miércoles, 26 de abril de 2017

Reformaran Ley contra funcionarios corruptos

Chilpancingo, Gro.- Con el objetivo de complementar los mecanismos para prevenir actos de corrupción y establecer instrumentos que permitan una rendición de cuentas clara y efectiva, y así transparentar el ejercicio de los recursos públicos, el diputado César Landín Pineda propone reformar la Ley de responsabilidades de los  Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de la entidad, en materia de responsabilidad administrativa.
Con la reforma, dijo el legislador, se establecería que todos los servidores públicos tengan la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o los órganos internos de control de los que dependan, y de no hacerlo se les iniciará una investigación por omisión.
En la sesión de este martes, el legislador dijo que dicha propuesta es indispensable, porque también se establecen los plazos y mecanismos para la presentación de dicha declaración, y que contendrá datos precisos de los declarantes para llevar un registro minucioso en el sistema de evolución patrimonial, dándose aviso únicamente de dicha situación.
Explicó que, entre otras cosas, se propone que las declaraciones sean presentadas a través de medios electrónicos, y que en el caso de que los municipios no cuenten con esas tecnologías, se elaborarán con formatos impresos que los órganos de control interno y las secretarías deberán digitalizar.

Finalmente, agregó que “es necesario que haya una rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, personas físicas y morales que contraten o sean contratados para hacer obras o servicios con recursos públicos, para transparentar los recursos que se utilizan o utiliza el Estado para la ejecución de obras, como son construcción de escuelas, apoyos para adultos mayores, becas para estudiantes, entre otros apoyos, en beneficio de la ciudadanía”.

El diputado César Landín Pineda propone reformar la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de la entidad, en materia de responsabilidad administrativa.

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