Portar armas

*Con la finalidad de proteger a la familia y el patrimonio

Por Arturo González/Reportaje

Chilpancingo, Gro.- La inseguridad, traducida en secuestros, extorsiones, asesinatos y todo tipo de ilícitos que terminan impunes, ha convertido al estado de Guerrero en tierra de nadie, por lo que miles de familias han buscado la manera de adquirir armas para defender su vida, por lo que en los hogares guerrerenses hay por ,lo menos un arma.

La creciente inseguridad sin que las autoridades asuman el papel que le corresponda, o por lo menos que dejen brindar protección y orientación a las bandas del crimen organizado, ha orillado a que se busque comprar armas en el mercado negro para salvaguardar la integridad de las familias.

El caso más reciente de los jóvenes desaparecidos por la policía, que orilló a que se acuartelara a cientos de elementos policiacos desde el pasado mes de enero, sin que hasta el momento no haya sido detenido ningún policía por el asesinato y secuestro, nos advierte que la impunidad es estructural que desde las altas esferas se busca proteger a los criminales, que el objetivo es brindar impunidad a quienes financian los ´proyectos políticos, y premiar a colaboradores y amigos.

Resulta increíble que después de más de tres meses no se haya podido dar con los responsables de los asesinatos y secuestros de los jóvenes a pesar de que se cuentan con múltiples evidencias de quienes fueron los autores intelectuales de tan abominables crímenes.

La estrategia y el objetivo es brindar impunidad y protección a los ilícitos, por qué el seguidor y simpatizante del gobierno, el empresario de la construcción y asesor del gobernador Héctor Astudillo, Adrián Alarcón Ríos, no acude al Congreso o convoca a una conferencia de prensa para exigir castigo a los responsables o por lo menos que se investigue a los asesinos de los jóvenes como lo exigen familiares pertenecientes al comercio en la capital, así como anduvo de protagónico para destituir al ex alcalde Marco Antonio Leyva Mena.

Pues porque el combate a la inseguridad y los secuestros no son una prioridad de las autoridades en turno, porque al gobierno del estado le conviene seguir gobernando entre chorros de sangre y estiércol.

Mientras prevalezca la impunidad y la connivencia entre autoridades y crimen organizado, los llamados a portar armas por parte de diversos  sectores sociales serán válidos y legítimos. La pólvora está a punto de estallar.

En todo el estado de Guerrero están surgiendo los grupos de auto defensas como una manera de proteger a los pueblos de los abusos del crimen organizado y del gobierno, en algunos casos han sido infiltrados por el Estado en común acuerdo con grupos criminales a cambio de brindar tranquilidad en esas regiones, o por lo menos, que los crímenes no trasciendan más allá de los medios de comunicación.

Con ayuda del gobierno y de Bruno Placido,  “Los Ardillos” poseen el control de la comunidad de Petaquillas municipio de Chilpancingo, además de que otros grupos criminales fiscalizan a los grupos de la UPOEG en la comunidad de Buenavista de la Salud, que controlan el trasiego de droga de los pueblos Santos de la Sierra.

Los comerciantes llaman a portar armas.

En meses pasados los comerciantes y empresarios de Guerrero, ante la ola de crímenes, asaltos, secuestros y extorsiones de que son víctimas en la capital del estado, pusieron el dedo en la llaga al llamar a armarse ante la ineficacia e ineficiencia de las autoridades policiacas, quienes durante muchos años han simulado y protegido el accionar de las fuerzas oscuras.

El aumento de los asaltos en la capital del estado ha sido abominable, por lo que cientos de empresas han quebrado o desaparecido por las extorsiones de que son víctimas los comerciantes, pero además son ignorados a pesar de que han presentado evidencias de quienes son los que los extorsionan.

Mientras prevalezca la impunidad, mientras los funcionarios responsables de la seguridad siguen en amplia connivencia con los autores de los ilícitos, será justa la demanda propuesta de los hombres del comercio de armarse hasta los dientes y de contratar guaruras armados para proteger a sus negocios.

