Por Baldemar Gómez
Roque/Reportaje 2ª y última parte
Una breve
historia de la UPOEG
En el municipio de Ayutla de los Libres, de la Costa Chica de Guerrero,
el pasado 6 de enero del 2013, detonó un proceso de organización
comunitaria que se tradujo inicialmente en un movimiento de autodefensa para
convertirse luego en un sistema de seguridad y justicia ciudadana,
dependiente de la UPOEG.
Los
antecedentes se ubican a mediados de 2011, cuando, impulsadas por un conjunto de líderes comunitarios
de las zonas mestiza y mixteca del sureste de Ayutla, se realizaron consultas
en las comunidades para discutir y aprobar la formación de una policía comunitaria
que fuera parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC),
que en la región de la Montaña ya había demostrado desde sus inicios gran
eficiencia y eficacia para combatir la delincuencia.
Estos
esfuerzos comunitarios estaban enmarcados en el colapso de la seguridad
pública, que a nivel nacional se había deteriorado sobre todo a partir de la
guerra emprendida por el gobierno federal contra el narcotráfico, y por la
ausencia de un mínimo de condiciones que salvaguardaran la vida, la integridad
física y el patrimonio de la ciudadanía, ante el incremento de la violencia que
ejerce el crimen organizado desde que en 2009 se asentó en esta región.
Las
balaceras, levantones, ejecuciones, cadáveres desperdigados en los
basureros, persecuciones en las calles, robo de vehículos y toques de queda,
constituyeron el paisaje brutal de la omnipresencia y poderío de esos
criminales, que se magnificó en la ciudad y en las comunidades rurales, al
grado de que además de ser dueños absolutos de las noches, se daban el lujo de
implementar operativos para la detención de delincuentes comunes que luego
entregaban a los policías municipales o ministeriales.
En este
contexto, al iniciarse la promoción de la policía comunitaria en las asambleas
de las comunidades de esta región se hicieron notorios el entusiasmo y la
participación ciudadana. En la buena disposición de la gente también influyó la
posibilidad de que la organización sirviera para conseguir obras de
infraestructura productiva y de servicios, algo que desde antes se venía
buscando.
En estas
reuniones, después de comentarse la gravedad de la inseguridad y el control que
del narcotráfico sobre las instituciones encargadas de la procuración y
administración de justicia, se explicaba la experiencia de la CRAC y los
alcances de la figura de la comunidad indígena como sujeto de derecho para ser
gestora de su seguridad y su desarrollo.
Así, se
fue gestando un mensaje y un espacio de unidad entre los pueblos que
tenían en las Asambleas de Autoridades Comunitarias de Ayutla y en la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a sus principales
promotores. Sin este antecedente, no podría explicarse la irrupción de un
movimiento ciudadano que además de plantearse la autodefensa también lucha contra
la marginación, el abandono oficial y la falta oportunidades para mejorar sus
condiciones de vida.
En
agosto-septiembre de 2012, se suscribieron los primeros acuerdos para
incorporarse a la CRAC, y después de discutirse y aceptarse sus estatutos y hacerse
los nombramientos de policías y comandantes comunitarios, se programó para el
22 de diciembre, en la comunidad de Tonalá, del municipio de Ayutla, la
instalación de la Asamblea General de Consejeros para la protesta de estos
nombramientos y la elección de los comandantes regionales. Sin embargo, en esta
etapa se hicieron manifiestas diferencias de un sector de la dirigencia, que
súbitamente decidió cambiar la sede acordada y trasladar la reunión a la
comunidad na’savi de La Concordia, lo cual fue interpretado
por la otra parte de los líderes como un golpe de mano y un viraje sorpresivo
en la estrategia incluyente que se venía construyendo.
Puede
colegirse que estas divergencias tienen de trasfondo alguna agenda oculta, que
se simula con el celo rancio de una disputa étnica entre na’savis y
mestizos y la pretensión del control territorial.
El 6 de
enero, sin el procesamiento adecuado de estas diferencias, irrumpió el
movimiento ciudadano de autodefensa liderado por la UPOEG, como respuesta a la
onda expansiva de secuestros, levantones, cobro de cuotas a ganaderos,
comerciantes y campesinos, que incluyó a varios de sus militantes en Plan de
Gatica, Ahucachahue y Rancho Nuevo.
La
aprehensión de 54 presuntos delincuentes del crimen organizado, y el hecho de haberse
desmantelado la red operativa de los jefes de plaza de Ayutla Tecoanapa y Las
Mesas, fueron el resultado inmediato que demostró la eficacia del movimiento.
La onda expansiva del movimiento de autodefensa generó tales
expectativas y simpatías que pronto se extendió al territorio inmediato de
la Costa Chica y a las regiones del Centro, Montaña Alta y Acapulco. Pero al
mismo tiempo, se fueron cerrando los caminos para el juicio popular que se les
haría a los delincuentes y que había sido acordado por las comunidades el 31 de
diciembre en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla.
Aparentemente,
de manera incomprensible, la CRAC se deslindó de las acciones de autodefensa
promovidas por la UPOEG: “no estamos en contra de que los pueblos se levanten
en contra del crimen organizado, pero tampoco estamos participando; nosotros no
podemos salir fuera de nuestro territorio”, declaró Arturo Campos de la Casa de
Justicia El Paraíso de la CRAC.
Por otro
lado, las presiones de la parte más conservadora de la opinión pública, de los
organismos de derechos humanos, del Ejecutivo estatal, de los jefes de las
fracciones parlamentarias del Legislativo federal, de todo el aparato de
seguridad del estado y del Ejército, se dejaron venir como avalancha en la
alineación de un bloque de fuerzas contenedoras. Hubo toda una ofensiva
mediática cuyo objetivo era frenar el juicio a los delincuentes mediante usos y
costumbres –los cuales se sustentan y amparan en el reconocimiento jurídico de
la figura de la comunidad indígena– y forzar la vía de la negociación para
entregar estos reos a la PGR. Era claro de que no había opción. Lo fundamental
era blindar al movimiento y la negociación era el único camino transitable.
En lo
fundamental, el propósito de resguardar el proceso de organización comunitaria
se ha mantenido, y de ser un movimiento de autodefensa ciudadana se ha
convertido en un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC),
fortaleciéndose organizacional y territorialmente, además de ampliar su
presencia hacia el Municipio Juan R. Escudero, Valle de Ocotito y el corredor
Oriente de Acapulco rural; zonas que se en fechas recientes se han declarado
formalmente como territorios comunitarios.
Bruno Placido Valerio, Presidente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
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