Noé
Ibáñez Martínez
Además
del histórico bajo índice de desarrollo humano en Guerrero a consecuencia del
nivel socioeconómico y a la marginación, el fenómeno de la inseguridad se colocó
en la última década como uno de los principales agentes que incide directamente
en la esperanza de vida de los guerrerenses.
De
acuerdo al informe Homicidio: una mirada
a la violencia en México presentado esta semana por el Observatorio
Nacional Ciudadano, revela que en 10 años, de 2003 a 2013, la esperanza de vida
de los mexicanos se redujo, en promedio, cinco meses, y hasta casi dos años en
el caso de Chihuahua, seguido por Guerrero con una reducción de 1.21 años,
debido a la incidencia de los homicidios.
Recordemos
que hace unas semanas, el Instituto por la Economía y la Paz reveló que
Guerrero es la entidad más violenta en el país, y tres de sus ciudades de más
de 100 mil habitantes superaron la tasa de homicidio doloso tan solo en 2014:
Acapulco (70), Chilpancingo de los Bravo (64), e Iguala de la Independencia
(18).
Otros
estados donde también se redujo la esperanza de vida son: Sinaloa (1.02),
Durango (0.83), Baja California (0.62), Nayarit (0.62), Morelos (0.49),
Michoacán (0.49), Oaxaca (0.48), Tamaulipas (0.44), Colima (0.42) y Sonora
(0.42).
El
informe detalla que el grupo de edad más afectado por los homicidios va de los
15 a los 29 años; es decir, la población joven.
Otro
dato importante que revela este estudio es que entre 2012 y lo que va de 2015,
en el 80 % de casos de los secuestros que terminaron en asesinato, no hubo
ningún detenido.
En
México, el pago de importantes sumas de dinero por el rescate de una víctima en
caso de secuestro no es garantía para conservar la vida.
En
este mismo lapso de tiempo, se registraron hasta 320 casos de víctimas de
secuestro en México —más de 100 al año, casi 9 al mes— que terminaron con el
asesinato de la persona.
La
entidad con más secuestros que finalizaron en homicidio es el Estado de México,
que acumula 25 % de los casos. Le siguen Morelos (9.4 %), Guerrero (8.8 %),
Veracruz (7.8 %), Tamaulipas (7.5 %), DF (5.6 %), Michoacán (5.3 %), Jalisco (5
%), Baja California (4.7 %) y Tabasco (3.4 %).
En
este sentido, el documento hace hincapié que tan solo en cinco entidades
—Edomex, Morelos, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas—, se concentra hasta el 60 %
de secuestros en los que la víctima murió a manos de sus captores.
Del
total de esas 320 víctimas —250 hombres y 70 mujeres—, la mayoría (30%) eran
comerciantes, aunque también hay casos de empleados (20 %), e incluso de
estudiantes (16 %). Del resto se desconoce cuál era su ocupación.
Lo
más grave de estos casos es que en el 80 % de los secuestros reportados entre
2012 y 2015, no hubo ningún detenido.
De
acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadanos, lo más grave se concentra en
Guerrero, donde no hubo ni un solo detenido derivado de la comisión de estos
secuestros que acabaron en homicidio.
Por
el contrario, el informe señala que entre 2012 y lo que va de 2015 se detuvieron
216 personas por este delito aunque precisa que “la mayor parte de las
detenciones fue múltiple”; es decir, que se capturó a más de una persona por
caso de secuestro.
Las
entidades con más detenidos son Veracruz (20 %), Jalisco (11 %), Oaxaca (8 %),
Tamaulipas (6 %) y Tlaxcala (6 %).
Estos
datos sin duda reflejan la crítica situación de inseguridad y violación radical
de Derechos Humanos no solo en Guerrero sino en todo el país. Mientras por un
lado el gobierno destina millones de pesos en programas sociales, en combatir
el analfabetismo y en obras de infraestructura y de servicios, con el fin
precisamente de mejorar el índice de desarrollo humano y por ente, la esperanza
de vida; por el otro lado el fenómeno de la violencia resta y pulveriza todos estos
esfuerzos.
Bien
lo considera Alejandro Hope, analista especializado en temas de seguridad,
drogas y delito, “un Estado que no protege el derecho a la vida, es un Estado
que no protege nada”. hist23@gmail.com
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