Según el asesor y principal proveedor de insumos para la construcción del gobierno astudillista y quien actualmente funge como dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), más de cien empresarios de Chilpancingo han optado por conseguir armas, o pistolas de balines para protegerse, pero lo cierto es que todos los empresarios de la capital portan armas en sus negocios, como una manera de auto defensa y auto protección de su patrimonio.

La causa es que las autoridades en cargadas de la Procuración y Administración de la Justicia, no han dado resultados, ni mucho menos han tenido la delicadeza de investigar por lo menos un asalto o una amenaza de extorsión, La justicia es prácticamente inexistente en la capital, se está a merced de la delincuencia que actúa a sus anchas, con toda la confianza que le otorga la protección de la autoridad,

Por ello es cierto lo afirmado por Alarcón Ríos, de que los comerciantes han tenido que recurrir al mercado clandestino para conseguir sus armas, debido a que no cuentan con un permiso oficial, pero lo que no dice o prefiere omitir es que las autoridades actúan en complicidad con los delincuentes.

Según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Chilpancingo alrededor de 2 mil comercios están semiparalizados y presentan pérdidas hasta por un 50 por ciento ante el aumento de delitos como el cobro de piso, extorsiones en la ciudad.

Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero advirtió que “la portación de armas no necesariamente ayuda a disminuir la violencia, al contrario, existe el riesgo de que provoque más violencia. No es la ruta que se sugiere para enfrentar a la delincuencia”, sostuvo.

Lo cierto es que ante el avance de la impunidad y la omisión de las autoridades el terror generalizado que se ha apoderado del sector económico en la capital inhibe y desalienta la inversión.

Por lo que tras la advertencia de los delincuentes, los empresarios están planteando la posibilidad de tener armas en sus negocios, “un arma reglamentaria, autorizada por el Ejército”.

El terror generalizado que viven los comerciantes de Chilpancingo, Guerrero, ante la violencia se agravó el viernes 9 de junio, luego de que integrantes de una de las bandas del crimen organizado que se diputan la plaza visitaron armados a varios vendedores en sus locales para decirles que ahora ellos se harán cargo del cobro de piso.

Tras esas acciones de los grupos delictivos, los comerciantes del centro de la ciudad acordaron medidas de seguridad, como tener un arma en sus locales, cerrar antes de las 8 de la noche cuando comienza a oscurecer y colocar cámaras de seguridad afuera de sus locales.

Armarse para defender el futuro de la familia

Ante la avasallante ola de terror en la capital del estado, y ante la simulación y protección que brinda la policía a los grupos delictivos, lo comerciantes de Chilpancingo han determinado usar armas permitidas por el Ejército para poder tenerlas en su hogar y defenderse porque  la autoridad municipal no está previniendo el delito.

En una reunión con mandos militares de esa región,  los empresarios pidieron una nueva campaña de registro de armas y adiestramiento para su uso, asegurando que respetarán los lineamientos legales que marca la Sedena.

Pero también el empresariado exige la salida de Xavier Olea ante los múltiples casos de violencia que tiene sin resolver, y luego de que declarara que no cuenta con la capacidad para hacerle frente a la violencia.

A pesar de que el Fiscal de Guerrero ha demostrado su creciente incapacidad, simulación y proteccionismo, el ejecutivo se mantiene empeñado en mantenerlo en el cargo.

En lo que va del año en la capital suman por lo menos 100 homicidios, todos son relacionados por las autoridades con la delincuencia organizada.

El Fiscal debiera considerar su renuncia El líder empresarial Adrián Alarcón Ríos dijo que “por su propia salud mental, y para no herir sus sentimientos”, el fiscal Xavier Olea debería empezar a reflexionar si es conveniente su permanencia al frente de la dependencia, pues ha sido rebasado por la situación que vive Guerrero.