Por Ma. de la Luz Alonzo Herández
Chilpancingo, Gro.- Ante la Presencia del encargado de despacho de la Comisión
de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el Fiscal General del
Estado, que encabeza el prepotente funcionario, Miguel Ángel Godínez Muñoz, dio
instrucciones a elementos de la policía Ministerial, así como a sus cuerpo de
seguridad personal a que obstaculizarán el trabajo periodístico de
investigación a los reporteros, Adriana Urbina Corona y Pedro Julián Bustamante
Arzate.
Estos hechos se dieron en el patio que alberga
las instalaciones de la fiscalía general, en donde el fiscal, Miguel Ángel
Godínez, encaro a la reportera Adriana Urbina, de forma preponte y altanera de
que no podía estar en ese momento cuando la fiscalía a su cargo entregara a los
tres normalistas detenidos por Policías Estatales por haber robado un camión
con productos de la empresa coca cola, en una “negociación obscura”.
Ahí estaba el presidente interino de los
derechos humanos, Ramón Navarrete que se vio rebasado por el abuso de autoridad
del fiscal Guerrerense hacia los reporteros, Adriana Urbina Corona y Pedro
Julián Bustamante Arzate, quienes (los reporteros) le exigieron una explicación
a Godínez Muñoz de porque estaba coarte “la libertad de expresión”, si ellos
como funcionarios públicos están expuestos de que sean fotografiados o sujetos
a que sean entrevistados, para darlo a conocer a la opinión publica Guerrerense
y a sus alrededores.
Lo que deben de saber estos funcionarios que la
libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la
garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación
social sin que el Estado pueda ejercer un control. Esta libertad supone que
todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin ser hostigados debido
a lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar investigaciones, de
acceder a la información y de transmitirla sin barreras.
Pero simplemente el responsable de aplicar la
justicia, dio “orden” a sus “monigotes agentes” de que quitaran las
herramientas de trabajo a los periodistas. Entre empujones, forcejeo palabras
altisonantes, trataban de despojar los instrumentos que con ellos se lleva a la
información oportuna y veraz a todos los radio escuchas, a los que nos ven por
televisión y a los que nos leen por medio de la prensa escrita.
Ante esta represalia, los comunicadores,
reclamaron al Presidente de los Derechos Humanos que porque no hizo nada ante
la amenaza de estos funcionarios que trataron de impedir el trabajo
periodístico. Solamente el Ombudsman dijo que él no podía hacer nada ahí que
solamente se podría que pusiera una queja ante la comisión que encabeza.
De manera inmediata, se trasladó a las oficinas
de este Organismo Público, con miembros de la Unión de periodista y fotógrafos
independiente de Guerrero que encabeza, Carmelo González Guerrero para
interponer queja, ya que refirieron haber sido intimidados y violentados por el
fiscal General del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, Pablo Alejandro Jasso
Barrera, Coordinador General de la policía ministerial y por elementos de la
Policía Ministerial, durante los lamentables acontecimientos suscitados en días
anteriores los cuales terminaron en un enfrentamiento entre integrantes de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y Policías
estatales .
La queja se interpuso por: Violación al derecho
a la Integridad y seguridad personal (actos u omisiones contrarios al derecho a
la integridad y seguridad personal) y a la libertad (acciones y omisiones
contrarias al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y al ejercicio
del derecho a la libertad de información.
Y ahí fueron atendidos en representación del
Ombudsman Estatal, la Encargada de la Dirección de Asesoría, Orientación y Gestión,
Cecilia Narciso Gaytán, el Coordinador de Atención a Grupos Vulnerables,
Armando Ramírez Cuevas y el Visitador Adjunto Adelaido Memije Martínez, quienes
aseguraron que ese organismo dará seguimiento al caso, así como a las
investigaciones derivadas del mismo, con la finalidad de salvaguardar la
integridad física de los comunicadores y garantizar el reconocimiento y respeto
de sus derechos humanos.
De acuerdo a lo señalado, se radicó la queja
con número de Expediente VG/028/2015-IV, en contra del Fiscal General del
Estado Miguel Ángel Godínez Muñoz, el Coordinador General de la Policía
Ministerial del Estado, Pablo Alejandro Jasso Barrera y elementos de seguridad,
por actos violatorios contra el derecho a la integridad, así como acciones y
omisiones contrarias al ejercicio del derecho a la libertad de información y
expresión.
Desde aquí se le hace un llamado al gobierno
que encabeza el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez a que se respeten
“la libertad de expresión” por parte de sus funcionarios directos y no
directos, hay que recordar que el artículo 6º. De la Constitución Mexicana
contiene la libertad fundamental de expresión de las ideas en los siguientes
términos.
La manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, si no en el caso de que ataque a
la moral, los derechos a terceros, provoque algún delito o perturbe el orden
público; el derecho a la información será garantizado por el estado.
La libertad de expresión está incorporada en
varios tratados internacionales de derechos humanos que son derechos vigentes
en México, la obligación debe de entenderse que se extiende también al poder
legislativo.
Cabe señalar que ante la comisión de derechos
humanos fueron presentadas las pruebas como imágenes de video, fotografías y
audio de las intimidaciones y amenazas que se recibieron en este caso.
Ante la Presencia del encargado de despacho de
la Comisión de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el Fiscal
General del Estado, que encabeza el prepotente funcionario, Miguel Ángel
Godínez Muñoz, dio instrucciones a elementos de la policía Ministerial, así
como a sus cuerpo de seguridad personal a que obstaculizarán el trabajo
periodístico de investigación a los reporteros, Adriana Urbina Corona y Pedro
Julián Bustamante Arzate.
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