Jornaleros explotados

*Guerrero ocupa el primer lugar de migración, donde viven violencia en campos agrícolas

Por: Angélica Jocelyn Soto y Yunuhen Rangel Medina

*De más de 500 comunidades indígenas del estado salen cada año el grueso de la mano de obra de los campos y fincas. *Expulsadas de su tierra, viven más violencia en campos agrícolas

La miseria en la entidad sureña obliga a miles de mujeres a emigrar para trabajar en los campos agrícolas del norte del país, en condiciones de semiesclavitud.

Cada año, miles de mujeres guerrerenses emigran a otras entidades del país para trabajar por bajos salarios en los campos agrícolas, ante la falta de educación, empleo y servicios básicos en sus comunidades.

De acuerdo con el Conapo, Guerrero encabeza desde 2005 el primer lugar en índice de marginación con un nivel de 2.5, que se traduce como “muy alto”. También ocupa el primer lugar en casos de muerte materna y fallecimientos materno-infantiles.

Así, 73 por ciento de sus municipios tienen un grado de marginación alto y muy alto, en los que 19 por ciento de sus habitantes no tienen drenaje, cinco de cada 10 carecen de energía eléctrica, y la mitad vive en hacinamiento.

En los recientes 13 años han emigrado del estado unas 388 mil personas para trabajar en el campo, de las que 41 por ciento son mujeres, según la Sedesol.

Esta población emigró a Sinaloa, Sonora, Baja California (BC), Baja California Sur (BCS) y Chihuahua, donde la calidad de vida no es mejor, pero hay más oferta laboral, aunque los salarios son paupérrimos y no hay condiciones de seguridad.

Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Tlapa, Copanatoyac, Atlixtac, Xalapatláhuac, Alcozuaca y Atlamajalcingo del Monte son los ocho municipios con mayor expulsión de jornaleras.

Según el informe de 2013 “La Montaña de Guerrero: Tierra de Mujeres Migrantes”, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ellas desempeñan diferentes actividades asalariadas en el campo y la mayoría son jóvenes.

Un gran número de jornaleras son indígenas, monolingües y provienen de comunidades con los más bajos índices de desarrollo humano.

Según documenta Tlachinollan, las indígenas viven la marginación y la extrema pobreza tanto en sus lugares de origen como en los de destino. Son las asalariadas más explotadas y desprotegidas del medio rural.

Los municipios guerrerenses con mayor índice de movilidad humana registran también el más elevado rezago educativo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en las ocho localidades de mayor expulsión jornalera gran parte de la población femenina mayor a 15 años de edad nunca ha ido a la escuela.

A esto se suma la crisis de las economías tradicionales indígenas, los problemas por la tenencia de la tierra, los bajos precios de los productos agrícolas, y la degradación ecológica como factores que expulsan a las mujeres de sus comunidades.

Desde el inicio del proceso migratorio, ellas participan como “contratistas” y reclutan la mano de obra jornalera para los grandes complejos agrícolas.

Según Tlachinollan, estas mujeres desplazaron a los varones de un puesto de liderazgo y de relaciones laborales directas con los dueños de los campos agrícolas. Pero su presencia no ha reducido el riesgo de fraudes, extorsión, trata de personas y otros delitos de los que las familias son víctimas frecuentes.

En el trayecto hacia las comunidades receptoras, las jornaleras y sus familias viajan en autobuses contratados por los empleadores, en los que generalmente hay sobrecupo y ocurren accidentes.

Ya en los campos del norte del país, las mujeres pizcan por bote o balde, caja o costal. Al día cada una realiza hasta seis “tareas”, que consisten en trabajar 16 surcos o más. El pago promedio es de entre 120 y 160 pesos al día y para aumentar su salario tienen que hacer más “tareas” o trabajar toda la semana.

Algunas empresas pagan por destajo y otras depositan cada semana en cuentas bancarias inaccesibles en las comunidades.

Las jornaleras escarban, deshierban, plantan, cortan, seleccionan, empacan y cargan. En ocasiones, laboran un número de horas semanales que puede calificarse como sobrejornada. Además, no pueden interrumpir la pizca sin pedir permiso y se les multa si cortan mal el producto: se les descuenta parte de su sueldo o se les suspende por tres días de descanso sin goce de sueldo.

Las madres jornaleras no tienen espacios para amamantar, ni albergues, guarderías o estancias infantiles. Por la necesidad económica, algunas emigran embarazadas y a los pocos días del parto se reintegran a las labores agrícolas.

