*Abusos,
ilegalidades, ambición, extorsión y corrupción, los usuarios, ni confort ni
seguridad
*El
único beneficiado con el alza al pasaje es el patrón: choferes
Por
Agencia Periodística de Investigación
Chilpancingo,
Gro.- Actos violatorios de la Ley, abusos y ambición de los patrones o
concesionarios, han hecho que el transporte público se convierta en un sector
indomable para el Gobierno. En Guerrero se ofrece un pésimo servicio y, además,
está la mano del crimen organizado.
Crimen
Organizado
En
Chilpancingo actualmente hay más de 600 unidades de taxi avaladas por la
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. Hace un año, por la fuerza entraron
alrededor de cien que, en un primer momento circulaban con números clonados o placas
de automóvil particular.
Uno
de los promotores de esta acción ilegal fue Inocente Mojica Peña, líder
transportista que fue colaborador en el gobierno municipal que encabezó el
priista Mario Moreno Arcos. Los dos fueron señalados como miembros del crimen
organizado por empresarios y comerciantes.
Las
autoridades estatales terminaron validando esta acción y ahora las unidades
circulan de forma legal, sumando los más de 600 taxis en Chilpancingo, sin que
haya existido un estudio técnico de por medio. Simplemente se avaló la voluntad
de los líderes transportistas y delincuencia organizada.
Varios
trabajadores del volante consultados por esta agencia de noticias, afirmaron
que hoy las ganancias son mínimas para ellos a raíz de la incursión de los 100
nuevos taxis, pero no se atreven a protestar porque saben que “son protegidos
por la maña”.
“A
lo mejor si fuera cualquier taxi pues lo pararíamos, pero no. Aquí hablamos de
taxis que metieron los líderes transportistas más poderosos y que además son
protegidos por la delincuencia organizada. A la maña le conviene tener unidades
aquí porque esas unidades en realidad son de ellos”, comentó a voz discreta,
temeroso, un chofer que brindaba un servicio.
Otro,
cabizbajo, expresó: “pues… ¿Qué le hacemos? Se metieron y aunque uno quiera no
se puede hacer nada. Las autoridades lo avalaron. Ahora nosotros venimos
ganando de cien a 150 por turno si bien nos va, cuando antes eran de 200 a 300.
La verdad si nos vinieron a poner en la madre”.
En
Iguala hay casi el doble de taxis a pesar de ser una ciudad más pequeña.
Existen cerca de mil 200 unidades circulando a diario y, solo el ex alcalde
Jose Luis Abarca Velázquez (preso por delincuencia organizada), logró controlar
a este sector al turnar por días a las unidades.
Reportes
obtenidos por API, muestran que taxis y combis pagan mensualmente una cuota de
200 pesos (por unidad, que son más de 3 mil en total) al crimen organizado,
mismo que en las propias oficinas regionales de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad, se maneja como una “cuota de altruismo”, supuestamente
destinada a la donación para los sectores pobres de la sociedad.
Una
casa ubicada en la colonia “Castrejón”, sería una de las tantas a las que los
propios transportistas tienen que llevar la cuota. Todo, bajo el consentimiento
de las autoridades.
De
esta forma, tan solo en la ciudad de Iguala, la delincuencia organizada estaría
recibiendo más de 600 mil pesos de forma mensual por conducto del cobro por
“derecho de piso” al sector transportista.
Además
del pago de una cuota que, en Guerrero se da al menos en los municipios más
grandes (Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Chilpancingo, Altamirano, Iguala, etc.),
los choferes de las unidades han sido utilizados como “halcones” del crimen
organizado y, tanto organizaciones transportistas como autoridades en la
materia, se han prestado al juego.
Alza
al pasaje
Recientemente
en Chilpancingo se dio un alza al costo del pasaje. De forma abrupta y
arbitraria, los choferes de combis empezaron a cobrar 6 pesos, pero también de forma
repentina continuaron con la tarifa de 5.
La
autorización hecha el pasado 27 de agosto en la capital, fue una orden directa
de los permisionarios y líderes transportistas, no de la Comisión Técnica del
Gobierno del Estado.
Ahora
que disminuyó la tarifa, ha crecido el rumor de que, para diciembre o enero, el
servicio tendrá oficialmente un costo de siete pesos; es decir, dos pesos o el
40 por ciento más, del precio actual.
