A LA GOBERNADORA EVELYN SALGADO PINEDA
A LOS ALCALDES DE CHILPANCINGO Y TAXCO, GUSTAVO ALARCÓN HERRERA Y JUAN ANDRÉS VEGA
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA SOCIEDAD EN GENERAL
La violencia criminal se acentuó en los últimos meses en Chilpancingo y otros municipios del estado de Guerrero, como periodistas vemos con preocupación que las autoridades municipales y estatales le apuestan a una política de silencio, lo que incluye un bloqueo hasta en el ejercicio esencial del comunicador por recabar información.
El viernes 22 de noviembre, nuestra colega Alina Navarrete Fernández, reportera del periódico El Sur, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la agresión de los escoltas del alcalde Gustavo Alarcón Herrera en su contra, ocurrida el pasado 15 de noviembre cuando, junto a otros comunicadores, intentaban entrevistar al primer edil, en particular, sobre el nuevo encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Desde el Ayuntamiento se difundieron detalles del acto público que encabezaría el alcalde esa mañana en el Zócalo de la capital, en una clara intención de convocar a los reporteros para que le dieran cobertura, lo que resultaba oportuno por todos los temas de interés público alrededor del gobierno municipal, aspectos de los que están pendientes los periodistas como parte de sus funciones de informar a la ciudadanía.
Nos llama la atención que el alcalde en ningún momento se negó a contestar las preguntas de los periodistas, pero los escoltas le impidieron detenerse y lo alejaron, mientras repartían empujones entre los comunicadores y algunos manotazos que alcanzaron al equipo de nuestra colega Alina Navarrete. A la distancia, el alcalde siguió respondiendo.
Por otra parte, en el municipio de Taxco de Alarcón, los reporteros Alejandro Gómez del Diario 21 y El Sol de Chilpancingo, Raymundo Ruíz del periódico El Guerrero y Marco Toledo del portal N3 denunciaron agresiones y amenazas por parte de un escolta de la síndica Liliana Rodríguez Burgos.
Nuestro colega Alejandro Gómez contó que el incidente se registró el pasado 22 de noviembre, dentro de la Parroquia de la Santa Prisca, donde el guardaespaldas de la síndica apuntó a los reporteros con el dedo, por lo que se acercó para saber el motivo del señalamiento.
En lugar de dar respuestas, el escolta le arrebató su teléfono y se alejó de los reporteros, quienes lo siguieron y exigieron de vuelta el equipo de nuestro colega. El hombre devolvió el celular por la presión que ejercieron los comunicadores, afirmando que “no necesito su teléfono, tengo para comprarme muchos”.
Los intentos por bloquear el ejercicio periodístico no son nuevos ni privativos de colaboradores de los actuales gobiernos municipales, es una estrategia notoria también del gobierno del estado.
Desde el inicio de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es casi imposible que los periodistas la aborden para una entrevista aun en actos públicos; los obstáculos son los cercos físicos a su alrededor, dispuestos como delimitadas áreas de prensa, o los colaboradores que la rodean.
Esto en cuanto hace al papel de la gobernadora, pero el mismo silencio aplica con la mayoría de los secretarios y colaboradores del primer círculo de su gobierno, lo que dificulta acceder a la información que es de carácter público.
Por todo esto, creemos que existe una clara intención de las autoridades actuales de emplear una política de silencio que, a su vez, impide la libertad de prensa. En algunos casos de manera más clara y agresiva, como los escoltas del alcalde de Chilpancingo y la síndica de Taxco que de manera evidente impidieron que los periodistas hicieran su función, lo que no solo tiene efectos para el gremio periodístico, también para la sociedad receptora de la información que construyen los periodistas.
La labor periodística tiene esa función y propósito social, mantener informada a la ciudadanía, y en ese aspecto estriba la importancia de que los periodistas tengan garantizadas las condiciones para informar.
Como gremio, conscientes de la función social que desempeñamos, exigimos al gobierno municipal y estatal respetar nuestra labor periodística y garantizar el derecho ciudadano de la libertad de expresión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario