*Asciende
a 37 mil mdp y se verán afectados los sindicatos y becas a estudiantes
Por
Arturo González
Rectores
de las universidades públicas estatales (UPES), emitieron un desplegado el cual
fue firmado los rectores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; la Universidad Autónoma de Baja
California; la Universidad Autónoma de Nayarit; la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla; la Universidad Autónoma de Querétaro; la Universidad de
Sonora; la Universidad Autónoma de Tamaulipas; la Universidad Autónoma de
Tlaxcala; y la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Dichos
rectores señalan que con la reducción del presupuesto aprobado por los
legisladores, se verán afectadas las relaciones laborales con el sindicato y el
cumplimiento en materia de becas, con lo que se afectará la operación de las
propias universidades.
Los
quejosos manifestaron su rechazo al recorte de más de 37 mil millones de pesos
destinados a la educación pública superior, y solicitaron la intervención del
presidente Enrique Peña Nieto para realizar una redistribución del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017.
Los
directivos universitarios también criticaron que los recursos asignados al
desarrollo de ciencia y tecnología no cumplen con el compromiso pactado de una
inversión mínima del 1% de PIB.
Los
titulares de las instituciones educativas de educación superior explicaron que
la reducción del gasto destinado a ese rubro propuesto por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) afectará estructuras esenciales en las
universidades, como el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y Atención
a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (FASFAPEUPE).
Con
la reducción al presupuesto universitario se pone en riesgo el cumplimiento de
los acuerdos contenidos en el FASFAPEUPE, que han sido resultado de la
negociación entre autoridades y sindicatos universitarios, por lo que se
pondrían en riesgo muchos de los acuerdos alcanzados por uno de los principales
sistemas que generan ahorros de más de 593 mil 300 millones de pesos a las
UPES.
“La
eliminación de este fondo generaría presiones para mantener y continuar las
reformas, se alterarían las relaciones laborales y se afectaría gravemente la
operación de las UPES, ya que dicho monto tendría que ser cubierto con el gasto
operativo”, subrayaron.
El
documento publicado y firmado por 10 rectores de estas universidades, establece
que miles de estudiantes se quedarán sin los apoyos mínimos para continuar sus estudios.
De
no considerarse, “se ampliarán las brechas entre las universidades federales y
estatales”, puntualizaron.
“En
la compleja situación que vive el país la educación aparece como un signo de
esperanza y por ello la universidad pública debe constituirse como un espacio
fundamental del sistema social” argumentaron.
Finalmente
demandaron un financiamiento “suficiente, oportuno y a largo plazo” para
cumplir con los propósitos “indispensables” de las instituciones de educación
superior del país.
Manifiestan
su preocupación ante la drástica reducción de más de 37 mil millones de pesos
para educación, en particular los destinados al nivel superior, contenida en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017,
presentado por la Secretaría de Hacienda.
Al
respecto, nos permitimos expresar las siguientes consideraciones: 1.- La
disminución de casi 7 mil millones de pesos en los fondos concursables pone en
riesgo programas que han sido determinantes para el desarrollo de las universidades
públicas estatales, tales como la ampliación de la cobertura y el
fortalecimiento de la calidad educativa.
2.
El Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas
Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (FASFAPEUPE) no tiene una
partida asignada, a pesar de que se ha presupuestado y ejercido anualmente
desde el año 2002, lo cual ha significado un gran esfuerzo de negociación entre
autoridades y sindicatos universitarios de cada UPES, a fin de modificar las condiciones
y requisitos para obtener las pensiones, así como sus montos e incrementos en
aportaciones. Desde la creación de este fondo, se han propiciado 27 reformas a
los sistemas de pensiones universitarios, las cuales han generado un ahorro
para las UPES de más de 593 mil 300 millones de pesos, a valor presente. Cabe
aclarar que el CONEVAL ha ponderado las bondades de este fondo y estima que,
por cada millón de pesos sujeto a concurso, las reformas han generado un ahorro
de 44 millones 880 mil pesos. La eliminación de este fondo generaría presiones
para mantener y continuar las reformas, se alterarían las relaciones laborales
y se afectaría gravemente la operación de las UPES, ya que dicho fondo tendría
que ser cubierto con el gasto operativo, en detrimento de las funciones
sustantivas.
3.
Recortar los recursos destinados al desarrollo de ciencia y tecnología es un
contrasentido pues el país requiere, de manera urgente, incrementar su
competitividad y ello sólo se logra generando más y mejores conocimientos.
Además, la medida nos aleja del compromiso de alcanzar una inversión de, al
menos el uno por ciento del PIB en Ciencia y Tecnología lo que, en los hechos,
significa renunciar al objetivo estratégico de consolidar nuestras capacidades
científicas en favor del crecimiento económico.
4.
El recorte presupuestario del 30 por ciento al monto destinado a becas tendrá
un severo impacto social, pues dejará a miles de jóvenes sin los apoyos mínimos
para continuar sus estudios y se verán obligados a abandonar las aulas y
contravendrá el avance en cobertura logrado hasta el momento.
5.
De no reconsiderar los ajustes anunciados al presupuesto para educación
superior, se ampliarán las brechas entre las universidades federales y las
estatales poniendo en riesgo los avances logrados en los últimos años en la
expansión de la matrícula con calidad, el desarrollo del posgrado, la
vinculación productiva y la extensión universitaria en favor de los sectores
sociales más vulnerables.
