Chilpancingo, Gro.- La LXI Legislatura exhortó
a los gobiernos federal y estatal para que a la brevedad implementen medidas
que garanticen la paz, la seguridad y la solución del conflicto agrario entre
las localidades de San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan, en el municipio
de Tepecoacuilco de Trujano.
Lo anterior como parte de un Acuerdo
Parlamentario propuesto por la Junta de Coordinación Política y leído en
tribuna por la diputada Flor Añorve Ocampo, quien señaló que desde 1987 dichas
comunidades presentan un conflicto
agrario por la posesión de 3 mil 130 hectáreas de tierra.
Explicó que el 19 de febrero de 1987 fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo con el que se dio
inicio al procedimiento de conflicto por límites de tierra entre las
localidades mencionadas y en 1997 el Tribunal Unitario Agrario 12 dictó
sentencia definitiva, declarando que las 3 mil 130 hectáreas pertenecen a la
localidad de San Agustín Oapan.
Sin embargo, derivado de la inconformidad
presentada por San Miguel Tecuiciapan, en febrero del 2014 el Tribunal Unitario
Agrario 51 resolvió que sólo se le debían entregar a la localidad de San
Agustín Oapan 2 mil 717.93-85 hectáreas. Ante ello se dio una inconformidad,
que ha llegado a presentar otros conflictos de carácter social entre los
pobladores de ambas comunidades.
Entre esos problemas está el cierre del camino
que comunica a ambas comunidades, lo que ha generado malestar entre pobladores
de la región y provocado que habitantes de doce localidades, el 16 de marzo del
2017, se presentaran al Congreso solicitando se les resuelva el problema para
evitar llegar a situaciones lamentables.
La también presidenta de la Junta de Coordinación Política destacó que el problema
principal está resuelto y aceptado por las localidades en conflicto, por ello
es necesario que los pobladores de ambos lugares, con la intervención de
autoridades federales y estatales, se sienten a resolver sus diferencias y
eviten dañar a terceros con sus desavenencias.
La diputada Flor Añorve Ocampo propuso reformas
al Código Penal y al Registro Civil del Estado para castigar hasta con cuatro
años de prisión a quien contraiga matrimonio con una persona menor de 18 años o
incapaz, sujeta a su tutela, custodia o curaduría y la destitución del oficial
del Registro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario