Testigos protegidos: destino funesto

LECTURA POLÍTICA

Noé Mondragón Norato

El cadáver de El Diablo fue lanzado desde lo alto del puente Solidaridad, en la Autopista del Sol. No cayó a las turbulentas aguas del río Mezcala. Su cuerpo inerte impactó seco en la dureza de las rocas. Al mediodía del sábado 13 de octubre de 2012, la osamenta fue encontrada dispersa en un área de 25 metros. Los rastros fueron contundentes: la fauna silvestre se encargó de devorarlo. Una placa de metal para dientes postizos quedó al descubierto, incrustada en su dentadura. En sus tobillos descarnados pendía una agujeta negra con la que sus asesinos lo amarraron. Fue ese el trágico final del mecánico, Jaime Galván Rodríguez El Diablo, testigo protegido de la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien había “desaparecido” desde el 10 de septiembre de aquel año. Pero en el pecado llevó la penitencia: señaló con dedo flamígero a Policías Federales adscritos a la PGR, como quienes dispararon y asesinaron -la mañana del 12 de diciembre de 2011-, a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, durante un bloqueo a la Autopista del Sol. Como principal sospechosa del crimen, apareció su concubina, Margarita Arcos Nava, quien fue detenida junto con Noel Valerio Salgado, El Nini y José Alfredo Bello Martínez. Después, la PGJE capturó en Puerto Vallarta, Jalisco, a Miguel Portillo Gaspar, otro de los involucrados. Todos coincidieron en señalar a Margarita, como quien les pagó 30 mil pesos para ejecutar al Diablo. Acabaron ahí los señalamientos, las controversias, las acusaciones, los dimes y diretes entre la PGR y la PGJE, en relación a cuáles agentes de ambas corporaciones fueron los que realmente accionaron sus armas contra los dos normalistas. Porque el testigo protegido ya no habló más.

EL TESTIGO CLAVE.- Desde el 23 de agosto de 2017, está desaparecido. Un grupo armado “lo levantó” en calles de Chilpancingo, de acuerdo a la denuncia de su pareja, Keyla Lizbeth Urióstegui Cosme. Hasta la fecha, nada se sabe de él. Ni hay rastros de dónde puede estar. Literalmente, se lo tragó la tierra. El fiscal Xavier Olea Peláez, tiene su propia versión en este asunto: el bolillero, Braulio Hernández Gutiérrez, era el testigo clave en el homicidio del secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez, quien fue ejecutado a balazos la noche del pasado miércoles 19 de abril, cuando se desplazaba en un Jetta blanco de su propiedad, sobre la calle Montes Urales, casi al llegar a su domicilio particular ubicado en la colonia Las Américas. Hernández Gutiérrez, es “el testigo ocular” del crimen contra Demetrio, y gracias a su testimonio la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Ángel “N”, quien está siendo procesado penalmente por ese delito. En ambos casos, tanto El Diablo como el bolillero, fueron desprotegidos. No se instrumentaron medidas cautelares para salvaguardar su vida, en función de que se encontraban en una situación de riesgo. Y ahí, tanto la ex procuradora de Justicia, Martha Elba Garzón Bernal, como el actual fiscal, Xavier Olea Peláez, acusaron descuido y omisión. Negligencia criminal. Pero como son asuntos que no se castigan en la función pública ni están tipificados como delitos, a ninguno de ellos se les responsabilizó de estos crímenes. Los testigos protegidos son una figura tan engañosa como simulada. Perversa y eficaz. Pero al menos en Guerrero, han terminado muertos o desaparecidos. Ese es el punto.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El diputado local perredista, Sebastián de la Rosa Peláez, solicitó licencia para buscar la candidatura al Senado. Sin embargo, su problema abanica en dos frentes: ¿Por cuál partido competirá, si ya condenó y se deslindó de la alianza entre PAN-PRD-MC, a través del Frente Amplio Democrático (FAD)? ¿Cómo le hará para quitarse la pesada loza política, consistente en haber apoyado y ser apoyado a la vez, por el ex edil perredista igualteco defenestrado, José Luis Abarca Velázquez?