*La
zozobra de maestros, médicos, burócratas, empresarios secuestrados y asesinados
Por
Arturo González/Fotos José Luis de la Cruz
Chilpancingo,
Gro.- El Mando único anunciado con bombo y platillo en fechas pasadas por las diferentes esferas de gobierno, ha
resultado un autentico fracaso debido principalmente a que se ha privilegiado
la aplicación de mecanismos para controlar a la población inconforme, y no para
resolver el creciente problema que está dando como resultado el asesinato de
miles de personas a lo largo y ancho del país, convirtiendo al Puerto de
Acapulco, como la ciudad más insegura.
Pero
también el Padre Solalinde, ya denunció en uno de sus tantas intervenciones,
que el objetivo del Estado, es generar miedo entre la población para poder
consolidar las reformas políticas que están destruyendo el bienestar de la
población y llenado los bolsillos de las transnacionales y de los políticos vividores
y corruptos.
A
pesar de que hubo un endurecimiento de la política policía en momentos en que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación asintió que la participación del
ejército y la Marina, en tareas de seguridad no violan la Constitución, los
cambios no se han visto en lo absoluto.
Los
delitos como la trata de personas, el secuestro, la desaparición forzada –en
algunos casos para extraerle los órganos a los desaparecidos trátese de niños o
adultos, las violaciones, los asaltos, las extorsiones, han ido a la alza.
La
entidad guerrerense está al borde del colapso.
La
única esperanza que se observaba en el horizonte era el surgimiento de las
policías comunitarias, pero el gobierno federal y estatal han hecho hasta lo
imposible para destruirlas, y para ello han destinado importantes sumas
millonarias para repartirlas entre los líderes y comisarios de las comunidades
para provocar una división, que ha dado como resultado una treintena de
asesinatos de elementos de esa corporación a manos de fuerzas oscuras y de sus
mismos compañeros.
El
estado de guerrero está pasando por un proceso de inseguridad muy alta, la
población vive con un miedo constante por salir a las calles, el ciudadano ya
no tiene la libertad de salir a divertirse con su familia ni mucho menos el
derecho de mandar a sus hijos a la escuela, nuestros maestros han sido
hostigados, amenazados, secuestrados y hasta asesinados, pero no ha sido el
único gremio afectado, también los médicos, burócratas, abogados y los mismos
encargados de la seguridad pública.
Anuncio
presidencial
El
Presidente de la República en la víspera de la firma del Mando Único, señalaba
determinante que “En México, debemos fortalecer nuestro pacto social, reforzar
la confianza en el gobierno, alentar la participación en la vida democrática y
reducir los índices de inseguridad. Aspiramos a una sociedad en donde todas las
personas puedan ejercer plenamente sus derechos, que participen activamente y
cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia plena; y que, por lo
mismo, ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad”. Era sólo
arrogancia, los muertos se siguen esparciendo por doquier, los levantados
aumentan en un gran número, cientos de mujeres son secuestradas para
prostituirlas, la economía va en picada, la sociedad entera está desesperada.
El
gobierno federal por medio del Presidente del Senado de la República, Roberto
Gil Zuarth, se ha justificado que en el caso de Veracruz, el modelo de Mando
Único y Policía Acreditable en Veracruz, ha fracasado porque los elementos se
corrompieron y fueron infiltrados por la delincuencia organizada.
En
Guerrero la situación es similar y los alcaldes, el propio gobernador, y el
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tienen mucha culpa tras no dar
los resultados que se esperaban con el “Mando Único”. Ahora plantean una Policía de Proximidad, cuando la solución es
Juzgar y castigar a quienes han violado los derechos de los gobernados, pero
aquí se les da patente de legalidad, como es el caso del ex alcalde de Acapulco,
Manuel Añorve Baños y de otros tantos alcaldes y políticos que han hecho uso
del presupuesto público a su antojo, que han saqueado los recursos federales,
que han sido financiados por el crimen organizado y ahora dirigen los destinos
de la entidad.
Ha
existido involucramiento del grupo delictivo Guerreros Unidos en Iguala, y los
casos de soborno en Michoacán, donde el grupo delictivo Los Caballeros
Templarios se apropiaba de 30% del presupuesto anual de obra pública de los
municipios, como lo denunció en un artículo el profesor asociado de Ciencia
Política en la Universidad de Notre Dame, Guillermo Trejo.
El
crimen organizado es quien manda en los municipios, han incrustado sicarios en
las policías municipales y estatales; cuentan con elementos dentro de la
policía estatal y federal, además de que también tienen alianza con mando del
ejército.
Trejo
asintió que “los grupos criminales empezaron por doblegar a las autoridades
locales. Mediante el soborno o la coerción, fueron subordinando a los
presidentes municipales en las zonas de conflicto. Aunque en el imaginario
nacional está más presente el soborno y la corrupción de los alcaldes, hay
también una larga lista de autoridades municipales, candidatos y activistas
políticos locales que han sufrido atentados o han sido asesinados por el crimen
organizado”.
El
Modelo de Mando Único Policial no garantiza, ni ha probado su eficacia para
desterrar las prácticas corruptas de las policías estatales, no es el objetivo,
no existe la menor intención, porque el secuestro y el narcotráfico dejan
millones de dólares en ganancias, y para ello los policías infiltrados tienen
extendida la mano.
En
las iniciaciones de su gobierno el gobernador de Guerrero, señaló en Iguala que
“Vamos por la Policía Única, el Mando Único, lo he mencionado en mi toma de
protesta. ¿Qué hay que hacer? Los policías que están calificados, que han
aprobado su examen tendrán que ser incorporados a la Policía Única”, señaló el
mandatario de filiación priista. Todo no sirvió.
