Por Bajopalabra/Redacción
Acapulco, Gro.- La noche del martes 10 de marzo, el
cuerpo de Aidé Nava González fue hallado en el área rural de Ahuacuotzingo, su
cabeza también fue hallada, a unos metros. La habían decapitado.
Nava González buscaba entonces la candidatura a la
alcaldía de Ahuacuotzingo, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Su esposo había sido asesinado hacía casi 9 meses, y su hijo llevaba
desaparecido casi un año.
Celestino Cesáreo Guzmán, dirigente estatal del PRD,
informó que la precandidata había sido sacada de una reunión política, horas
antes de ser asesinada. Al lado de su cuerpo habían dejado una manta con un
mensaje típico del crimen organizado: “para los políticos que no se quieran
alinear”.
José Antonio Villaloboso Romero, el hijo de Silvia
Romero Suárez, la candidata a una diputación plurinominal local por el PRD que
estuvo “desaparecida” por más de 24 horas, trascendió que la retuvo por un
grupo armado, admitió que su madre “está muy asustada”.
De acuerdo a sus declaraciones, los captores de su
madre le dijeron que “debía agradecerla a una persona que habló” para que fuera
liberada. Ayer mismo dijo que Romero Suárez suspenderá su campaña.
No es para menos, el caso de Aidé Nava González fue
sólo el primero de una serie de secuestros, asesinatos y amenazas que han
sufrido candidatos a los distintos puestos elección popular, sin que parezca
haber diferencia entre los colores de sus partidos.
El 25 de abril, con las campañas por la gubernatura
más que iniciadas, el candidato de Movimiento Ciudadano, Luis Walton, declaró
en conferencia de prensa que esa mañana él y la comitiva que lo acompañaba
habían sido encañonados con “cuernos de chivo y lanzagranadas” por un grupo de
20 hombres.
El hecho sucedió a las 6 de la madrugada, en Chilapa,
cuando se dirigía a un evento proselitista en la Montaña. Ayer Ricardo Mejía
Berdeja, coordinador de su campaña, declaró que Walton no regresará a ese
municipio, aunque afirmó a que es porque “ya asistió tres veces”.
El hecho provocó que se cuestionara no sólo la
seguridad de los candidatos sino la propia viabilidad de las elecciones. No
obstante, entre reiteradas afirmaciones del Instituto Nacional Electoral (INE)
de que las elecciones no tenían por qué suspenderse y cambios en los
procedimientos de seguridad de varios candidatos, las elecciones siguen en
medio del temor y la incertidumbre por la violencia criminal.
Pero el estado realmente se cimbró cuando, el 1 de
mayo, un grupo armado del crimen asesinó con 15 balazos a Ulises Fabián Quiroz,
candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa.
La Fiscalía de Guerrero informó “que el candidato fue
interceptado por un ‘comando’ armado en el poblado de Atzacoaloya y fue bajado
de su vehículo, golpeado y después asesinado con armas de fuego”. También
señaló que de las distintas líneas de investigación había una que tomaba cada
vez más fuerza: el crimen organizado.
José Santos Valdivia, suplente de Fabián Quiroz
rechazó sustituirlo. Tenía miedo.
El hecho, además, empañó la noticia de los cuatro
militantes de Nueva Alianza asesinados, tras haber sido secuestrados el 30 de
abril en Ixcapuzalco, cabecera municipal de Pedro Ascencio Alquisiras. Sus
cuerpos se encontraron después en la comunidad de Rancho Nuevo.
“México no puede seguir con temor. Nos sumamos a la
exigencia de la sociedad de poner un alto a estos hechos que lastiman”, señaló
la dirigencia del partido en un comunicado.
Días después, el 5 de mayo, el candidato del PRD a la
alcaldía de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, fue secuestrado por un
grupo armado. Su secuestró duró medio día, y fue confirmado y condenado por el
propio dirigente nacional de su partido, Carlos Navarrete.
Pese a todo, ni la Fiscalía del Estado, ni el propio
candidato, quien apareció horas después, confirmaron el hecho. Mendoza Acosta
aseguró que todo “había sido una confusión”.
Quien no tuvo tanta suerte es Valentina Rosendo Cantú,
candidata a la presidencia municipal de Acatepec por Morena, quien actualmente
permanece hospitalizada tras una persecución automovilística en la carretera
rumbo a Chilapa. Desesperado, su chofer perdió el control y terminó saliéndose
de la carretera y sufriendo una volcadura.
A Rosendo Cantú, quien es dirigente también de la
Organización de Pueblos Indígenas de la Montaña (OPIM), ya la habían amenazado
telefónicamente días antes del percance. Su partido es cauteloso con lo
referente al caso, y han evitado dar mayores detalles del asunto.
No es la primera vez que Valentina sufre, elementos
del Ejército la habían atacado sexualmente en 2002, lo que, tras una lucha
jurídica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una
sentencia: el Estado mexicano era culpable, y debía emitir una disculpa
pública.
Así, el secuestro del día de ayer de Silvia Romero
Suárez, ex secretaria de Educación durante el gobierno de Ángel Aguirre, se
suma a los actos que han puesto en duda la capacidad de mantener la seguridad
no sólo en el estado, sino la propia integridad de los candidatos y de las
campañas en las que participan. La elección Guerrero 2015, será recordada como
la elección de la violencia y el crimen organizado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario