla,
Quechultenango, de la región Centro, y con el municipio de Acatepec en la
región de la Montaña. Su principal carretera lleva a Tlapa y Tlapa conecta con
Puebla.
Ahuacoutzingo conecta Copalillo, en la región Norte y
con Olinalá de la Montaña. También una de las carreteras de este municipio que
entronca con Olinalá lleva al poblado de Paso Morelos que acerca al estado de
Morelos y a la Ciudad de México.
Zitlala, es el más pequeño en población y hasta en
presupuesto, comparte límites con Apango, en la región Centro y, con Copalillo
en la región Norte y, por supuesto, con Chilapa.
José Joaquín Herrera hace límites con Quechultenango,
en la parte alta de ambos municipios y, además, colinda con Acatepec.
Mientras que Atlixtac colinda con Tlapa, Zapotitlán
Tablas y Acatepec, todos en la región de la Montaña alta. Todo este territorio
está en disputa. La disputa no se reduce a los enfrentamientos en los caminos
de esta localidades, también se representan en el control de ellas.
Por ejemplo, la noche del 8 de febrero de 2015 la
Policía comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) que se conformó en Chilapa, José Joaquín Herrera y Zitlala,
entró a la comunidad de San Jerónimo Palantla y se enfrentó a balazos con sus
pobladores.
Según comunitarios llegaron esa noche a San Jerónimo
para negociar la liberación de sus dos compañeros, Isaac Xochitempa y Rufino
Orgín. Ambos estaban detenidos por órdenes del comisario municipal, Alfonso
Orgín Calvario.
La detención de los comunitarios de San Jerónimo fue
una respuesta del comisario por haber aprehendido a Antonio Bolaños Calvario,
quien según la Policía comunitaria amenazó a una mujer de la misma comunidad de
muerte. Pero también, está la versión de que detuvieron a Bolaños Calvario
porque lo encontraron en el cultivo de amapola.
“En el fondo de estos hechos (el enfrentamiento) se
encuentra el control sobre la siembra y cultivo de droga, además de la
introducción y venta de armas por parte de estas personas integrantes del grupo
delictivo de Los Rojos que actualmente operan en el corredor
Chilpancingo, Tixtla, Chilapa y Tlapa con la total complacencia de las
autoridades gubernamentales”, dijo la CRAC el mismo día en que ofreció la
conferencia de prensa en Ayahualtempa como para despejar dudas.
Esta historia se repite ahora en Tlaltempanapa,
Zitlala.
A mediados de octubre fue la última vez que los 20
profesores de las escuelas primarias Ignacio Allende y Benito Juárez, así como
los de la telesecundaria José Vasconcelos se presentaron a dar clases. No hay
condiciones, repiten cada vez que se reúnen en la cabecera municipal con
autoridades educativas y funcionarios del gobierno municipal.
Para garantizar su presencia en la comunidad, los
profesores han propuesto que en los viajes de la cabecera municipal a la
comunidad los hagan resguardados por el Ejército o la Policía Federal para
evitar un ataque. La posibilidad hasta ahora no se ha concretado y los 400
niños de estos tres planteles continúan sin clases.
El temor de los profesores es fundado: en los últimos
meses los caminos a las comunidades rurales se ha convertido en un tiradero los
grupos criminales. Por ejemplo, el 11 de noviembre fue hallado en la brecha que
conduce a la comunidad de Quetzalcoatlán, Jacinto Gasparillo Pineda, padre del
ex director de Seguridad Pública de Zitlala, Jacinto Gasparillo Martínez. En
esos mismo caminos, el 21 de diciembre fue asesinado a tiros el director de
Tránsito, Filiberto Corraltitlán Yectli. En los caminos rurales de Zitlala han
aparecido cuerpos cercenados, calcinados o degollados.
Pero lo que detonó la salida de los profesores fue
cuando a finales de septiembre un grupo del crimen organizado entró a
Tlaltempanapa y se llevó a 12 hombres, la mayoría jóvenes.
De esto, los pobladores de Tlaltempanapa dieron
cuenta. Unos 200, entre hombre y mujeres, se trasladaron hasta la delegación de
la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo para interponer
una denuncia por la desaparición de las 12 personas y para señalar directamente
a Los Rojos.
En esa ocasión, acusaron a funcionarios del gobierno
de Zitlala de estar vinculados con Los
Rojos, como al entonces director de Tránsito, Filiberto Corraltitlán
Yectli.
Además, acusaron al oficial de la policía estatal,
Juan Suástegui Epifanio, de reunirse con el líder de Los Rojos en la región. Por esa acusación y por
el malestar que provocó su actuación durante la irrupción de los civiles
armados en mayo entre los familiares de los desaparecidos, el oficial de la
Policía estatal fue cesado como secretario de Seguridad Pública de Chilapa en
diciembre pasado por órdenes del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Todo lo que pasa en Tlaltempanapa lo saben en el
gobierno federal, estatal y, por supuesto, municipal.
El 6 de enero un comando armado entró a la comunidad
de Quetzacoatlan y masacró a una familia. Murieron seis personas y medio pueblo
tuvo que salir. Desde ese día en Zitlala el despliegue militar-policiaco se
hizo presente. ¿Qué pasará cuando se retiren los militares y los policías? ¿Los
cuidaran los 14 policía municipales que aún quedan?
