Editorial
En días
pasados se instaló en el Distrito Federal,el denominado Congreso Popular,
convocado por diversos sectores sociales, académicos e intelectuales.
Desde la
lucha armada de la Revolución, las demandas y los derechos sociales quedaron
plasmadas en la Constitución de 1917, pareciera ser que al fin llegaría la
justicia, la paz, la igualdad y la oportunidad de una vida digna, sin embargo,
la clase política, los partidos y los intereses particulares robaron el futuro
y la ilusión de millones de mexicanos, secuestraron el poder y se adueñaron de
la riqueza nacional, en pocas palabras, traicionaron al pueblo violando la
Constitución.
A lo largo
de los años, los partidos políticos han predicado una falsa democracia,
inexistente, fantasmal, aparente, simuladora… una democracia sin pueblo. A
partir de la década de los 70s, tomó auge la llamada “transición democrática”
promovida por el gobierno federal a través de la Reforma Política en 1977, la cual permitía que los partidos,
agrupaciones, organizaciones sociales y civiles de oposición, pudieran
participar por la vía legal en la vida política del país. Hasta hoy en día, no
se ha consumado el ejercicio pleno de la democracia, al contrario, ha sido
usado para justificar el fraude, la corrupción, la violencia, la pobreza y el
abuso del poder por la oligarquía.
La
finalidad del Congreso Popular es que los ciudadanos conscientes y libres,
participen y decidan de manera directa por medio de acciones coordinadas,
pacíficas y contundentes, sobre la vida pública de su entorno social y del
país; frente a la ingobernabilidad manifiesta en varias partes del país, donde
la violencia se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos,
quienes se sienten atemorizados y secuestrados frente a un problema el cual el
gobierno es incapaz de resolver e incluso tiene colusión con el crimen
organizado.
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