*Abogados
recurrirán al PJF la sentencia, que deja desprotegidos derechos laborales
Por
María Alonzo
Chilpancingo,
Gro.- En
días pasados, los
magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE), dirigidos por su
presidente Arturo Pacheco Bedolla, ordenaron la reinstalación de la ex
trabajadora del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) Lizaniaz
Mendoza Damacio, sin embargo ante la ignorancia de los magistrados de dicho
tribunal, omitieron sustentar su sentencia laboral, en la Ley Federal del
Trabajo.
Recordemos que los magistrados del TEE, guiados por
Arturo
Pacheco Bedolla, Cesar Gustavo Ramos Castro, J. Inés Betancourt Salgado, Hilda
Rosa Delgado Brito, han sido acusados por actos de corrupción agravantes por
haber alterados las boletas electorales, y asignarse un retiro de 750 mil
pesos, por lo que ahora se encuentra siendo investigados por legisladores
locales quienes han señalado que se debe de aplicar todo el peso de la ley a tales
ex consejeros corruptos, quienes impunemente sieguen haciendo de las suyas
durante los juicios.
La agraviada Lizaniaz Mendoza Damacio señaló que la
omisión, que votaron los magistrados, Arturo Pacheco Bedolla, Cesar Gustavo
Ramos Castro, J. Inés Betancourt Salgado, Hilda Rosa Delgado Brito y el
magistrado supernumerario René Patrón Muñoz, será recurrida, debido a que la sentencia dejó abierta la
posibilidad, que el IEEG opte por aceptar o rechazar dicho resolutivo. Además
de que el IEEG podrá negarle con la mano en la cintura las prestaciones
laborales que por ley le corresponden.
Sobre el mismo tema, el presidente del Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero, Arturo Pacheco Bedolla, planteó en su
proyecto de sentencia, que la Ley de Medios de Impugnación no contempla dichas
prestaciones laborales, por lo tanto el TEE no puede considerarlas, es decir,
los magistrados no consideraron en la resolución del conflicto laboral la
"Ley Federal del Trabajo".
La demanda fue interpuesta por la
extrabajadora del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, Lizaniaz Mendoza
Damacio, quien tras haber prestado sus
servicios profesionales durante 9 años al IEEG, en el área de comunicación
Social, el primero de febrero de este año, fue despedida injustificadamente por
José Guadalupe Salgado Román, consejero presidente del Instituto Electoral del
Estado de Guerrero.
Trascendió, que el despido se llevó a
cabo para subsanar los compromisos que el presidente del IEEG traía del
Congreso del Estado (quien lo hizo consejero y lo nombró presidente) y que
necesitaba la plaza para cubrir uno los tantos compromisos adquiridos tras su
nombramiento.
No es caso aislado, la deuda que el
Instituto Electoral tiene por más de 50 millones de pesos, a favor de los
extrabajadores Julia García Lara, Víctor Aguilar García, Rubén Maurilio
Vázquez Pineda; Juan Carlos Flores Calvo, Verónica Pérez Santos, Alejandro
Ramírez Manrique y Daniel Nájera Piedra, a quienes se les pagará horas extra,
salarios devengados no pagados, además del agravante por despido injustificado.
Para que el IEEG pudiera cubrir estas
resoluciones de los tribunales, el congreso le autorizó cantidades
considerables que los propios consejeros no destinaron a los rubros
establecidos y que a la fecha no han
comprobado el destino de esos recursos.
Situación, que como recordaremos puso en
duda la actuación del contralor Interno del Instituto Electoral, Javier López
García, quien durante el periodo del entonces presidente César Gustavo Ramos
Castro, aprobó todas las compras de materiales, documentos y boletas
electorales a costos diez veces arriba de su valor, y como era de esperase en
su comparecencia ante el congreso, no supo responder donde quedó el dinero que
el congreso le autorizó al IEEG para cubrir los laudos laborales, cuyas omisiones
le costó su ratificación como Contralor Interno.
El último escándalo del que fueron
objeto, es el embargo al Instituto Electoral que dictaminó Tribunal de lo
contencioso administrativo, cuyo acto no se llevó a cabo debido a la
intervención del secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quien ordenó
suspender el embargo, solapando con ello las corruptelas de sus consejeros
electorales.
Sólo queda esperar que estos órganos
electorales – acertadamente, a punto de desaparecer-, cumplan con los fallos de
los tribunales, y no sigan endeudando al Instituto Electoral negando el pago a
ex trabajadores, que a fin de cuentas la ciudadanía paga de sus bolsillos.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del
Estado, Arturo Pacheco Bedolla, ordenó la reinstalación de una ex trabajadora
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, omitiendo sustentar la
sentencia laboral, en la Ley Federal del Trabajo. Esto luego de que dichos
funcionarios, han sido señalados de haber cometido actos de corrupción agravantes,
a lo que hoy en día, podrían ser desaforados.
José Guadalupe Salgado Román, consejero
presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, despidió
injustificadamente a una ex trabajadora de dicho instituto, con la finalidad de
subsanar los compromisos que el presidente del traía del Congreso del Estado
(quien lo hizo consejero y lo nombró presidente) y que necesitaba la plaza para
cubrir uno los tantos compromisos adquiridos tras su nombramiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario