martes, 5 de noviembre de 2013

Editorial

La lucha por el poder en las calles del DF
Primero la llegada de los maestros de la CNTE al Zócalo de la Ciudad de México y su posterior desalojo el pasado viernes, más allá de las reivindicaciones laborales y la reforma educativa, se circunscriben en el marco de una lucha por el poder y de las decisiones trascendentes del país en el aspecto económico-financiero, entre los grupos que llevaron a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.
Los diferentes grupos que perdieron el poder con la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos, olvidaron las diferencias y las afrentas entre ellos, como fueron los asesinatos políticos de finales de los años 80 y de los 90, así como los encarcelamientos políticos y se unieron para recuperarlo. Es tanto su poder y peso específico conjunto que lo lograron.
Pero apenas tuvieron la certeza de ganar, incluso desde antes de la noche del 1 de julio del año pasado, comenzaron los golpeteos entre ellos, las uniones entre algunos otros y la compra de voluntades, incluso, de integrantes de unos más. Como fue comentado en este espacio, es probable que la explosión en las oficinas corporativas de Pemex haya sido un aviso, como ahora fueron las mega manifestaciones y bloqueos de los maestros.
Pero lo que está en el fondo de los conflictos y sucesos ocurridos en el país en este primer tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluido el incremento de la violencia, no es otra cosa que las manifestaciones de una guerra, esta sí, entre los grupos de poder político y económico de nuestro país.
Lo que está en juego es la definición de una privatización fasttrack del sector energético, la apertura indiscriminada al capital extranjero para que se apropie de la renta que debería quedar en México y en manos de los mexicanos —por ejemplo, Dragón Mart en Cancún o las mineras y otros—, promovidos por el grupo en primera línea del gobierno, con los salinistas encabezados por los alumnos de Pedro Aspe Armella (artífice del TLCAN), y del otro lado, la política administrativa impulsada por los otros grupos más conservadores, quienes pretenden salvaguardar el statu quo, es decir, mantener la propiedad de las empresas energéticas y que continúen como la caja chica del gobierno y sus políticos, para seguir desangrando al país.

Con cualquiera de las dos facciones nos va mal porque finalmente quienes tienen el poder político y económico son los que deciden y se quedan con los dividendos del país, unos con el 10 por ciento inmediato y convertidos en socios de los grandes negocios, con lo que aseguran el futuro de ellos y sus descendientes, mientras nosotros, los ciudadanos de a pie, somos como simples pasajeros en un microbús, que estamos a la suerte de lo que haga el conductor (o como ocurrió en el accidente de Santiago de Compostela en España, amarrados a la locura de quien guía la máquina).

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