¿Dónde están?

*Mujeres y niños lloran porque exigen con vida a sus familiares

Por Bernardo Torres/Jonathan Cuevas/API

Chilpancingo, Gro.- Por instrucciones de los diputados locales, personal de seguridad del Congreso del Estado, echó de la sala de plenos a familiares de personas desaparecidas, secuestradas y asesinadas, aglutinadas en diversos colectivos, por lo que posteriormente se introdujeron por la fuerza, a empujones y forcejeando con los guardias.

La presión que ejercieron, provocó que los diputados prorrogaran la designación del o la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se votaría este jueves en la última sesión del año, con la propuesta de Guadalupe Rendón Ramírez, a quien los colectivos rechazan.

La primer protesta

Como lo anunciaron previamente, los colectivos de personas desaparecidas de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala, así como Brigadas de Búsqueda de Fosas Clandestinas, se manifestaron al exterior del Congreso, donde se discutiría y votaría la designación de la nueva Fiscal.

Unas 30 personas que acudieron a la manifestación, representantes de los colectivos y el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, ingresaron a una de las salas a invitación del diputado local, Ricardo Mejía Berdeja, quien presentó el libro bajo el título: “Seguridad Ciudadana. Reconstruir el Estado de Derecho”.

Antes, los elementos de seguridad interna del Poder Legislativo les prohibieron la entrada. Incluso, se colocaron sobre el acceso principal y extendieron sus brazos para evitar el ingreso.

Pero una vez dentro, durante el evento del diputado Berdeja, sacaron cartulinas y lonas para iniciar su protesta. Dijeron al legislador que estaban en contra de la designación de Guadalupe Rendón Ramírez en la Fiscalía Especializada, además de exigir que esta Fiscalía Especializada sea autónoma, es decir, que no dependa de la Fiscalía General del Estado.

Ricardo Mejía dijo estar en contra de la propuesta que hizo al pleno del Congreso, el Fiscal Xavier Olea, y adelantó que votaría en contra del nombramiento de Guadalupe Rendón.

Los representantes de colectivos pidieron a través del diputado de Movimiento Ciudadano, que les dieran un espacio durante la sesión en Tribuna Parlamentaria, para hacer saber a todos los legisladores, su inconformidad.

El desalojo

Al concluir este encuentro, se introdujeron al área de visitantes de la Sala de Plenos, donde se llevaría a cabo la primera de dos sesiones, que serían las últimas del año y en las que estaba contemplado dar trámite a la designación de la nueva Fiscal.

Sin embargo, cuando aún no iniciaba la sesión, personal de seguridad los obligó a salir, manifestando que no habría sesión porque se había cancelado, sólo como pretexto para que abandonaran el recinto, y tras ello, los escoltas cerraron las puertas con candado y se apostaron en la entrada para impedir de nuevo el ingreso de las víctimas.

Esta acción detonó el coraje de los familiares de desaparecidos, quienes ofrecieron una conferencia de prensa en la explanada del edificio, en la que condenaron la actitud de los diputados.

Dijeron que su intención de estar presentes en la sesión, era porque sólo querían externar su inconformidad por la propuesta de fiscal que hizo el titular de la Fiscalía General del Estado, Xavier Olea Peláez.

Manuel Olivares Hernández expuso que para los colectivos era necesario hacerle saber a los diputados, la inconformidad con la “imposición” de Guadalupe Rendón en la Fiscalía para Desaparición Forzada y Personas no Localizadas.

“La propuesta del fiscal Xavier Olea, no garantiza una buena atención para las victimas indirectas de desaparición, secuestro o asesinatos, lo que la gente necesita es una persona con sensibilidad con compromiso hacia las víctimas, pero más con los derechos humanos” expuso.

Argumentaron que Guadalupe Rendón ya estuvo a cargo de la Unidad de Búsqueda de Personas no Localizadas, y simplemente no dio resultados, motivo por el cual rechazan su nombramiento ahora en un rango superior.

Como han señalado en otras ocasiones, consideraron que se debe crear una fiscalía autónoma, con recursos propios, tanto económicos, materiales y humanos, que no dependa de la FGE, dado que las desapariciones forzadas involucran a las autoridades y cuerpos de seguridad.

“Se necesita una fiscalía que pueda garantizarle a las víctimas acceso a la justicia y reparación integral del daño”, insistió, Manuel Olivares.

Preocupa además, agregó, que el presupuesto asignado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sirva nada más para engrosar la lista de burócratas y que no se atiendan las necesidades de las familiares, víctimas de las desapariciones.

Repudiaron que la seguridad privada del Congreso del Estado les haya cerrado las puertas: “consideramos que eso no podemos permitirlo y exigimos que este recinto deje de ser considerado su propiedad privada”.

Ciro Fuentes, quien dirige a las familias de personas desaparecidas de Acapulco, lamentó que el Legislativo y el Ejecutivo estatal no se interesen por los desaparecidos. “Nosotros además de andar buscando a nuestros familiares, tenemos que lidiar también con las autoridades, nos obstruyen y obstaculicen nuestra búsqueda”, acusó.

Se dijeron preocupados de que la Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas, con personal sin capacitación se convierta de la noche a la mañana en una Fiscalía, concretando una nueva simulación, pues la desaparición forzada debe ser investigada por gente ajena al aparato gubernamental.

