*Trabajadoras
sexuales son obligadas a pagar cuota, a cambio de ningún apoyo médico, social
ni sicológico.
Por Sergio Ferrer/Agencia
Bajo Palabra
Tlapa,
Gro.- A través de cobros forzosos y recibos para una supuesta revisión del
sector Salud, las trabajadoras sexuales de este municipio son obligadas a
pagarle al Ayuntamiento, a cargo del priista Jesús Noé Abundis García, a cambio
de ningún apoyo médico, social ni sicológico.
“A
unas chicas se las han llevado esposadas, acá llevo trabajando siete años y la
situación no ha cambiado; luego nos hacen feo, nos sacan en el periódico como
si fuéramos delincuentes, dejan a los de la prensa que nos tomen fotos en
barandilla”, acusó Renata, trabajadora sexual habitante de Tlapa.
Ella
explica, de esta forma, el trato denigrante que han ejercido durante años
distintos funcionarios del Ayuntamiento cuando ordenan a policías arrestarlas
por no estar al corriente con sus pagos a Tesorería.
El
gobierno municipal cobra 80 pesos semanales a cada trabajadora sexual o
bailarina que labora en las decenas de cervecerías o centros nocturnos que
existen, sin brindar algún tipo de apoyo social, sicológico o médico.
Pese
a ello, requieren el recibo del sector Salud por 75 pesos que pagan para
acceder a una aparente revisión semanal.
Para
representantes de la organización pionera en el acompañamiento con trabajadoras
mujeres y mujeres trans, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa
Martínez, los cobros de servicio de control sanitario “son recaudatorios y
expresan una situación de explotación sexual institucionalizada en el gobierno
que les cobra; un gobierno padrote”.
En
contraparte, en entrevista, el alcalde priísta Noé Abundis afirmó que se trata
de una recaudación y no un cobro; afirmó que el recurso se utiliza para
pláticas de orientación sexual para ellas y en general para jornadas de salud y
gestiones para toda la población.
“El
dinero se va a Tesorería municipal, nos coordinamos con la Secretaría de
Salud”, explica.
Sin
embargo, Emma, otra trabajadora sexual, señala:
“Es
mucho lo que nos cobran, no nos alcanza; yo tengo un niño, pero hay chavas que
tienen hasta dos, imagínate cada semana es un buen, luego una vez a una que tenía
su recibo en el cuarto pero estaba ocupado no la esperaron y se la llevaron a
la cárcel aunque sí había pagado”.
Un
pequeñísimo papel de color con letras que menciona al Ayuntamiento, la
Dirección de Reglamentos, el número de ficha y la fecha sin indicar el monto y
el sello de Tesorería, es lo que les dan a las mujeres a cambio del pago
obligatorio semanal.
Por
parte de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero, reciben un talón oficial
más grande en el cual se anotan los lugares de trabajo de las mujeres, la
cantidad que pagan y las letras DX: “sana”.
Tomando
en cuenta las cifras oficiales proporcionadas por el Ayuntamiento, éste cobra
mensualmente a 169 mujeres un total de 54 mil 80 pesos, 648 mil 960 pesos al
año.
“No,
es menos, mucho menos; es el 10 por ciento de lo que dices”, negó el alcalde
cuando se le comentó la cifra de mujeres a las que les piden el pago.
Ante
esto, Brigada Callejera asegura que, “se requiere que las compañeras se
organicen, que exijan que se les haga válido estudio de VIH y sífilis, que
nosotros podríamos hacerles totalmente gratis; una idea es capacitar a
promotoras de salud que aprendan a hacer las pruebas para que al menos esas no
las tengan que pagar”.
Las
cifras que el alcalde niega fueron obtenidas en la respuesta de Abel Román
Ruíz, director de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento de Tlapa en el
oficio DREP/0078/2016 a algunos cuestionamientos respecto a la situación de
prostitución y trabajo sexual, solicitados a través del departamento de acceso
a la información.
Aunque
no acuden el mismo número semanalmente, se ha registrado en los últimos dos
meses 169 “meretrices” contando con expediente personal de cada una de ellas,
que acuden a realizarse revisión médica jueves y viernes para efecto de tener
un control sanitario, posteriormente realizan el pago de una ficha de 80 pesos
ingresado a la Tesorería.
La
base para este cobro, según consta en el oficio, es el Artículo 151 del Bando
de policía y buen gobierno:
“Es
atribución del ayuntamiento prevenir, controlar y combatir la prostitución y
adicción al alcoholismo, por parte de los habitantes y vecinos del municipio,
medidas necesarias en auxilio de las autoridades sanitarias”.
Reglamentos
respondió que habrá sanción para toda persona que ejerza este “oficio” -las
comillas en este caso son de dicha dirección- la prostitución será sancionada
conforme a las disposiciones del Bando y en caso de que su conducta
constituya posible comisión de delito consignada ante MP, sin perjuicio de
sanción administrativa, y se ordene su inscripción en el registro que determine
la Ley Estatal de Salud, quedando sujeto a exámenes médicos correspondientes.
