El Congreso de Guerrero analiza aumentar la penalidad por este delito de 40 a 50 años y cuando sea agravado de 50 a 60 años, para quienes cometan el delito de desaparición forzada de personas.
Asimismo, que el gobierno estatal garantice una indemnización justa y adecuada, previa valoración con las víctimas.
En la iniciativa, se plantea que es necesario tipificar el delito de desaparición forzada de personas conforme a los estándares internacionales.
Los derechos humanos y las garantías individuales siguen siendo vulnerados, principalmente de los luchadores sociales y recientemente de estudiantes.
El caso del movimiento estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, y la desaparición de 43 jóvenes, es indignante y lamentable que se sigan cometiendo estos delitos.
En Guerrero más de 6 mil personas se encuentran desaparecidas de manera forzada o asesinado como resultado de la actual violencia.
Asimismo, que se garantice a través del registro civil un procedimiento especial para declarar la desaparición forzada y propone que el documento se denomine certificado de ausencia por desaparición forzada y se entregue por lo menos seis meses después de la desaparición.
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