Editorial

Agresión de periodistas en Tlapa de Comonfort no debe quedar impune

El gremio periodístico de Guerrero y el director general de este medio informativo condenan enérgicamente el secuestro del que fueron objeto 60 periodistas y sus familias por parte de quienes se identificaron como militantes del Movimiento Popular Guerrerense, el sábado 13 de diciembre en la ciudad de Tlapa de Comonfort, quienes privaron de su libertad, golpearon, vejaron públicamente y amenazaron a estos 60 colegas con sus respectivas familias.

Este ataque contra los derechos fundamentales de los periodistas se vio agravado por la omisión en que incurrieron las tres instancias de gobierno, así como por los organismos actualmente deficientes nacional y estatal de los derechos humanos, a quienes se les pidió auxilio de urgencia sin recibir respuesta alguna.

También fueron informadas las Fuerzas Federales que, argumentando que no tenían ninguna petición del gobierno estatal, abandonaron a su suerte a los periodistas y sus familias que, provenientes de todas las regiones de Guerrero, se dieron cita ese día convocados a una ceremonia de premiación entre pares.

Hubo jaloneos y golpes. La turba ingresó y agredió a los periodistas. Les sacaron del local. Los pasearon por la plaza pública. Los empujaron y golpearon. Encerraron a Miguel Ángel Mata Mata, Silvia Inés Borja Arteaga, Julio Ayala Carlos, Brenda Nava Mancilla y Fabián Herrera Ruiz.

Erigidos como un jurado popular, ese mismo grupo de personas que golpearon a los periodistas, les juzgaron y condenaron a pagar tres mil pesos por las agresiones a uno de sus compañeros. Les obligaron a decir una versión falsa de los hechos: que los periodistas agredieron a los manifestantes, les exigieron una disculpa pública y que jamás habían estado secuestrados. Todo ante la presencia de una turba que en todo momento insultó, agredió e intentó linchar a los periodistas.

A la mitad del supuesto juicio popular, una reportera del periódico El Sur, de nombre Carmen González Benicio, ingresó a la sala de cabildos y se integró como parte del cuerpo de juzgadores. Ella informó a los reporteros que serían liberados. Los sacaron entre insultos y humillaciones casi a las once de la noche, no sin antes exigir un pago en efectivo para liberar a los periodistas.

Por todo lo anterior, queremos puntualizar ante las autoridades federales y estatales, así como ante la opinión pública, que acudiremos ante las instancias legales competentes para proceder jurídicamente ante este grave atentado contra derechos fundamentales de los periodistas.

Asimismo queremos informar a organismos internacionales de promoción y defensa de la libertad de expresión para que se proceda como corresponda y dichas agresiones queden impunes.