¿Impunidad, hasta cuándo?

Bajo Fuego

¿Impunidad, hasta cuándo?

José Antonio Rivera Rosales

Mediante un puntilloso comunicado la Fiscalía General del Estado tomó distancia del desempeño fallido de quienes le antecedieron, en el contexto de una escandalosa impunidad que envuelve el caso del magnicidio de Armando Chavarría Barrera.

Elaborado con una redacción muy cautelosa, el comunicado fue emitido por la dependencia apenas unas horas antes del 20 de agosto, cuando familiares y amigos del diputado asesinado conmemoraron su séptimo aniversario luctuoso, acto en el que obviamente hubo reclamos sentidos a las autoridades por la ausencia de resultados.

Pocas veces un comunicado de la FGE reviste tanta solemnidad y cuidado en el manejo de escenarios y términos. Por lo general sus boletines de prensa son meros pretextos para promocionar la imagen política del titular, Xavier Olea Peláez, tan vapuleada por los desplantes discursivos del propio fiscal que, en algunos casos, mueven a risa.

Por lo menos en esta ocasión el documento de la Fiscalía hace un deslinde necesario aunque tardío. ¿Por qué hasta ahora, si hubo muchos meses previos en los que pudo haber informado con anticipación y cortesía a los familiares agraviados?

Empero, la conducta reactiva de la dependencia no suprime la importancia del documento, que no tiene pierde en tanto que por primera vez atiende con suficiencia un asunto tan delicado no sólo para su familia, sino para la comunidad entera dado que Chavarría era cabeza de sector de la soberanía guerrerense y el candidato natural de la izquierda a la gubernatura.

Aunque la secrecía del proceso investigativo obliga a la dependencia a mantener silencio sobre el avance de las investigaciones, a la distancia nos enteramos de que hubo pocos avances substanciales, y en cambio hubo más profusamente omisiones, complicidades y encubrimientos que debieran ser causal suficiente para mandar a prisión a más de un funcionario o ex funcionario de la propia dependencia.

Desde el atentado ocurrido en 2009, han desfilado como titulares de la dependencia Alberto López Rosas, Martha Elba Garzón Bernal, Iñaki Blanco Cabrera, Miguel Ángel Godínez Muñoz y, ahora, Olea Peláez, que un día sí y otro también se contradice en sus palabras.

Ante la viuda Martha Obeso, por ejemplo, hace poco admitió que no tenía avances substanciales en la investigación.

Sin embargo, en declaraciones de prensa registradas el pasado 2 de marzo, Olea Peláez alardeó: Los fiscales anteriores ’no investigaron nada, pero yo en tres meses estoy muy cerca de quienes pudieron haberlo hecho, hasta que no los tenga no te puedo decir son estos angelitos, pero estoy cerca’. ¿Así o más cantinflesco lo quieren?

Con todo, el documento emitido la noche del 19 establece una postura de la que difícilmente podría eludirse una responsabilidad, además de que dejó en claro que hubo un desempeño deficiente de quienes le antecedieron en el cargo, aunque más bien estamos ante un claro encubrimiento y obstrucción de la justicia que, a estas alturas, es un compromiso ineludible y obligado por parte no de la FGE, sino de la gestión que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores.

En principio, deja en claro que la investigación judicial del caso Chavarría Barrera está ’plagada de irresponsabilidad jurídica institucional’, pese a lo cual el gobierno estatal ’está asumiendo cabalmente la responsabilidad de estado’ que le corresponde en la investigación.

Sin la menor consideración se refiere a ’las gestiones jurídicas equívocas y erráticas’ cometidas por ’las administraciones estatales y de procuración de justicia de los gobiernos que nos han precedido’. Es decir, en todos estos años quienes estuvieron al frente de la FGE cometieron errores garrafales.

Más adelante, en el ámbito de las ’presuntas responsabilidades’, el documento puntualiza que ’no existió declaración alguna que señalara al responsable del homicidio. Sólo se señalaron referencias de comentarios escuchados. Este es un tema que es necesario actualizar con nuevas convocatorias a personajes políticos’.

En ese mismo contexto, establece que la actitud de la mayoría de los declarantes en la averiguación previa fue ’renuente, parca, omisa y evasiva’.

Con todo, el documento abre nuevas expectativas dado que por su conducto la FGE se compromete en el corto plazo a ’rescatar la continuidad de esta investigación criminal’ con el fin de ’explorar, agotar y/o crear una nueva línea de investigación’.

Aunque el texto es aparentemente vago, por su conducto la FGE aporta el nombre de uno de quienes ’entorpecieron dolosamente las investigaciones’, el ex fiscal José Fernando Monreal Leyva.

Además, aunque utiliza un lenguaje críptico, el comunicado deja entrever que dará continuidad al entorno político de la investigación cuando dice que emitirá ’nuevas convocatorias a personajes políticos’.

El comunicado de la FGE jamás se refiere por su nombre al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, a quienes sus detractores señalan como autor intelectual del homicidio de Chavarría Barrera.

Lo cierto es que durante la gestión de López Rosas hubo una relatoría de 31 hojas, así como algunas actuaciones del Ministerio Público, en las que se menciona al ex mandatario como efectivamente quien dio la orden de matar a Armando Chavarría. Esas actuaciones desaparecieron misteriosamente del expediente penal. ¿Por qué? ¿Esa fue la ’actuación dolosa’ que se imputa a Monreal Leyva? ¿Quién está interviniendo tras bambalinas para empantanar ese proceso judicial?

Caiga quien caiga, la investigación penal debe llegar hasta sus últimas consecuencias. La justicia, ahora más que nunca, es un imperativo social en Guerrero. Y es un imperativo legal para el propio gobernador Astudillo Flores, si es que quiere dar cuerpo a su slogan de campaña: ’Orden y paz’.