LECTURA POLÍTICA
Noé Mondragón Norato
Ninguna corruptela iba a ser tolerada. Eso es al menos, lo que prometió en el discurso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Pero se ha llegado progresivamente, a ese punto: muchas corruptelas permanecen. Y otras han sido inauguradas por los relevos de priistas del sexenio pasado. A muchos morenistas les encanta meter la mano groseramente a los presupuestos públicos. Mientras la entidad se sume cada vez más en una imparable ola de violencia, las inercias dominan al interior de una administración estatal cuyas expectativas ciudadanas se caen inevitablemente. El resumen es apenas referencial.
CAOS, INMOVILIDAD Y DESORDEN. – El incremento del conflicto público se convierte en la base del desgaste de los gobernantes. Refleja la indolencia y las incapacidades de quienes lo detentan, para destrabarlo y arribar a los necesarios acuerdos. Eso es justo lo que late en la actual administración estatal. Se lee así: 1.- El conflicto en la Secretaría de Salud lanzó a escena a dos mujeres: la titular de la dependencia Aidé Ibarez Castro y la priista y dirigente sindical Beatriz Vélez Núñez. Esta última la acusó de “incompetente e incapaz”. Lo cierto es que la primera de ellas asume su condición de “jefa” dejando de asistir a desempeñar su papel y no resuelve los problemas naturales de la dependencia. Los quiere tratar a control remoto. Y lo que es peor: ni siquiera ha revisado a profundidad el estado financiero en que encontró esa Secretaría. Con ello, da a entender que el gobierno priista de Héctor Astudillo y el ex secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, hicieron las cosas “muy bien”, pese a que dicha dependencia es donde más anida la corrupción respecto de todas las demás. Y Vélez Núñez se resiste a perder sus prerrogativas sindicales. Desde luego, es movida por los intereses de grupo de su partido, dado que Ibarez Castro aparece como recomendada del presidente AMLO. En ese punto, la relación entre ambas mujeres se tensó. Por eso mismo, Vélez ya emplazó a la gobernadora Evelyn Salgado a destituirla del cargo dándole de plazo hasta el 15 de marzo. O de lo contrario “los trabajadores nos vamos a poner de acuerdo para ver qué acciones vamos a realizar”. Una amenaza velada producto de la radicalización. Pero también de la marcada ineficacia de la titular de la Secretaría de Salud. El conflicto medirá de algún modo, el carácter o la debilidad política de la mandataria estatal. Porque parece que el secretario general de gobierno Ludwing Reynoso, no le opera. 2.- En el ayuntamiento morenista de Chilpancingo, imperan también los acuerdos políticos soterrados e inconfesables y la corrupción. No sólo porque la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez se niega a fortalecer los procesos de transparencia en el manejo y aplicación de sus presupuestos, sino porque está maniatada para ejercerlos a plenitud. De entrada, desde el PRI de Astudillo, le metieron como cuña política a Guadalupe Morales Martínez como secretaria de Finanzas y Administración. La actual funcionaria es cuadro político y “protegida” de Jorge Salgado Leyva, ex secretario de Finanzas en el gobierno del ex gobernador Ángel Aguirre. Trasciende que el acuerdo político inconfesable, consiste en que Guadalupe “ahorre” desde su posición en el manejo de los dineros de la comuna, para dos campañas electorales venideras: la de Jorge Salgado Parra, ―actual director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas evelynista― como eventual candidato del Morena a la alcaldía de Chilpancingo en la elección de 2024. Y la de la propia Norma Otilia que buscaría la curul federal por el distrito siete, un espacio que ya fue ocupado por el propio Salgado Parra. Ambos intentarían de este modo, apoyarse mutuamente para alcanzar objetivos de poder comunes. El ex priista se sumó en el último minuto a la campaña de Norma Otilia y dejó a merced de la derrota al ex candidato de la alianza PRI-PRD, Alejandro Arcos Catalán. Y la secretaria de Finanzas de la comuna chilpancingueña, Guadalupe Morales, será el personaje clave en el crecimiento político de Norma Otilia Hernández y Jorge Salgado Parra. Su instrumento financiero de común acuerdo y conveniencia.
HOJEADAS DE PÁGINAS…El manejo oscuro de los dineros sigue siendo también una constante en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Resulta que ahora el rector Alfredo Romero Olea, demanda la friolera de 45 millones de pesos para reconstruir aquellos edificios dañados por el sismo. Lo que no dice es cómo se aplicará el recurso. Porque no bastan los “estudios técnicos”. Hace falta voluntad política para aplicar con transparencia los recursos. Y como el gobierno estatal marca los ejemplos de opacidad, la UAGro simplemente los imita.
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