El
Ayuntamiento señala que, para evitar la trata de personas, en sus funciones
está “regular la actividad y estricto apego a derechos de “estas personas”
coadyuvado con Secretaría de Salud Pública del Estado para la impartición de
pláticas para evitar ETS, implementado inspecciones en establecimientos
comerciales como centros nocturnos o cervecerías para evitar presencia de
menores de edad en dichos lugares.
Este
cobro lleva al menos tres administraciones, una priista, una petista y la
última nuevamente priista; la situación está normalizada y es una entrada extra
de ingresos para el Ayuntamiento.
“¿Cuales
chingadas pláticas?, luego ni condones dan, una vez me dieron como cuatro, pero
¿cuáles atenciones?, mentirosos pues”, declaró anónimamente otra trabajadora
sexual.
Existe,
según estudios, una criminalización de la prostitución, al ejercicio de la
sexualidad; muchas mujeres son jefas de familia, en el caso de las revisiones
médicas varias trabajadoras señalaron que hay médicos que sólo las ven rápido o
las tratan mal.
Pruebas
como la del papanicolau u otras requieren tres días de abstención de
relaciones sexuales, pero a ellas les resulta difícil cumplir con dichas
formas.
En
diversos recorridos realizados durante meses de investigación, se encontró, en
diferentes fechas, los siguientes hechos:
–
Hace cuatro años, un lugar en la colonia Aviación en el que atendían la
venta de cervezas niñas cuyas edades eran de entre los 12 a 18 años.
–
Este año, un caso de una joven de 16 años, madre soltera que comenzó por
elección propia a trabajar después de que su pareja fue encarcelado por haber
violado a una adolescente y su familia no le brindó apoyo.
En
la mayoría de las cervecerías visitadas en las que se pudo conversar con
mujeres comentaron que provienen de estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz,
Tlaxcala y Chiapas, principalmente.
Las
de Guerrero están por voluntad propia, ejerciendo el trabajo sexual como una
manera en la que se ganan la vida y, muchas veces, mantienen a sus hijos o
familias.
Algunos
testimonios de escenarios violentos relatan:
–
“Algunas personas no se asean, quieren forzarnos a tener relaciones sin condón”
–
“Una vez un tipo me quiso matar, ya estaba en mi cuarto alistándome para dejar
mi trabajo y se metió y me golpeó, me quería violar pero después cuando me
opuse me comenzó a ahorcar; yo me defendí como fiera, era mi vida y me
defendí”.
–
Hace tres años, un periódico local reportó el asesinato de una mujer
trabajadora sexual.
De
la situación de trabajadoras sexuales en el país
Algunos
datos del pre informe Anual 2015 del Observatorio Laboral de Trabajo Sexual en
México, efectuado por Brigada Callejera, asociación civil con base en la Ciudad
de México, a través de fuentes informativas como son diarios de circulación
nacional, medios digitales y reportes de trabajadoras sexuales de varios
estados de la república.
Ellos
miden actos de represión de gobierno, empresarios y delincuencia organizada en
contra de este gremio, discriminación, explotación laboral y simbólica de este
sector, despojo, feminicidios conocidos y respuestas de las trabajadoras
sexuales y trans.
Explican
que un acto de represión puede ser producto de la discriminación de
trabajadoras sexuales por no acatar las reglas del control sanitario,
generalmente recaudatorio y van de la mano.
Un
acto de explotación muy común es el cobro de altas multas o cuotas de extorsión
policíaca o del crimen organizado, a trabajadoras sexuales por ofrecer sus
servicios en la vía pública y va ligado a la falta de certeza y seguridad
jurídica del trabajo sexual, producto de la discriminación.
Los
feminicidios y crímenes de odio trans, son uno de los extremos de la
discriminación. Un ejemplo de represión: Trabajadoras sexuales de Lerdo,
Durango, se manifiestan en la calle por el hostigamiento de que son objeto por
parte de policías municipales y estatales. Mujeres trans han sido detenidas
porque no pueden andar vestidas de mujer.
Por
no portar sus tarjetones sanitarios o no acreditar el cumplimiento del control
sanitario, han sido detenidas trabajadoras sexuales en Oaxaca de Juárez;
Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas; a mujeres trans en San Pedro,
Coahuila; Culiacán, Sinaloa; Chihuahua capital; Lerdo, Durango, donde se
incrementó el costo de las revisiones y exámenes clínicos; Aguascalientes
capital; Camargo, Chihuahua; Fresnillo, Zacatecas; Cuauhtémoc, Chihuahua y
Mazatlán, Sinaloa.
