Iguala, Gro.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) emitió la Recomendación 015/2026 contra el Ayuntamiento de Iguala por violaciones a los derechos humanos de la periodista Flor Miranda Mayo, al acreditar actos de hostigamiento y violencia digital derivados del ejercicio de su labor informativa.
Aunque la queja fue presentada contra el alcalde Erik Catalán Rendón, la investigación de la CDHEG concluyó que la responsabilidad recae en el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Jesús Alberto Santana Velázquez, por acciones que atentaron contra la libertad de expresión y el derecho de la comunicadora a ejercer el periodismo libre de violencia.
El expediente establece que, tras la publicación de notas críticas sobre la administración municipal, el Oficial Mayor utilizó grupos de WhatsApp conformados por trabajadores del Ayuntamiento para pedir que reportaran de manera masiva la página de Facebook de API, con el propósito de provocar su bloqueo o desaparición de la plataforma.
Ante esa situación, Flor Miranda realizó una transmisión en vivo en la que responsabilizó públicamente a las autoridades municipales de cualquier agresión o daño que pudiera sufrir el medio de comunicación o su equipo de trabajo, al considerar que existía una campaña de intimidación para censurar su labor periodística.
La Comisión concluyó que estas acciones constituyeron violaciones a los derechos humanos de la periodista, específicamente a la libertad de expresión, al principio de legalidad y al derecho de las mujeres periodistas a una vida libre de violencia, al acreditarse violencia de género en su modalidad digital.
Como parte de la recomendación, la CDHEG ordenó al Ayuntamiento iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas contra el Oficial Mayor, capacitar a los servidores públicos en derechos humanos, perspectiva de género y libertad de expresión, además de designar un enlace para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas.
La Comisión advirtió que el Ayuntamiento cuenta con 15 días naturales para aceptar la recomendación. En caso de hacerlo, tendrá 15 días hábiles adicionales para acreditar su cumplimiento. Si la administración municipal rechaza la recomendación o incumple con las medidas ordenadas, la negativa será pública y la CDHEG podrá solicitar la comparecencia de las autoridades municipales ante el Congreso del Estado, con el propósito de que expliquen las razones por las que desacataron una resolución del organismo defensor de los derechos humanos.
La resolución representa un precedente en Guerrero al reconocer que promover campañas coordinadas para intentar desaparecer de redes sociales a un medio de comunicación constituye una forma de censura y violencia digital contra una periodista, vulnerando el derecho de la sociedad a recibir información.
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