*Asciende en Guerrero la violencia sexual y asesinatos
contra mujeres
Por Arturo González
Chilpancingo, Gro.- El ataque sexual, el asesinato, la
tortura, el acoso, son solamente parta de un escenario cruento y terrorífico
que viven las mujeres en el estado de Guerrero, aunado a que en la zona de La
Montaña, las niñas indígenas pasan a formarte de un comercio sexual auspiciado
y tolerado por los padres, quienes ven a sus hijas como una oportunidad de
salir de la terrible pobreza en que las ha sumido este gobierno.
Desde que inicio la guerra fratricida contra el
narcotráfico por parte del gobierno panista de Felipe Calderón, el asesinato y
violación de las mujeres en el país ha aumentado de forma considerable, y
aumentó aún más con el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que se han dado
los asesinatos por parte de fuerzas oscuras de niñas, sin que se haya hecho o
se vaya a hacer algo para terminar con este problema que a destrizado familias
enteras y enlutado miles de hogares.
De acuerdo con el Secretariado de Seguridad Pública,
el estado de Guerrero ocupa el lugar 22 de 32 estados en donde se da la
agresión en contra de mujeres, pero en asesinato de mujeres las cifras pueden
crecer, porque a diario tenemos que han asesinado a mujeres en diferentes
regiones de la entidad.
Un informe de la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Guerrero, señala que tan sólo en el 2016, más de ochenta niños
sufrieron agresión sexual, y ello sin contar las varias agresiones en contra de
los infantes que no son denunciadas ante las autoridades estatales por las
familias quienes desconfían de este gobierno.
Por su parte
las integrantes de las organizaciones Mujeres Católicas por el Derecho a
Decidir y de Alianza Feminista informaron que “en el estado de Guerrero, al
menos 20 mujeres son víctimas de abuso sexual, lo que demuestra que desde 1985
no se ha detenido la violencia hacia las mujeres, entre ellos feminicidios”.
Dicen las católicas que “El estado de Guerrero se ha
mantenido en los primeros cinco lugares a nivel nacional en violencia a la
mujer y niñas, entre ella física y sexual, así como homicidios.
Emma Cerón Díaz de la alianza feminista solicitó en
fechas pasadas a las autoridades hacer
válida la Norma 046 que consiste en la atención a mujeres víctimas de
violencia, en la que se aplica la interrupción legal del embarazo por violencia
sexual.
En la Montaña de Guerrero, encontramos que el abandono
y la violencia en el seno familiar se enlazan perfectamente con la marginación
que padecen las comunidades indígenas en la región de la Montaña guerrerense.
Las mujeres son víctimas por culpa de un Estado ausente, reiteradamente omiso e
incapaz de garantizar a la población de esas comunidades la satisfacción de
necesidades básicas: alimentación, salud, educación.
Delfino Arriaga Alvarado de Redefine Guerrero, ha
denunciado que cada mes, entre cuatro y cinco casos de niñas embarazadas
víctimas de violación por parte de familiares cercanos como padres, padrastros,
incluso, autoridades municipales son reportadas en la región de la montaña Baja
de Guerrero.
Arriaga Alvarado, dio a conocer que en Guerrero todos
los días, las niñas hacen frente a la
discriminación, violencia familiar y sexual, esta última, la mayoría de las
veces proviene de familiares cercanos, sin embargo, esta violencia se ha
estigmatizado, no se hace pública y no
hay repercusiones hacia el agresor.
“En la entidad, la población de niñas de 10 a 14 años
es de 183 mil 775, pero quienes viven en comunidades indígenas se encuentran en
una condición de vulnerabilidad y exclusión de parte de los tres niveles de
gobierno”, señaló Arriaga.
De acuerdo a cifras presentadas por ADIVAC se estima
que, en México, cada nueve minutos se violenta sexualmente a una persona, lo
que sólo en el Distrito Federal representa sesenta mil víctimas por año. El
abuso sexual es uno de los delitos más graves cometidos contra la integridad y
los derechos de la otra persona y cuando las víctimas son menores de edad, la
gravedad de esta agresión aumenta y las consecuencias son aún más devastadoras,
pues por desgracia muchas veces el abuso comienza en la infancia y continúa
durante años perpetuándose incluso hasta la adolescencia o vida adulta de la
víctima
Cada ocho minutos puede estar ocurriendo una abuso
sexual en la entidad, una muerte, una tortura en contra de mujeres puede
ocurrir en cualquier momento, y es que la crisis de valores se ha estado
agudizando, además de que hay un rompimiento macabro del tejido social, que ha
permitido que miles de niños se encuentren sin alguien que los oriente o los
apoye. Por ello los abusos sexuales se han incrementado, y es que las
autoridades de este gobierno no cuentan con una estrategia para minar este
problema, no hay funcionarios sensibles y preparados para afrontar este problema,
porque el círculo de amigos del gobernador sólo pretende embolsarse grandes
cantidades de dinero para gastarlo en prostitutas y alcohol.
