Política Al Margen

*Buscarán Diputados den Créditos Hipotecarios a Informales

*Largo Vía Crucis en Añeja Vecindad de la Cuauhtémoc

*Son Víctimas de las Redes de Corrupción

Por Jaime Arizmendi

Argonmexico / Apropiarse de lo ajeno: con billetes baila el perro… A partir de reconocer que ocho millones de familias en el país carecen de vivienda, por lo que tienen que vivir en casas rentadas o con familiares; además de asumir que más de 300 mil se encuentran en situación de abandono; la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados desarrollará posibilidades para acabar con el rezago habitacional.

Ante ello, Carlos Aceves y del Olmo, presidente de dicha instancia legislativa afirma que en esa comisión se impulsará el aumento de créditos para vivienda, que se adopten criterios para otorgarlos a empleados formales o informales; y que las abandonadas sean concedidas a quienes carecen de acceso a un préstamo hipotecario.

Así es. Mientras hay legisladores y servidores públicos preocupados por enfrentar la aguda problemática habitacional que sufren millones de mexicanos; al otro lado se mueven los infaltables vivales, quienes han convertido a esta necesidad social en su modus vivendi.

Cada día son muchas las familias humildes que sin los documentos legales que amparen su propiedad o lugar de residencia, caen presas de las garras de la indolencia oficial; o, peor aún, de las redes de corrupción que tejen en su derredor seudolíderes “sociales” o supuestos “propietarios” de predios o inmuebles.

Éstas “alimañas” --con el debido respeto a esos animalitos por la referencia o comparación--, actúan particularmente cuando encuentran predios o inmuebles que se ubican en calidad de intestados, y/o de los cuales no se han pagado servicios como agua, predial y otros.

Tal es el caso de los posesionarios de la antiquísima construcción que se ubica en el número 79 de la calle Guillermo Prieto, colonia San Rafael, de la Delegación Cuauhtémoc, en ésta para otros, llamada “La Ciudad de la Esperanza”.

Ahí, en cuyos cuartuchos viejos y fríos varias familias vivieron durante años, o décadas, de pronto nadie acudió a cobrar la renta, que luego se enteraron se debió al deceso del propietario, un español de quien no hubo herederos.

El asunto que primero fue tomado por los vecinos residentes del inmueble como un alivio a sus bolsillos, hace poco más de tres años se tornó en un creciente y agudo dolor de cabeza.

Un día del año 2009 llegaron hasta las puertas del zaguán de la vecindad dos señoras (Yolanda y Guadalupe Carmen Córdova Ricart) y un sedicente representante legal de ambas hermanas (que no de La Caridad), David Martínez Rocha, y les exigieron renovar sus contratos de arrendamiento con ellas para que pudieran seguir ocupando sus viviendas.

Como la gente se negó a firmar nada, tras aducir que el predio había quedado en calidad de intestado; las mujeres y su “abogado” fueron a demandar a los posesionarios más firmes en aceptar los nuevos contratos. Claro, su firma significaría el consecuente reconocimiento a que esas abusivas mujeres eran las nuevas propietarias.

La dura reacción no se hizo esperar. Las Córdova Ricart y Martínez Rocha, con los consecuentes “arreglos” con personal del Ministerio Público, iniciaron sendas averiguaciones previas en contra de algunos de los posesionarios del predio.

Sin embargo, una de las primeras demandas no surtió efecto porque las demandantes no pudieron comprobar la propiedad del inmueble y hasta una de ellas estuvo a punto de ir a parar a la cárcel por “falsedad de declaraciones”. Obvio, el no perder la libertad debió costarle mucho dinero, pero nunca pisó siquiera una galera de detenidos en la Agencia del MP.

Pero el asunto no paró ahí. El afán por adueñarse del inmueble las mantuvo en busca de conseguir su objetivo y se dice que “le untaron la mano” a cuanto empleado oficial se encontraron a su paso, hasta lograr “ciertos documentos” que “probaban” su derecho a ser las propietarias.

Para ello cambiaron números exteriores del inmueble, “arreglaron” o cambiaron a su antojo las fachadas y ya entonces funcionarios menores les dieron el reconocimiento de la supuesta propiedad.

El asunto es que con esos “papeles”, apoyadas con cerca de 80 “cargadores”, un “actuario”, un “juez” y su abogado, llegaron al predio el 21 de noviembre pasado y por la fuerza, sacaron a una pareja de ancianitos, a una señora con sus dos hijos menores, a otra con su hijo, a otra más de la tercera edad, y a todos cuantos se hallaban en el interior para lanzarlos a la calle, pero sin sus muebles y ropa.

Horas después, durante la noche, los mismos posesionarios rompieron las tablas con que habían atrancado o tapiado la puerta de acceso al zaguán, y se metieron arremolinados en uno de los cuartos que quedaron “libres”.

Desde esa noche hasta la fecha, ellos duermen casi compartiendo el cuarto y las camas-catres que por la noche se vuelven recámaras, pero que durante el día son el comedor, la sala y todo.

Ahí mismo pernoctan casi juntos los hijos menores de edad de una y otra familia, pero desde entonces viven en eterna zozobra. Sí, ahí mismo, adentro, las Córdova Ricart tiene a dos “guaruras” quienes registran a quien entra o sale del lugar.

Lo más grave, esta semana les arrojaron por debajo de la puerta del zaguán el segundo citatorio (por supuesto, nunca llegó el primero), donde se les advierte que de continuar en desacato a la autoridad, todos los adultos demandados serían presentados por la fuerza ante el Ministerio Público.

Ante esa situación, y en espera de que en cualquier momento les llegue la “autoridad” a sacarlos de nueva cuenta de su único espacio para vivir, los posesionarios no pueden pegar el ojo. El encargado de cuidar la puerta y en caso de peligro avisarles a los demás, es un señor de unos 80 años de edad.

Pero la labor de vigilancia es asunto de todos y de todos los días.

Y es que en espera de que el procurador de justicia del DF y el presidente del Supremo Tribunal ordenen la revisión del caso, esos ancianos, madres solas y niños sólo confían en que Dios los ha de ayudar.

Pero, y qué tal si buscamos por nuestra cuenta a los legisladores y a los directivos del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, para que les ayuden y revisen también ellos en qué situación se encuentra el inmueble construido hace quizá un siglo, porque ya vemos cómo se las gastan en el INAH…jarizmx@yahoo.com.mx y argonpolitico@gmail.com