Noé
Ibáñez Martínez
El
tema de la liberación de los presos políticos o de ‘conciencia’ como los
definió el abogado de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra,
cobró nuevamente impulso desde los Estados Unidos, en el marco de la visita del
presidente Enrique Peña Nieto quién se reunió con Barack Obama para tratar el
asunto de los migrantes y de la seguridad.
La
presión de Estados Unidos a través del embajador de esa nación en México, Earl
Anthony Wayne, no cede; particularmente en el caso de Nestora Salgado, pues le
preocupa el manejo político que se le ha dado.
A
través de una carta dirigida al gobernador Rogelio Ortega, Anthony Wayne le pidió
que se revisara el caso de Nestora Salgado, pues “nos preocupa el maneja que le
ha dado al caso el Procurador del Estado de Guerrero (actual Fiscalía General
del Estado), ya que ha hecho que se originen dudas de si los cargos en contra
de la señora Salgado se derivan de cuestiones políticas”.
El
embajador norteamericano en México agregó en la carta:
“La
señora Salgado ha estado detenida desde agosto del 2013 por cargos que se
derivan de sus actividades como líder de la organización de la comunidad
indígena en Olinalá, Guerrero. La embajada de Estados Unidos está muy
preocupada sobre el trato que la señora Salgado ha recibido hasta este
momento”.
“Me
gustaría pedirle que su caso sea revisado lo más pronto posible. Ya han pasado
14 meses desde el día de su arresto y ha habido mínimo progreso en el proceso
judicial. La Sra. Salgado permanece aislada en la prisión bajo condiciones
austeras”, describió Wayne.
El
1 de enero de este año, Nestora debió de estar libre, el gobierno del estado
tenía previsto desistir en las acusaciones en su contra, sin embargo, algo pasó
y continúa presa. Según declaraciones del diputado del PRD, Roberto López
Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, el secretario de
Gobierno del estado, David Cienfuegos Salgado le informó que la Fiscalía no se
había desistido en el día ofrecido, con el argumento de que habían surgido
algunos ‘inconvenientes’.
Sobre
esto, López Suárez insinuó que se trata de personajes que aún tienen influencia
en la Fiscalía del Estado, vinculados al ex procurador Iñaki Blanco, y quienes
habían ‘fabricado’ los delitos por los que se le acusa a Nestora.
Hace
apenas cuatro días, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local,
Bernardo Ortega Jiménez acusó al Gobierno del Estado de “orquestar una venganza
política” junto al gobierno municipal de Olinalá contra la coordinadora de la
Policía Comunitaria.
El
perredista declaró que la detención de la líder comunitaria “fue un exceso” y
que obedeció a intereses particulares del alcalde Eusebio González Rodríguez y
del síndico Armando Patrón Jiménez, de Olinalá.
Este
último, quien acusa a Nestora y su grupo de policías comunitarios de secuestro,
dijo que si salía libre, no se cruzará de brazos en espera de que vuelva a
Olinalá y advirtió que se defenderá.
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