Noé
Ibáñez Martínez
Han
pasado más de cuatro meses desde la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando
la Policía Municipal de Iguala atacó a normalistas de Ayotzinapa; ese día
murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes, quienes posteriormente
fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y sus restos fueron
arrojados en el río San Juan, según el informe final de la PGR.
En
todo este tiempo, el gobierno federal ha intentado demostrar que los únicos
responsables de la masacre son las autoridades municipales tanto de Iguala como
de Cocula coludidos con el grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos.
En
contraparte, los familiares de los estudiantes y demás organizaciones no
gubernamentales que los apoyan, además de exigir justicia y presentación con
vida de los estudiantes, también han tratado de demostrar la posible
participación del Ejército en los hechos y la omisión de las autoridades para
castigar a los responsables. Para ellos, fue un crimen de Estado.
A
más de 120 días de los hechos, se han detenido más de 90 personas, entre
narcotraficantes y políticos implicados; 58 policías de Iguala y de Cocula
forman parte de esos detenidos; más de 70 fosas clandestinas se han encontrado
en la zona aledaña a Iguala, Cocula, Chilapa y Zitlala; en las que se han
localizado más de 89 cuerpos durante la búsqueda de los normalistas
desaparecidos; un estudiante ha sido identificado por los expertos forenses de
la Universidad de Innsbruck, Austria; servicio por el cual, la PGR deberá pagar
290 000 pesos. Además de las manifestaciones por Ayotzinapa en el país, más de
200 protestas se registraron en América, Europa, Asia y Oceanía el pasado 20 de
noviembre.
Lo
que sigue del caso es que los padres irán a instancias internacionales. Este
lunes 2 de febrero, una comisión de dos padres de familia de los 43
desaparecidos y dos activistas acudirán a Ginebra, Suiza, a la octava reunión
del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones
Unidas, para presentar lo que consideran irregularidades de la PGR en el caso.
Además,
este 11 y 12 de febrero se reunirán en Washington, los expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigarán el caso de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, y determinarán también las fechas de su primera
visita a México.
Como
otras fechas (2 de Octubre, Jueves de Corpus, matanza de Aguas Blancas, El
Charco, Acteal, etc.), el caso Ayotzinapa quedará en la memoria colectiva y
permanecerá por muchos años. Con el pasar del tiempo, la narrativa general se
irá ajustando, algunos hechos, valores o juicios entrarán, y otros saldrán.
Algunos personajes quedarán destacados y otros disminuidos. Sin embargo, jamás
se logrará llegar a conocer la “verdad histórica” de lo que pasó la noche del
26 y madrugada del 27 de septiembre. La conclusión que presentó la PGR es su
“verdad histórica” a base de testimonios y declaraciones, de la cual,
organismos no gubernamentales han puesto en duda.
Hasta
ahora, Ayotzinapa no está terminado, ni terminará con la identificación de los
muertos ni con la expedición de los certificados de defunción. La construcción
narrativa de lo ahí ocurrido, del modo como se hayan contado que los casos
ocurrieron, apenas comienza. Es otra lucha, una que se desarrollará en los años
por venir y que en ellos producirá sus efectos. De diversas maneras,
determinará mucho de lo que pensemos de nosotros mismos y de nuestras
autoridades. Algo de lo que todos nosotros habremos de ser en los años por
venir.
Así
también el modo en que consideramos que actúa o deja de hacerlo el Estado, las
posibilidades de establecer relaciones de confianza o desconfianza respecto de
él y sus agentes, derivan en mucho de tales sucesos. No de los momentos en sí
mismos considerados, no de los hechos en bruto, por decirlo así, sino de la
manera en que estos se han construido socialmente.
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hist23@gmail.com
@ibanez_marti
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