En
el caso de Iguala, a finales de septiembre se incrementó de 6 a 7 pesos el pasaje
y hasta la fecha se mantiene a pesar de que no ha habido un pronunciamiento
oficial de la Comisión Técnica de Transportes ni una justificación pública.
Omar
Briseño Tapia tiene 47 años de edad. Es cabeza de una familia compuesta por 5
integrantes. Es conductor de una Urvan de la ruta “Los Ángeles-Zócalo-Mercado”,
en Chilpancingo. En una charla, se quejó porque sus condiciones de trabajo son
“irregulares”. No cuenta con seguro médico ni prestaciones laborales. A él, la
reforma laboral no le ha beneficiado en nada porque sigue en las mismas
condiciones.
El
no tener una fuente de ingreso fija, provoca una desestabilidad económica en su
entorno familiar.
“El
tener que solventar los gastos para cinco personas diariamente, con un trabajo
que no te remunera económicamente las largas jornadas laborales, y sumado a la
falta de beneficios por tu trabajo, es una de las consecuencias de que las
leyes laborales en nuestro estado no estén reguladas. En papel sí lo están
pero, en la práctica existen los compadrazgos y las amistades que protegen a
los patrones que no dan prestaciones a sus trabajadores”.
El
trabajador del lamentó que la inestabilidad de sus ganancias provocan a su vez
que no pueda ser acreedor a una vivienda. “El ser trabajador de gobierno o de
alguna empresa privada te da la posibilidad de crecer económicamente, contando
incluso con el beneficio INFONAVIT o FOVISTE para poder hacerse acreedor de una
casa propia”.
Tampoco
tiene un plan de ahorro para el retiro, por lo que esto generará que no tenga
una edad para poder dejar de trabajar. Estar sentado de 7 a 15 horas diarias,
incluso, trae serios problemas de salud y una fatiga constante.
Ulises
Nava de 29 años de edad, chofer de la ruta “Galeana”, es esposo y padre de
familia, dijo a este medio de comunicación que el aumento no se verá reflejado
en la ganancia diaria de los trabajadores del volante, aunque de alguna manera
puede ser benéfico para completar “la cuenta para el patrón y gasolina”.
Dijo
que en caso de algún accidente, los choferes son quienes cubren en la mayoría
de los casos los gastos.
También
se quejó porque no tiene prestaciones ni aguinaldo, solo una especie de “bono”
que ellos mismos se tienen que ganar a fin de año, y no aspiran a más.
En
su trabajo, resaltó, no se valora la antigüedad y el sueño de una vivienda
propia, cada día se aleja más.
Ulises
contó que hace un par de meses calló víctima de chikungunya, motivo por el cual
tuvo que dejar de laborar alrededor de diez días, mismos en que no percibió
ganancia alguna y su familia prácticamente tuvo que endeudarse para poder
solventar los gastos diarios, tanto de medicinas como alimentación.
“La
solución de mi patrón fue que trabajara un día y lo que sacara de cuenta sería
para los medicamentos, pero me era imposible poder ponerme de pie los primeros
días”, señaló el conductor. Para este conductor, como muchos, es casi imposible
pagar los estudios de su hija que cursa el segundo año de primaria, aunque va a
una escuela pública. Las cuotas escolares y pagos por el derecho a libros y
material didáctico, se convierten una carga más, y es donde observa que tampoco
la reforma educativa ha servido.
“A
lo que nosotros aspiramos como trabajadores del volante no es el aumento del
pasaje, sino que de alguna manera se regulen las tarifas de la cuenta que
entregamos los cuales dependiendo del permisionario, van desde los 800 hasta
los mil 200 diarios, donde (sacamos nuestra ganancia) descontando todos los
gastos que tenemos que hacer para entregar la unidad en buen estado. Hay días
donde solo percibimos cien pesos”, lamentó.
Ni
seguridad ni calidad
“Si
le van a subir el costo del pasaje, por lo menos deberían de empezar (los
choferes) a manejar mejor, bajarle a su música y detenerse en las paradas
correctas”. Esta es la expresión de María Nava Tapia, usuaria del transporte
público. La mujer gasta la mitad de su sueldo en este servicio que usa a
diario. Es madre de tres hijos; uno cursa el primer año del CBTis y dos el
primer y tercer año en la ESFAID.
Detalló
que al ser el único sustento de la familia, de los 120 pesos que percibe como
salario en una fonda, sesenta son los que gastan diariamente en usar el
servicio de Urvan, ella y su familia.
