¿Reforma o trampa política?

 LECTURA POLÍTICA

Noé Mondragón Norato

Parece una trampa con beneficios políticos. Porque la iniciativa de decreto para reformar el artículo 14 de la Constitución política local, lleva fuego. Pretende dotar de reconocimiento legal a las Policías Comunitarias indígenas y afromexicanas de las regiones Montaña y Costa Chica. Al hacerlo, la gobernadora Evelyn Salgado les reconoce también, el derecho y las facultades para administrar la justicia, prevenir el delito y reeducar a quienes transgredan el orden al interior de esas demarcaciones territoriales. De algún modo, le avienta “la papa caliente” a los integrantes del Congreso local. Pero, además, sienta un precedente con más pasivos que activos. Las vertientes son insoslayables.

LEGALIZAR LO VIGENTE. – Desde el último trienio de Ángel Aguirre Rivero, los grupos de Policías Comunitarias comenzaron a empoderarse. Presionaron al grado de que el Congreso local aprobó el 28 de noviembre de 2013, el decreto por el que se creó la Policía Rural “como órgano administrativo auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública”. De ahí vino lo demás: 1.- En Guerrero, la única Policía Comunitaria reconocida hasta hoy, es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) que nació en 1995. La idea gubernamental de crear la Policía Rural en 2013, consistió justamente, en debilitar y hacer contrapeso a la CRAC-PC ante las reiteradas acusaciones de que algunos de sus miembros cometían actos delictivos. Curiosamente, esta agrupación destaca como una de las más interesadas en que se aprueba dicha reforma. En septiembre de 2020, cinco casas de justicia encabezada por la casa matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso y Cashitepec, marcharon por las calles de la capital y hasta el Congreso local demandando justamente, el aval a dicha reforma. La acción se leyó como parte de las presiones políticas de la senadora y ex aspirante a gobernadora por el Morena, Nestora Salgado García, quien fue comandante de la CRAC y como tal, acusada de secuestro. Después de purgar prisión por más de dos años, fue absuelta. De ahí emigró al Senado. Y con la marcha de las cinco casas de justicia, planchaba el terreno para que los intereses de esta organización quedaran a resguardo. 2.- la Policía Rural funcionó efímeramente. Pero se fortalecieron otras organizaciones “comunitarias” como la UPOEG y el FUSDEG que operan desde el municipio de Ayutla hasta Tierra Colorada, atravesando comunidades como Buena Vista de la Salud y El Ocotito. Y en los municipios de Tlacotepec y Teloloapan —fuera de la zona indígena y afro— operan “comunitarios” que surgieron “espontáneamente” para defenderse de la delincuencia. Desde luego, la eventual reforma al artículo 14 constitucional no los alcanza. Se entiende entonces que continuarán operando como hasta hoy lo hacen: bajo reglas fijadas por ellos mismos, no por la autoridad estatal. Ínsulas de poder que ninguna Ley afecta. 3.- Al ceder el control de la seguridad pública a las policías comunitarias en la Montaña y Costa Chica, el gobierno reconoce su incapacidad para no poder hacerlo. Y es evidente que, al legalizar su funcionamiento, también les asignará una parte del presupuesto destinado a la seguridad pública en el Presupuesto de Egresos. La conexión es contundente: una de las promesas de campaña del Toro Salgado como candidato al Senado en 2018 fue precisamente, “elevar a rango constitucional la figura de la Policía Comunitaria”. Lo justificó argumentando que “los pueblos tienen derecho a elegir a su policía”. Pero es una forma de lavarse las manos para deslindar al gobierno estatal. Y, además, ceder territorios a esos grupos que incidirían —como los grupos delictivos—, en la definición de los nombres de quienes ocupen eventualmente, alcaldías y diputaciones locales. El pasivo más visible que arrastran es que hasta hoy, ninguna policía comunitaria puede jactarse de haber erradicado la inseguridad en sus zonas de influencia. Y muchos de sus miembros terminaron aliándose con la delincuencia organizada. Es la trampa política que los diputados locales tendrán que sortear. O caer irremediablemente, en ella.

HOJEADAS DE PÁGINAS…En un escrito un tanto confuso e irregular en su composición gramatical, publicado en un diario de Chilpancingo; el ex rector de la UAGro y “Maestro Emérito” —sin haber impartido cátedra en las aulas—, Javier Saldaña Almazán, sobredimensiona la base conceptual de la “revocación de mandato” y cae irremediablemente en los brazos del presidente AMLO y de la gobernadora Evelyn Salgado. Se asume como partidario de ella sin jamás haberla puesto en práctica. Zalamero, parece implorar por el preciado boleto de admisión en el Morena para el 2024. Y si no, al tiempo.