Pese
a operativos municipales, estatales y federales, grupos de la delincuencia
mantienen presencia en Guadalajara, Jalisco y uno de los sectores donde se
encuentra enclavado es en el comercio sexual, denunciaron autoridades del
ayuntamiento tapatío presidido por Enrique Alfaro, de Movimiento ciudadano.
En
otro caso, policías municipales de El Parral, Chihuahua, exigen favores
sexuales a trabajadoras sexuales para dejarlas trabajar.
El
Colectivo feminista Cihuatlahtolli denunció que para el estado, la vida de las
mujeres no es una prioridad, según señaló María de la Cruz Jaimes García, por
la negación y renuencia a declarar la alerta de género en Veracruz por
feminicidios de mujeres, que incluyen el de trabajadoras sexuales.
Amnistía
Internacional, por su parte refirió que va a defender a las trabajadoras sexuales
en todo el mundo en contra de la penalización de su oficio.
En
Lerdo, Durango, trabajadoras sexuales se presentaron al ayuntamiento para
inconformarse por el alto costo del tarjetón de salud, que se elevó de 130
pesos a 600 y porque los exámenes de VIH, VDRL, hepatitis C y exudado vaginal
tienen que hacérselos en un solo laboratorio particular donde les cobran 340
pesos.
El
control sanitario del VIH-SIDA en el trabajo sexual, además de ser
discriminatorio e inconstitucional, no representa ningún beneficio a la salud
pública, según la OMS, ONUSIDA, CENSIDA y la CNDH, entre otras instancias.
Sin
embargo, muchos municipios y gobiernos estatales insisten en aplicar dicho
sistema traído a México, que ya es obsoleto y sólo se presta para extorsionar a
las trabajadoras sexuales y detenerlas.
En
Monclova, Coahuila, el municipio señala que hay más de 300 trabajadoras
sexuales fuera de control sanitario y que el registro les cuesta entre 80 y 100
pesos a cada una de ellas. En San Pedro, Coahuila, se incrementan inspecciones
de trabajadoras sexuales para verificar permisos y remitir al juzgado cívico a
quienes no cuenten con ellos.
En
Delicias, Chihuahua, el ayuntamiento refiere que las adolescentes que ejercen
la prostitución son un problema “porque lo hacen sin control sanitario”.
En
la observación del rubro explotación, el ayuntamiento de Morelia, Michoacán
propuso cobrarles impuestos a trabajadoras sexuales porque realizan comercio
sexual en las calles, propuesta que institucionalizaría la explotación sexual en
la administración municipal.
Al
menos 250 trabajadoras sexuales de Chihuahua capital, pagan 25 pesos a la
semana por la visita de control sanitario.
En
Tijuana, Baja California, de 2012 a 2014, el ayuntamiento recaudó 5 millones de
pesos por control sanitario de más de 3 mil trabajadoras sexuales y, con ese
dinero, se patrocinó educación, deporte y turismo y no a quienes lo aportaron,
situación que para algunos observadores equivale a explotación sexual
institucionalizada.
De
Feminicidios y otros abusos, uno de los hechos más graves ha sido la
desaparición de 45 trabajadoras sexuales y trans en Tamaulipas.
En
Reynosa, han sido desaparecidas 30 mujeres en los últimos 5 meses y en la zona
metropolitana de Tampico, 15 trans, según denunciaron las organizaciones
“comunidad lésbico gay” y “conexión joven” que señalan como sospechosos a
agentes de seguridad pública.
En
julio, se llevó a cabo el llamado “juicio del año” por trata de personas con
fines sexuales, desapariciones y feminicidios de 11 mujeres de Ciudad Juárez,
Chihuahua, donde se muestra la vinculación de policías municipales, estatales,
federales, militares y miembros del crimen organizado.
Las
mujeres fueron privadas de su libertad al descender del transporte público en
calles aledañas a Francisco Javier Mina, por el mercado Reforma, a una calle de
la catedral.
Algunas
de las víctimas fueron asesinadas a sólo seis kilómetros de un campamento
militar; las autoridades policiacas y militares (más de 10 mil efectivos)
patrullaban la ciudad en el marco de la Operación Conjunta Chihuahua entre 2008
y 2011. Otras víctimas fueron trasladadas a los Estados Unidos.
En
Cancún, Quintana Roo, en la súper manzana 66, es quemada otra casa de
trabajadoras sexuales por negarse a pagar cuotas a sicarios del narcotráfico.
La
dueña del bar El Cubetazo de Pinotepa Oaxaca, Flavia Gisela Méndez
Baños fue ejecutada con impactos de bala al interior de su vehículo.
En
Coronango Puebla, en un contenedor de basura de Avenida Central número 100, los
restos de una trabajadora sexual NN, desnuda de 35 a 40 años fueron
depositados.
Asesinatos
de trabajadoras sexuales se han registrado en Mexicali, Chihuahua, Guadalajara,
indica el informe.