Rechazó a la LSI

También están en desacuerdo con la Ley de Seguridad Interior que se discutía en el Senado de la República, porque se ha demostrado que el Ejército no está preparado para realizar labores de seguridad pública, y se ha comprobado que es el responsable de violaciones a Derechos Humanos, desde ejecuciones, tortura y violación de mujeres.

Además recordaron que varios de los casos de desaparición forzada que se han registrado en el Estado, desde la Guerra Sucia de los años 70’s, hasta la fecha, han sido cometidos por militares en pueblos indígenas, la Sierra e incluso ciudades como Iguala, en donde salieron a flote y se documentaron varios casos después del caso Ayotzinapa.

El ingreso, a empujones

Tras este mensaje a medios de comunicación, los manifestantes pidieron al personal de seguridad que se comunicaran con los diputados y se les permitiera la entrada al recinto donde estaba por iniciar la sesión, pero durante más de media hora fueron completamente ignorados.

Sin más opciones, se abalanzaron sobre las puertas de cristal y enfrentaron a los guardias de seguridad, con quienes estuvieron a punto de los golpes.

Antes, los agentes internos retiraron los marcos que estaban colgadas como parte de una exposición pictórica en el lobby, antesala al recinto de sesiones, con el objeto de que no fueran maltratados o destruidos, ante el amago de los manifestantes, de entrar por la fuerza.

Ya adentro, al grito de “justicia” tocaron con fuerza la puerta de madera que da acceso a la sala de sesiones, y llamaron a los diputados a que abrieran, pero nuevamente fueron ignorados.

Hombres y mujeres por igual, gritaban cada vez más fuerte y golpeaban con las palmas de sus manos la madera, y en todo momento, un grupo de trabajadores del poder legislativo, trataban de apaciguarlos.

Finalmente lograron ingresar a la zona de galerías, área designada para visitantes, ubicada en la parte superior del recinto.

Lágrimas en la sala de sesiones

Desde ahí lanzaron sus reclamos a los diputados de los cuales había la mayoría y entre ellos, la presidenta de la Junta de Gobierno, Flor Añorve, quienes daban la espalda a los gritos de madres de familia que sostenían las fotografías de sus desaparecidos, y derramaba lágrimas frente a la Tribuna Parlamentaria.

Tras la lluvia de reclamos, los inconformes exigieron que los diputados dieran una respuesta a sus demandas y que dieran la cara por la “imposición” que pretendían realizar.

Mario Vergara, de las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Desaparecidos y Fosas Clandestinas, reclamó desde lo alto del recinto el trato indigno que les dieron los diputados este día, y afirmó que son los primeros que violando sus derechos como ciudadanos, y además los revictimizan.

“¡Somos familiares de desaparecidos, no somos delincuentes!”; lanzó, mientras una mujer rogaba: “¡Escúchenos por favor! Yo tengo el dolor de mi hijo”.

Los acusaron de estar cubriendo los intereses del Gobierno, y obstaculizar la justicia. “Tenemos derechos humanos y ustedes los han violando, están obstaculizando el acceso a la justicia, y eso lo condenamos”; acusó doña Guadalupe Rodríguez Narciso, líder del colectivo de Chilpancingo, mientras sus lágrimas rodaban hasta caer a la zona de curules.

Finalmente el presidente de la mesa directiva, Eduardo Cueva Ruíz, informó que una comisión sería atendida, mientras el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y la diputada de Morena, María de Jesús Martínez Cisneros, convencieron a quienes se manifestaban que permitieran el desarrollo de la sesión, donde muy probablemente fuera rechazada la propuesta nueva fiscal.

Así, continuaron haciendo reclamos bajo el grito de: “¡Porque Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

También dijeron a los diputados que mientras ellos celebrarían la Navidad y Año Nuevo con sus familias u amantes en lujosas casas, o de viaje, cómodamente luego de recibir un jugoso aguinaldo; las familias no tendrían un festejo, y pasarían estas fechas otra vez con el dolor de no tener a sus hijos, esposos o hermanos.

En diversos momentos, a los diputados se les vio reír mientras las familias de desaparecidos evidenciaban su dolor e impotencia, incluso a la presidenta de la Junta de Coordinación Política y líder del Congreso, Flor Añorve Ocampo, del PRI.

La reunión

Cuando ya se retiraban los protestantes, acudió a dialogar con ellos el diputado Ricardo Mejía, quien subió hasta el área de galerías, igual que la representante de Morena, María de Jesús Cisneros Martinez.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Cueva Ruiz del Partido Verde Ecologista de México, se paró frente a los manifestantes desde la parte del recinto, y ofreció un diálogo.

Los tres legisladores platicaron por lapso de 10 minutos en la antesala y, enseguida llevaron a una comisión a la sala “Armando Chavarría Barrera”, donde entraron los miembros de la Junta de Coordinación integrada por representantes de cada uno de los partidos políticos que convergen en el poder legislativo.

Luego de una hora, la comisión y diputados salieron y, entonces, Manuel Olivares Hernández informó que el acuerdo es que, los diputados quitarían del orden del día el nombramiento de Guadalupe Rendón, y se notificará a la Fiscalía, aplazando de esta forma la designación.

Dijeron que el tema se va analizar y se retomará en enero. También se sacaría del orden del día una discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, que se tenía prevista. (Agencia Periodística de Investigación)