Cabe
mencionar que también habrá un impacto negativo en la infraestructura educativa
y se carecerá de apoyos en programas que han permitido enfrentar problemas
estructurales, desalentando los esfuerzos realizados por las comunidades
universitarias. Además se pone en riesgo la meta de cobertura establecida para
el año 2018.
Reivindicamos
nuestra convicción de que, en la compleja situación que vive el país, la
educación aparece como un signo de esperanza y por ello la universidad pública,
más allá de su quehacer académico, debe constituirse en un espacio que albergue
los mandatos sociales, económicos y políticos de los mexicanos, y ser parte
fundamental del sistema social, rescatando valores y principios esenciales, así
como las justas aspiraciones de bienestar y progreso de la población. Para
cumplir con estos propósitos es indispensable que las instituciones de
educación superior reciban financiamiento suficiente, oportuno y de largo
plazo, acorde al desempeño que han demostrado y que esté sujeto a la
transparencia y rendición de cuentas a la que estamos obligados.
La
educación pública requiere de la participación activa del Estado para generar
oportunidades de inclusión social y convertirla en la mejor inversión para la
construcción de futuro. Por ello, solicitamos la intervención del Presidente de
la República, Lic. Enrique Peña Nieto, para promover ante el Honorable Congreso
de la Unión, la redistribución del presupuesto, asegurando recursos suficientes
a las Universidades Públicas Estatales.
Por
su parte Integrantes del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores
Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), encabezado por su
Secretario General, Ofelio Martínez Llanes, dio a conocer que de manera
simultánea, los 92 sindicatos universitarios del país, entre ellos de universidades,
como San Luis Potosí; Nuevo León, Puebla, Zacatecas, sonora, Yucatán, Morelos
Chiapas. Tabasco UNAM, Guadalajara entre otras, estarían informando cada una en
sus respectivos estados, de la determinación de luchar juntos por romper los
topes salariales y la no reducción de los presupuestos destinados a la
educación pública.
También
buscan revertir la política de los topes salariales, las restricciones
presupuestales. Al mismo tiempo exigen al gobierno federal, asignar los
presupuestos necesarios para el rubro de jubilaciones y exigen al gobierno
federal, aporten lo que les corresponde por concepto de cuotas sindicales, que
son aportadas quincena por quincena por cada uno de los trabajadores.
Exigen
al gobierno federal, preserve los recursos recaudados de las cuotas sindicales,
que no la desaparezcan, que igual como crearon el Fobaproa, así como rescataron
PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para los trabajadores y las
trabajadoras a nivel nacional, “el gobierno también resguarde y preserve y nos
da la seguridad toral que esas pensiones es para los jubilados que ya están
ejerciendo y para los que están en proceso, sea una seguridad”.
De
manera adicional, en cada uno de sus Estados, los sindicatos universitarios,
depositarían sino de manera simultánea, si del 20al 20 de este mes de octubre,
sus respetivos emplazamientos a huelga, en el caos del STAUAG, lo estará
depositando el próximo 28 de los corrientes.
Las
demandas son: por una zona salarial única, 90 días de aguinaldo respeto al
Contrato Colectivo de Trabajo, revisión contractual y as de 400 problemas
laborales. A nivel nacional estarían solicitando un incremento salarial del 20
por ciento, al considerar que el porcentaje de inflación que marca el gobierno
federal, se pulveriza de un 3.2 por ciento, y la intención nacional, es romper
con el tope salarial insistió el dirigente del STAUAG.
La
Federación de Sindicatos Universitarios estaría por su parte haciendo lo mismo,
exigiendo el incremento en el subsidio a las universidades públicas, ante el
riesgo de que no reciban las distintas prestaciones conquistadas, ante los
anuncios hechos por el gobierno federal de reducir los presupuestos.
Por
último el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), del congreso de la unión, Francisco Martínez Neri, calificó de
‘ridículo’ el recorte a la educación por más de 37 mil millones de pesos, lo
que significa 15.1% menos que en el 2016, de acuerdo con la propuesta
presupuestal 2017 elaborada por el gobierno federal.
Asentó
que dicha reducción es inadmisible cuando se trata de un rubro fundamental para
el desarrollo del país, por lo que resulta contradictorio que las autoridades
educativas planteen escuelas mejor equipadas, mientras se disminuyen los
recursos. “La educación no debería ser afectada en los recortes, en todo caso
la cifra debería ir en aumento, no podemos ir en retroceso. Nuevamente se
demuestra que la reforma educativa es sólo un discurso.
Es
fundamental que el Ejecutivo federal entienda que la educación es prioridad”, anotó.
Martínez Neri aseveró que en el presupuesto asignado a este rubro se eliminaron
de manera arbitraria el Programa de Inclusión Digital y el Programa de
Fortalecimiento de Calidad Educativa, por lo que hizo un llamado al secretario
de Hacienda, Antonio Meade, y al de Educación, Aurelio Nuño, para que expliquen
estos recortes.
Advirtió
que de ser aprobado el Presupuesto 2017, como fue enviado por el Ejecutivo
federal, las consecuencias serán desfavorables para el país, pero sobre todo,
habría sido una ilusión la posibilidad de llevar a cabo una mejora en la
educación.
Con
el recorte presupuestal se verán afectadas las relaciones laborales con el
sindicato y el cumplimiento en materia de becas con los estudiantes; se
afectará la operación de las propias universidades.
