Noé
Ibáñez Martínez
El
México corrupto, el México impune, el México incapaz de hacer frente al crimen
organizado, el lado oscuro del país al que conocemos desde siempre, esa
narrativa sorprendente de violencia y narcotráfico —que pareciera solo existía
en obras literarias que en las últimas dos décadas se multiplicaron—, quedó
nuevamente reafirmada con la incrédula segunda fuga del narcotraficante más
célebre del mundo: Joaquín El Chapo
Guzmán.
Y
es que el pasado sábado, poco después de las 23:00 horas, los rumores
comenzaron a circular por las redes sociales: El Chapo se había fugado del penal de máxima seguridad de El
Altiplano.
El
hecho no alarmó a los mexicanos, es más, muchos ya lo esperábamos. Pero lo más
grave no es que El Chapo haya
recobrado su libertad, sino el grado de corrupción al que hemos llegado. No
importa cuántas veces lo atrapen, mientras el círculo vicioso esté dentro de
las instituciones, el esfuerzo será en vano.
Es
cierto, no es la primera vez que Joaquín Guzmán Loera escape de las
autoridades. Cuando fue aprehendido en 1993 en Guatemala, fue encarcelado en el
penal de Almoloya de Juárez, actualmente conocido como El Altiplano, Estado de
México. Tras un intento de fuga, las autoridades lo trasladaron al penal de
alta seguridad de Puente Grande, Jalisco en 1995, donde finalmente el 19 de
enero de 2001 escapó, en lo que muchos expertos definieron como la fuga
perfecta y, otros, la huida más espectacular.
Prófugo
por 13 años, El Chapo se mantuvo
oculto de las autoridades a través de túneles. Sólo en Baja California, Sonora
y Chihuahua la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) atribuye a su
organización un centenar de narcogalerías para burlar los controles
fronterizos.
Esta
pericia, que la ha valido el apelativo del Señor de los Túneles, es bien
conocido el gobierno mexicano. En febrero de 2014, El Chapo logró zafarse de su captura en Culiacán, Sinaloa, al huir
por un sofisticado pasadizo instalado en su casa de seguridad. Mientras los elementos
de la Marina intentaban frenéticamente derribar la puerta de blindaje
hidráulico, Guzmán Loera accionó un resorte que levantó la bañera y se
escabulló por un corredor metálico que desembocaba en las alcantarillas. Siete
casas suyas en Culiacán estaban conectadas por esta red subterránea.
Con
estos antecedentes, no era sorprendente que intentara fugarse de El Altiplano
por un túnel. Es una posibilidad de manual. Incluso, documentos del gobierno de
Estados Unidos muestran que la DEA tenía información de inteligencia sobre al
menos dos intentos para ayudar al capo a escapar de la prisión. Los primeros
informes sobre planes de fuga se dieron en marzo de 2014 que involucró el uso
de amenazas y sobornos a funcionarios de la prisión, un mes después de que fue
capturado en Mazatlán, Sinaloa; y en julio de ese mismo año, la misma
investigación reveló que uno de los hijos de El Chapo había enviado un equipo de abogados y personal de
contrainteligencia militar para diseñar un plan de escape, el cual finalmente ocurrió
el pasado sábado con la complicidad seguramente de varios funcionarios del
penal.
Sin
embargo, este inevitable deterioro del país no es culpa de una sola persona, es
resultado de años de mentir, de ocultar, de tapar, de solapar, de corromperse,
quienes obsesionados y cegados por su ambición desmedida, perpetúen la
ilegalidad y se coludan con los criminales construyendo cárceles con puertas
giratorias en donde el poder y el dinero son el pase de salida.
Donde
simulan resolver los problemas cuando no se atreven a atacar las causas, a
asumir los costos. Donde crímenes como Ayotzinapa y Tlatlaya nunca se
esclarezcan, que el silencio termine enterrando ese anhelo de justicia de
quienes una y otra vez no tienen voz para defenderse.
Esta
tragicomedia mexicana es, por una parte, la de un país sumido en una profunda
crisis política y de seguridad nacional y cuyos responsables son los mismos
políticos, y por otra parte, se dan casos como la segunda fuga de El Chapo que terminan siendo un fiasco
para un Estado fallido.
hist23@gmail.com
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