Chilpancingo, Gro.-
Diputados locales coincidieron en señalar que la nueva Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado es un instrumento jurídico que representa una
modernización para el manejo administrativo del Ejecutivo Estatal, acorde a las
nuevas circunstancias que se viven en Guerrero.
Al
fijar postura sobre el dictamen de dicha Ley Orgánica, los legisladores, de
diversas fracciones parlamentarias y representaciones de partido, dejaron en
claro que el Poder Legislativo no será impedimento para que el nuevo gobierno
cuente con un nuevo marco jurídico, pero que siempre cumplirán con las
obligaciones que les marca la Ley y respetando la división de poderes.
Consideraron
como relevante la creación de nuevas secretarías y la reestructuración de otras
porque dijeron que seguramente beneficiará a un mayor número de sectores como
el campo y el turismo, entre otros.
Destacaron
que están a favor de la transparencia de los recursos públicos y de aplicar las
sanciones a los servidores públicos que no cumplan con su deber legal.
Señalaron
que coadyuvarán con el Ejecutivo Estatal, los Ayuntamientos y las dependencias
en todo lo que se requiera con el único objetivo de que le vaya bien a
Guerrero, y en consecuencia a los ciudadanos.
En
la discusión del dictamen, participaron los legisladores Ricardo Mejía Berdeja
(MC), Antelmo Alvarado García (PRI), Iván Pachuca Domínguez (PAN), Sebastián
Alfonso de la Rosa Peláez (PRD), Ignacio Neil Cueva Ruiz (PVEM), María de Jesús
Cisneros Martínez (MORENA), Fredy García Guevara (PT) y Héctor Vicario
Castrejón.
Para
hacer modificaciones a diversos artículos de la Ley, intervinieron los
diputados Silvano Blanco Deaquino (MC), María del Carmen Cabrera Lagunas (PRD),
Eloísa Hernández Valle (PRD), Iván Pachuca Domínguez (PAN), Luis Justo Bautista
(PRI), Ignacio Cueva Ruiz (PVEM), Erika Alcaráz Sosa (PRD).
La
nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero,
aprobada por los diputados de la 61 Legislatura, establece lineamientos que
servirán de base al próximo gobierno estatal para ejercer funciones en
beneficio de la sociedad guerrerense. Con la aprobación de dicho precepto, se
cumple con una obligación, derivada de la reforma integral a la Constitución
Política local, que establece la reestructuración para reorganizar las
atribuciones del Ejecutivo Estatal, a través de las secretarías y dependencias
a su cargo.
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