Se añade el incumplimiento de las empresas agrícolas para registrar a su personal ante el IMSS. Las jornaleras no reciben prestaciones, aguinaldo, pago del séptimo día, prima vacacional, y la mayoría tiene que recurrir a médicos particulares.

La falta de inspecciones en los centros de trabajo permite que las mujeres enfrenten discriminación y violencia. Según la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, 9.5 por ciento de las jornaleras migrantes del país declararon haber sufrido algún tipo de maltrato, y 20 por ciento de ellas lo padeció en el trabajo.

Las jóvenes y madres solteras padecen acoso sexual por parte de “mayordomos” y capataces, y son desacreditadas y señaladas cuando denuncian los abusos.

Violaciones a derechos humanos

En otro informe, “Migrantes somos y en el camino andamos”, Tlachinollan documentó de 2009 a 2011 casos específicos de abusos laborales y muertes vinculadas al trabajo agrícola que realizan las mujeres guerrerenses.

Por ejemplo, en 2010 un incumplimiento de pago de salarios en Chihuahua afectó a 67 trabajadoras y trabajadores con una deuda de 140 mil pesos. Aunque se denunció ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la empresa no pagó ni fue sancionada.

Tlachinollan también reportó cinco casos de accidentes vehiculares durante el trayecto al trabajo en los que al menos tres jornaleras murieron. En la mayoría de los siniestros la empresa cubrió sólo parcialmente los gastos o de plano se deslindó.

La falta de una vivienda digna y alimentación adecuada, la explotación infantil, el uso de agroquímicos y la ausencia de servicios médicos provocaron durante ese periodo el fallecimiento de cinco niñas, la mayoría por envenenamiento, negligencia médica, e incendios en sus casas de cartón y guarderías.

Tal situación en general no dista de lo que denunció el movimiento jornalero de San Quintín, en BC, que se levantó en mayo pasado para exigir hospitales especializados, guarderías, cese al acoso sexual, y un aumento salarial digno.

Trabajan en campos tóxicos

Sequía, crisis alimenticia, falta de empleo y pobreza extrema obligan a las mujeres y los hombres de Guerrero a migrar de sus comunidades al lado de sus familias para trabajar a los campos tóxicos de Sinaloa, como se muestra en "Migrar o morir", documental realizado por Tlachinollan, Centro de derechos humanos de la montaña.

Estas dificultades derivadas del abandono en que se encuentran algunas comunidades en el estado de Guerrero, como las de la montaña, quedan de manifiesto en la cinta "que examina la vida empobrecida de la población jornalera agrícola del pueblo de Ayotzinapa, Guerrero", que debe emigrar a Sinaloa para ir a trabajar a "Buen año", una agroindustria donde cosechan verduras chinas exóticas para exportarlas a Estados Unidos y Canadá.

"Hay que salir a trabajar, aquí no hay nada, no hay dinero, esta todo seco" dice Diego Vázquez, joven de 32 años habitante de la localidad guerrerense donde la pobreza es extrema por lo que él, como muchos más de sus coterráneos, ven obligadas a realizar un viaje de hasta 45 horas para llegar al campo agrícola sinaloense, donde se centran las historias que ejemplifican la situación.

En este lugar, las y los jornaleros y sus familias cosechan 33 tipos de hojas que son consumidas por chinos y vietnamitas e importadas a Estados Unidos y Canadá, trabajo por el que ganan aproximadamente 120 pesos por una jornada de 10 u 11 horas.

A este trabajo que, por temporadas, dura de 4 a 6 meses, acuden cerca de 800 jornaleras y jornaleros con sus familias, el 80 por ciento es de Guerrero y el 20 de Oaxaca. El 20 por ciento de quienes trabajan en la cosecha en nuestro país, se afirma en el video, son niñas y niños.

El documental recuerda el caso de David Salgado, un niño de 8 años de edad que en 2007 perdió la vida en uno de estos campos; cuando fueron las y los periodistas a preguntar sobre el hecho, los patrones escondieron a las niñas y niños jornaleros.

Esta migración masiva deriva muchas veces en la pérdida de memoria histórica y del conocimiento y cultura de las comunidades, señala Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoallan, para no hablar de las pérdidas en materia de salud.

Estos enormes campos son fumigados constantemente con productos tóxicos que, explica por su parte Patricia Díaz, del proyecto "Huicholes y plaguicidas", son sustancias sumamente peligrosas que alcanzan hasta 80 kilómetros de distancia a partir del punto desde donde se aplican.

