miércoles, 9 de marzo de 2016

Multa y cárcel quien realice acto cruel contra animales

Chilpancingo, Gro.—  Las personas que realicen actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal se le impondrá de uno a seis meses de prisión y multa de 50 a 100 unidades de medida, propuso el diputado Raúl Mauricio Legarreta Martínez.
Debido a que la Ley de Bienestar Animal del Estado regula la protección de la vida e integridad de los animales, pero contempla sanciones administrativas amonestación, multas y arresto de 36 horas. El legislador propuso modificar dicha ley para ampliar las sanciones.
Señaló que dentro de la legislación penal se deben incluir estándares de responsabilidad en contra de la persona que vulnere la protección de los animales y se apliquen sanciones ejemplares para lograr concientizar, respetar, educar y promover una cultura social.
En la reforma que promueve se señala prolongar las sanciones si se generó la prolongación de la agonía o el sufrimiento del animal, utilizar métodos de extrema crueldad así como captar fotografías o videograbación del maltrato y sea difundido en por cualquier medio.
También se propone sanción de cuatro años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario a la persona que organice, promueva, difunda o realice las peleas de perros sin importar que sean en propiedad privada.
En este tenor, dijo, los seres humanos estamos haciendo un uso desmedido de los avances tecnológicos para realizar diferentes acciones que afectan la integridad física, psicológica, emocional de los animales, tales como las amputaciones de las orejas, la cola, extirpación de garras, el limado de dientes para los caninos que son sometidos a peleas, así como, la  extirpación de cuerdas bocales para que las mascotas no puedan ladrar o maullar.

La iniciativa de reforma, fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para su análisis.

La diputada Beatriz Alarcón Adame planteó reformar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar a la presidenta o presidente de la Comisión legislativa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al Sistema Estatal de Protección Integral.

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