Editorial
Caso iguala crimen de estado
Una vez más se demuestra que la cacería de estudiantes
de Ayotzinapa en Iguala, sí fue orquestada por el gobierno federal, pues el
proyecto educativo gubernamental pretendía extinguir las normales rurales del
país por considerarlas semillero de guerrilleros, entre ellas la “Raúl Isidro
Burgos” de Tixtla que ha sido la más aguerrida del territorio mexicano.
Nuevas investigaciones hechas por los periodistas
Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, expuestas en el libro
“La guerra que nos ocultan”, revelan que el teléfono celular de Julio César
Mondragón estuvo funcionando hasta el 4 de abril de 2015; siete meses después
de que fuera asesinado, desollado y abandonado en el Camino del Andariego en
Iguala.
Los periodistas descubrieron que el teléfono celular
recibió una llamada el 17 de octubre de 2014 desde el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen); agencia de inteligencia que el gobierno federal
utiliza para el espionaje. También documentaron que recibió llamadas el 23, 25
y 27 de octubre y el 1 de diciembre de ese mismo año, hechas desde el campo
militar número 1 de la ciudad de México. El aparato también recibió mensajes de
texto.
Los periodistas plantean que los asesinos de Julio
César Mondragón, se quedaron con el aparato celular para realizar espionaje y
dejan ver que sus verdugos pudieron ser militares, porque precisamente fue un
militar el que dio aviso que su cuerpo se encontraba en el Camino del
Andariego.
Los autores del libro documentan que los normalistas
nunca estuvieron en una batalla entre narcos y menos pertenecían a algún grupo
como lo asegura la “verdad histórica”, pero que ellos eran el blanco y que
desollaron a Mondragón para generar terror en los estudiantes.
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