A raíz de que el crimen organizado desplazó a las
autoridades y se enquistó en el poder las políticas públicas han sido para
simular y ocultar la verdadera problemática en la que vivimos, además de que
según funcionarios de la Secretaría de Salud, los infantes están “muy sexuados,
es decir, están muy expuestos a la influencia de la televisión y otros medios
de comunicación con alto contenido de violencia y temas sexuales”.
Policías abusan sexualmente de activista
Un caso que acaparó la comunidad internacional y
nacional, que además causó un enorme escándalo en la entidad, fue el caso de la
activista pro defensa de los derechos humanos,
Yndira Sandoval Sánchez, quien denunció que en la ciudad de Tlapa en
donde había viajado para participar en un encuentro sobre las garantías
individuales, fue detenida, torturada y
violada por policías de Tlapa de Comonfort, Guerrero.
La activista Sandoval Sánchez señaló en su denuncia
que viajó a la ciudad de Tlapa, para
participar en una conferencia en la Universidad Autónoma de Guerrero
sobre la violencia contra las mujeres y, al término de la misma, acudió a una
clínica para atenderse una herida.
De acuerdo con la defensora de derechos humanos, en
esa ciudad de Tlapa de Comonfort, tuvo una discusión con un médico que llamó a
la policía, y algunos agentes la llevaron a la sede de esa corporación.
De acuerdo con la activista, en las instalaciones de
la policía municipal de ese municipio fue abusada sexualmente por una de las
uniformadas, y la respuesta del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, fue
que no tolerarán actos que vulneren la
integridad de niñas y mujeres en el estado, y que cualquier acto de violencia
de género es condenable.
Las autoridades policiacas alegaron en su favor que la
activista Indira Sandoval, había sido detenida por hacer escándalo en estado
inconveniente, y que solamente había sido remitida por las autoridades de
barandilla, mientras que la mujer acusada de violación, señaló en su favor que
ella sólo había participado en su detención y que la había entregado a las
autoridades.
Violencia sexual en Acapulco
Por su parte recientemente la famosa organización
Médicos Sin Fronteras informó que en el Puerto de Acapulco, de mayo a la fecha
se habían contabilizado un total de 161 casos de violencia sexual en ese
paradisiaco lugar, y que la mayor incidencia estaba focalizada en las colonias
Emiliano Zapata y Renacimiento, lugares donde también a diario ocurren cruentas
balaceras y asesinatos de hombres y mujeres.
Marçal Roca coordinador general de la organización
puntualizó que un equipo de 43 médicos,
psicólogos y demás personal, se encuentra en la Clínica Avanzada de Atención
Primaria a la Salud (CAAPS) y en el hospital Donato G. Alarcón para dar
atención gratuita a las víctimas de violencia sexual.
El activista denunció que la población del puerto de
Acapulco, desconoce la urgencia médica que genera una violación.
Dijo que se debe brindar atención médica en las
primeras 72 horas, con la finalidad de prevenir alguna enfermedad de
transmisión sexual como VIH, sífilis, gonorrea, o hasta un embarazo o
hepatitis.
El coordinador anunció que “la organización lanzó la
campaña SIVIS, que significa Servicio Médico Integral frente a la Violencia
Sexual bajo el lema Sanar es posible, para promover la atención integral para
los sobrevivientes de la violencia sexual. Detalló que SIVIS es un servicio
especializado, gratuito y confidencial que también busca atender las
necesidades médicas y psicológicas de los sobrevivientes, los cuales son
particularmente vulnerables a los efectos de la violencia que actualmente se
vive en esta ciudad”.
Los casos de abuso sexual en nuestro país no se castigan,
debido a que sólo 3 de cada 100 se castigan, por lo que es evidente que se
tienen lamentables fallas estructurales en el combate a este delito en el país.
Los delincuentes cometen los delitos porque saben que
no van a ser castigados, porque las autoridades no investigan, porque existe
una corrupción creciente en las distintas esferas de la procuración y
administración de la justicia de las diversas entidades.
De cada 100
agresiones que se perpetran, solamente seis llegan a ser denunciadas por las víctimas
y de esas ni la mitad terminan consignadas por las procuradurías.
La Comisión solicitó a las procuradurías de los
estados el número de averiguaciones previas por delitos sexuales en este mismo
periodo. Solo la mitad respondió y la cifra fue de 83 mil expedientes, un
mínimo del universo de casos proyectados que se cometieron.
Recientemente la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas denunció que existe un desorden generalizado en el registro de los
casos de violencia sexual. Cada dependencia, ya sea de justicia, de salud, de
atención social o de derechos humanos, registra arbitrariamente la información
sobre las víctimas, las características del evento ocurrido y los servicios
brindados.
Por supuesto esto impide contar con información
homologada que facilite un análisis y diagnóstico.
Por citar algunos ejemplos, cada procuraría del país
tiene formatos distintos para el registro de los casos; hay instituciones de
salud que no cuentan con información del número y edad de mujeres víctimas de
violación que recibieron anticonceptivos de emergencia; 14 comisiones estatales
de Derechos Humanos no tienen información sistematizada; 20 secretarías del
trabajo de plano no cuentan ni con una base de datos.
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