Ahora
se habla de que el Mando Único debe ser sustituido por un modelo de policía,
está enfocado en la solución de problemas y la prevención del delito, se
propone que para aumentar la seguridad
se encuentra la instalación de botones de pánico y cámaras de seguridad. Se
pide una mayor coordinación con los habitantes de los polígonos de mayor
incidencia delictiva. Ello habla de la muerte del Mando único, un programa que
permitió que ocurrieran masacres como la de Nochixtlán, Uruapan, Tanhuato, y
tantas otras, a manos de la policía federal del defenestrado elemento nazi del
gobierno de Peña Nieto: El General Galindo.
El
espionaje con fines políticos
La
intervención de las llamadas telefónicas de los miles de usuarios de telefonía
celular en la capital del país, no se ha utilizado para el combate al crimen
organizado sino para conseguir fines políticos, dando a conocer conversaciones
privadas de políticos opositores y organizaciones sociales que se oponen a las
políticas del gobierno refuerzan la teoría planteada por el Padre Solalinde.
Tanto
el crimen organizado como los distintos niveles de gobierno, utilizan los
adelantos científicos y tecnológicos, pero lo que más aventaja a la
delincuencia es la capacidad de soborno, los millones de pesos de los
secuestros y extorciones que se utilizan para comprar policías y funcionarios,
además de alcaldes que ceden las plazas –sus municipios-- a cambio del
financiamiento de sus campañas.
El
gobierno de la entidad ante el inicio de la implementación del Mando único
afirmaba que “Todos los mandos, los policías existentes principalmente a nivel
municipal tienen que ser conjuntados y los que no tienen el examen de confianza
pues seguramente tienen que ser orientados hacia otro tipo de actividades que
no sea la policía. Mientras las policías no se depuren, no se va a poder hacer
nada”. Eso implicaba una amplia coordinación en materia de investigación y
espionaje, que sólo se utiliza hasta hoy en el combate a las demandas de las
organizaciones opositoras.
Guerrero
la tasa más alta de homicidios
El
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 27 de noviembre de 2014 con
la finalidad de apaciguar los candentes ánimos de la población y para intentar
que cesaran las protestas por la desaparición de los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, después de los asesinatos y desaparición forzada de los normalistas
de Ayotzinapa, informó de acciones para combatir la inseguridad como
iniciativas de ley para reorganizar las policías.
Planteaba
acciones contundentes para inhibir la complicidad de autoridades municipales
con la delincuencia, y delimitar las competencias de los distintos órdenes de
gobierno, federal, estatal y municipal en la lucha contra el delito, además de
que anunció una enorme intervención de fuerzas en diversas entidades de la
república, entre ellas Guerrero, pero todo fue un fracaso, como lo han sido
todas las políticas en materia policial creadas por el gobierno.
En
un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
y el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero, entregado a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, se apuntaba que Guerrero padecía el mayor
problema de inseguridad desde 2009 y ocupaba el primer lugar a nivel nacional
en este tema, pues registraba una tasa de 47.76 %, por encima de los estados
como Morelos, Chihuahua, Sinaloa y el Estado de México.
En
ese documento quedaba plasmado que tan sólo en 2015, se registraron dos mil 721
homicidios, de los cuales 70 % se cometieron en Acapulco, que la tendencia
delictiva del fuero común, de enero a marzo de este año, se registraron ocho
mil 998 robos, de los cuales 886 se cometieron con violencia, 699 homicidios,
de los cuales 514 fueron dolosos, así como 805 delitos patrimoniales.
El
documento expone que a los delitos del fuero común se suman los derivados del
crimen organizado, el tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, la
desaparición forzada de personas y el saldo de la lucha entre cárteles, por lo
que es necesario “redoblar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, a
partir de revisar y en todo caso replantear la estrategia seguida hasta ahora”.
El
investigador, Israel Meza Rodríguez, en su artículo titulado inseguridad en el estado de
guerrero, señala que “La alta tasa de homicidios y el nivel de impunidad,
colocan al estado de Guerrero como el más violento de México, por encima de
Morelos, Sinaloa y Michoacán, según el análisis índice de Paz México 2015 del
Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
En
Guerrero la tasa de homicidios de los últimos dos años ha sido de 100 por cada
100,000 habitantes, cuando a nivel mundial es de 6, y en México es de 13
homicidios.
El
Instituto ubica a los municipios guerrerenses de Acapulco y Chilpancingo, la
capital del estado, dentro de las cinco ciudades más inseguras del país por
tener los índices más bajos de paz, junto con Culiacán, Sinaloa; Tecomán,
Colima y La Laguna en Coahuila.
Sin
embargo, pese a lo "mal evaluado" de esta entidad en el plano
nacional, Guerrero es la que más gasta en la contención de la violencia: 43,000
pesos por ciudadano.
El
IEP también calificó mal al Sistema Judicial del estado al señalar que la tasa
de impunidad en homicidios en 2014 es del 89%.
"En
un estado en donde la impunidad va a la cabeza pues es tierra propicia para que
haya más homicidios y más delitos porque se sabe que no se van castigar",
alertó la vocera del IEP.
Con
el objetivo de compensar toda esta inseguridad el gobierno del estado en
coordinación con el gobierno nacional, han realizado varios planes de trabajo
que lograrían auxiliar a restar los altos índices de homicidios, secuestros y
hostigamiento. Se solicitó el apoyo de las fuerzas armadas, quienes se ocuparán
en conjunto con policías federales, estatales y municipales para reforzar y
garantizar la integridad de los guerrerenses. Todo ha sido un fracaso.