En "Buen Año" estos plaguicidas son aplicados de forma aérea, lo que resulta aun más peligroso. "Las personas, incluyendo las y los niños presentan enfermedades que no relacionan con estos productos químicos, por que no lo saben", denuncia Díaz.

"Estos trabajos no solucionan la pobreza en las comunidades de Guerrero sino que las eternizan", refiere Abel Barrera, director de Tlachinollan, centro al que el pasado 23 de septiembre la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) le otorgara el premio 2009 por su constancia en la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas, en especial las de la zona montañosa de Guerrero.

El documental "Migrar o morir", realizado en colaboración con Chiapas media Proyect y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se exhibirá el próximo 30 de septiembre en el cine Lido, en la Condesa.

Guerrero primer lugar de migración e jornaleros

Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional de migración interna. De más de 500 comunidades indígenas del estado salen cada año el grueso de la mano de obra de los campos y fincas de estados como Sinaloa.

El 90% de los municipios de Guerrero tienen niveles que van de alta a muy alta marginación y eso propicia que el estado ocupe el primer lugar a nivel nacional de migración interna, pues el 74% de las localidades con habitantes indígenas no tienen la capacidad para brindarles alternativas de empleo en su lugar de origen, lo que los orilla a buscar opciones en otras entidades.

En la última temporada de cosecha en campos de cultivo agrícolas del norte del país –de septiembre a enero de 2015, considerada por la Secretaría de Desarrollo Social como la de más alta migración– de Guerrero salieron 8,200 personas para trabajar en campos y fincas, según el conteo de jornaleros realizado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Del total, el 45% fueron mujeres y el 38% niños menores de 15 años. Pero además, en este último registro también se identificó a 435 menores de un año y que el 85% del grupo viajó en familia.

Los destinos de los jornaleros agrícolas de Guerrero también se tienen identificados: el 73% fueron tras una oportunidades de empleo en Sinaloa; 13% lo hizo en Baja California, 5% a Sonora y el mismo porcentaje a Chihuahua.

Hubo otro 3% que migró hacia Morelos para trabajar en el corte de caña y un 7% más que viajó hacia lugares como Jalisco, Nayarit, Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán y Guanajuato.

Lo grave de esta migración interna es que los jornaleros agrícolas de Guerrero nunca han contado con condiciones óptimas de trabajo, denuncia Tlachinollan, que detalla cómo los contratos de empleo en realidad son acuerdos verbales hechos con reclutadores en los que se pacta el salario y supuestas facilidades como alimentación, transporte, servicios médicos, vivienda, educación para los hijos de los jornaleros, indemnizaciones por riesgos o accidentes y otras prestaciones que en la práctica nunca se cumplen.

“Ante la falta de un contrato de trabajo, los jornaleros agrícolas difícilmente pueden exigir el cumplimiento de esos acuerdos, ya que en varias de las ocasiones representan una ventaja para el agricultor el argumentar que dichos acuerdos los hicieron con los contratistas y no con ellos, con lo que se deslindan automáticamente de cualquier responsabilidad, que imposibilita a las y los trabajadores para interponer una denuncia, demanda o queja laboral, careciendo con ello de cualquier formalidad contractual y regulada a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social”, denuncia el Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desde mediados de la década de los noventa de Guerrero emigraron 388 mil jornaleros agrícolasde las zonas indígenas y rurales del estado.

De éstos, se documentó que el 90% realizó su trabajo sin un contrato formal y el 72% ganó por día de trabajo salarios inferiores a los cien pesos por jornadas de 16 horas.

Sedesol identifica a Guerrero como el estado con más migración laboral que afecta particularmente a indígenas.

Datos del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña de 2011 muestran que el 21% de los jornaleros agrícolas del estado provienen del municipio de Tlapa, 17% de Metlatónoc, 14% de Atlictac, 12% de Copanatoyac, 9% de Cochoapa el Grande, y 5% del municipio de Xalpatláhuac. Mientras que municipios como Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec y Olinalá, representan cada una, un 4% de localidades expulsoras de migrantes agrícolas, pero en todos los casos se trata de zonas con alta y muy alta marginación.

Tlachinollan y otras organizaciones civiles denuncian que los jornaleros agrícolas que salen de sus comunidades en Guerrero en busca de trabajo saben que, en muchos casos, no tendrán garantizados sus derechos labores, pero la falta de empleo en sus sitios de origen los lleva a optar por los bajos salarios en las fincas del norte del país y con ello la explotación laboral. (Cimacnoticias).