“No
estamos diciendo que el aumento sea un robo, pero como usuarios tenemos todo el
derecho de exigir calidad en el servicio, mismo que con las carreritas, con el
ir al volate hablando por teléfono y al no respetar los señalamientos, no
recibimos; por lo cual antes de realizar esto, los dueños de las combis
deberían de contratar personal apto”, reprochó.
La
mujer es una de las tantas personas que se ven afectadas con el incremento al
pasaje. Dice no estar de acuerdo pero, si lo van a imponer las autoridades
“como siempre”, pues lo menos que puede hacer es exigir un mejor servicio.
Violaciones
a la Ley
Para
el abogado Alfredo Solís Montes, presidente de “Juristas Guerrerense A.C.”, el
aumento a la tarifa de transporte público en Guerrero no es proporcional al
salario mínimo. Detalló que esta “arbitrariedad” es una condición que se da en
medio diversas violaciones a la Ley del Transporte del Estado, donde lo que más
figura son las variaciones en los abusos hacia el sector trabajador.
“¿Qué
tan justificable puede ser el aumento?”, cuestionó el jurista en relación al
margen alto de ganancias de los permisionarios, en comparación a lo que el
chofer recibe como pago por su trabajo y el mal servicio que se brinda. “Dónde
quedan los derechos del trabajador?”, soltó una segunda pregunta durante una
charla con reporteros de esta agencia.
Detalló
que si las organizaciones de transportistas aplican un aumento sin aval de la
Comisión Técnica de Transporte del Gobierno Estatal, estarían infringieron la
ley como ya lo hicieron en agosto pasado.
El
abogado Solís que encabeza una de las Asociaciones más importantes del Estado
en materia de derecho, dijo que a la fecha no se conoce un estudio técnico
socioeconómico como lo establece la Ley, y, de ser oficial el incremento, no se
ha publicado en el diario oficial del Gobierno del Estado como lo marca el
proceso legal.
Otro
de los puntos de la Ley de Transporte que abordó, fue el marcado en el artículo
21 Bis, donde se establece la participación ciudadana que no respetan las
autoridades, es decir; “los ciudadanos y menos los usuarios tienen voz y voto”.
Enfatizó
que cumplir la ley en todos sus sentidos no es parte de la cultura de los
permisionarios y líderes del Transporte, principalmente porque en el Consejo
Consultivo ellos deben estar invitados por el Gobernador y el Secretario de
Gobierno.
“Debería
haber una consulta tanto a organizaciones sociales como a usuarios”,
puntualizó.
Dicho
estudio debe analizar la zona donde se piensa realizar el “incremento”,
situación que, incidió, también es desproporcional poniendo como ejemplo que en
Iguala el pasaje es más caro que en Chilpancingo, lo que claramente es
desproporcional porque son distancias más cortas.
El
abogado reconoció que existe un desequilibrio económico con respecto a las
alzas de gasolina, pero lamentó que no se guardan las formas legales, en los
momentos en que se asigna un incremento al pasaje, situación que únicamente
beneficia a las organizaciones transportistas.
Expresó
que debido a las circunstancias actuales en este sector, los permisionarios
están evadiendo leyes y no otorgando un salario acorde a las ganancias. Dijo
que el negocio del transporte público es demasiado lucrativo, ya que los
propietarios de permisos tienen márgenes de utilidad bastante considerables.
Esto,
tomando en cuenta los 800 pesos al día que gana un patrón, que si se multiplica
por 30 días del mes, se estaría hablando de una ganancia superior a los 24 mil
pesos. Anualmente, esto es: 336 mil pesos solamente siendo propietario de una
unidad, cuando los principales líderes del sector son concesionarios de varias
porque han acaparado placas por medio de corrupción.
Por
su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en
Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega Corona manifestó también para esta agencia
su desacuerdo con el aumento al precio en el transporte público. Aseguró que
los agremiados han coincidido en que esta medida repercutirá en la actividad
económica de los comerciantes que mantienen ingresos mínimos.
Este
sector empresarial que agremia más de 600 establecimientos en Chilpancingo,
rechazó la acción realizada por el sector transportista.
Argumentaron
que la economía del municipio en este momento permanece colapsada, recibiendo
ganancias hasta en un sesenta por ciento menores a la de hace algunos años, y
lo mismo pasa en otras ciudades del Estado. (API).
