Palabras Mayores
por Jorge Romero Rendón
El que está a un paso de ir presopor peculado, fraude, enriquecimiento ilícito y otros delitos, es el exdirector del Colegio de Bachilleres de Guerrero, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, a quien se le vencieron todos los plazos para solventar las 17 observaciones que le hicieron por 1,300 millones de pesos, por lo que será inhabilitado y denunciado ante la Fiscalía General del Estado, dado que presumiblemente se robó ese dinero.
De acuerdo con datos oficiales difundidos por la Contraloría General del Estado, Alvarado Arroyo omitió pagar impuestos y prestaciones de los trabajadores por un monto de 813 millones de pesos, es decir, que los descontó en las nóminas quincenales, pero no hizo los pagos correspondientes, embolsándose el dinero. Se le responsabiliza por generar 140 plazas no autorizadas por 120 millones de pesos, a lo que se suman bases y recategorizaciones por 108 millones más; de esas hubo 87 basificaciones de las que 15 corresponden a familiares directos suyos. Más pagos indebidos a una empresa por otros 20 millones de pesos, hasta sumar 1,300 millones de pesos.
Dichas irregularidades corresponden a los ejercicios fiscales de los cuatro años en que fungió como director general del Cobach, del 2018 al 2021, lapso durante el que pudo haber solventado las observacionesreferidas, pues cada año, una vez analizada la Cuenta Pública estatal por parte de la Auditoría Superior del Estado, se establece por ley un período de solventación de las observaciones que se le hacen a los responsables, en el que se aclaran dudas y se presentan normalmente los documentos que avalan el gasto realizado con recursos públicos.
Pero don Fermín simplemente no hizo caso, dejó pasar el tiempo y se le acumularon los adeudos de sus cuatro años en el cargo, lo que quiere decir que simple y llanamente no tuvo forma de cubrir sus faltantes y que se quedó con el dinero que hoy se le reclama, convirtiéndose en un delincuente de cuello blanco.
Pero además, su caso llamó la atención de la Contraloría estatal que, como parte del programa de combate a la corrupción del gobierno de Evelyn Salgado Pineda, tomó el análisis del caso en sus manos, llegando a la conclusión de que por los montos faltantes y el tiempo transcurrido sin que se aclarara el buen uso del dinero, dispuso dos medidas: imponer de inmediato una sanción, inhabilitando a Fermín para ejercer cargos públicos; y dar vista a la Fiscalía General del Estado para que proceda penalmente contra el exfuncionario, cuyo destino no puede ser otro que la cárcel.
El asunto es grave, pues no sólo afectó al erario estatal, sino a los mismos trabajadores al servicio del Cobach, porque al haberles descontado quincenalmente impuestos y cuotas con las que se cubren pensiones y otras prestaciones de los empleados en retiro y activos, los dejó en la indefensión, pues aparecen como evasores de impuestos–aunque genéricamente se sanciona a la institución-, y de hecho les impidió gozar de prestaciones como préstamos personales.
Esa omisión también tendrá repercusiones para el gobierno actual, pues deberá cubrir de todos modos el monto de los impuestos no pagados –usualmente Hacienda lo descuenta de las ministraciones mensuales de las participaciones federales-, y reponer la deuda pendiente ante el organismo de seguridad social estatal.
Más allá de las repercusiones políticas del caso, la conducta de Fermín Alvarado configura un ejemplo de lo que se debe desterrar de un estado como Guerrero, pues fraudes por tan alto monto son aún más graves dadas las condiciones de pobreza y marginación en que viven muchos de nuestros paisanos.
Por eso son bienvenidas las políticas de austeridad y de combate a la corrupción que ha puesto en marcha la gobernadora Evelyn Salgado. Por eso, el castigo que se imponga al señor Alvarado Arroyo debe ser ejemplar, esperando que no se presenten argucias legales o políticas para librarlo de la cárcel. Porque si bien la ciudadanía ve con buenos ojos el castigo a los corruptos, la decepción sería equivalente si el asunto queda en mera amenaza…

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