LECTURA POLÍTICA

Noé Mondragón Norato

Pablo Amílcar: ¿en capilla por corruptelas?

127 millones de pesos se dicen fácil y rápido. Pero es justo lo que no se ha podido comprobar del Programa Nacional de Fertilizante en Guerrero. Hay trapos sucios que se están guardando en el clóset. Porque la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, admitió que se investiga por esa irregularidad a 12 personajes ligados a su entrega. Pero como en la vieja cultura abrevada del PRI, se negó a dar nombres. Y como fondo, las complicidades asomaron de nueva cuenta. El diagnóstico es contundente.
CONFLICTO DE INTERESES. -Desde que AMLO designó a Irma Eréndira al frente de la SFP y su hermano Pablo Amílcar como delegado federal en Guerrero, se advirtió el inevitable conflicto de intereses. Porque era obvio que la primera no ventilaría jamás, presumibles y eventuales corruptelas de su consanguíneo. Y de ahí se entiende lo demás: 1.- La producción de maíz cayó hasta en un 30 por ciento en la entidad el año pasado, de acuerdo con cifras conservadoras. Y todo porque el programa de fertilizante se amafió en la primera entrega gratuita hecha por el gobierno federal que quitó a los «intermediarios». Al final, las cosas salieron mal. No fue lo que los campesinos esperaban. Al menos tres fueron los funcionarios involucrados en esa marrullería: el coordinador nacional del Programa, Jorge Gage Francois, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula y el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Ninguno de los tres logró enderezar y depurar el padrón del fertilizante, razón por la cual el insumo llegó a muchos «campesinos» que lo utilizaron para otro tipo de siembra. Y las semillas distribuidas fueron de pésima calidad. Cuando la federación decidió quitarle la distribución del fertilizante al gobernador Héctor Astudillo, también se afectaron los intereses de este último. Y eso provocó enconos inevitables. Uno fue muy evidente: el 25 de julio de 2019, el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Guerrero, Antonio Colín Ramírez ─un priista de cepa pura─ denunció que el gobierno de AMLO adquirió cerca de 30 mil toneladas de fertilizante coreano, de bajo costo y calidad, y sin licitación, que les habría dejado ganancias discrecionales cercanas a los 60 millones de pesos a los operadores del programa. Se quedó corto. Pero eso no habría evitado una amenaza de tipo judicial, emprendida por Gage Francois en su contra, de acuerdo a la versión del dirigente de la priista Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, ventilada ocho días después de esa acusación. 2.- La secretaria de la Función Pública carga con un estigma: el jueves 19 de diciembre de 2019, exoneró al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, ─un ex priista polémico─ que no declaró 12 de sus propiedades en su 3de3. En ese estilo cómplice que ya hizo costumbre la Cuarta Transformación, Irma Eréndira les endosó las propiedades a sus hijos «y a la persona con la que tiene una relación sentimental». Bartlett carga con cuando menos cuatro pesados lastres a lo largo de su vida pública: como secretario de Gobernación del ex presidente tricolor, Miguel de la Madrid Hurtado, tumbó el sistema en la elección de 1988, que le daba el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas; no aclaró «el accidente» en que murió el periodista y ex gobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola Mediz, el 7 de febrero de 1986 en Vallecitos de Zaragoza, Guerrero; encarceló para eludir investigaciones en su contra, a su ex colaborador y director de la desaparecida y siniestra Dirección Federal de Seguridad (DFS), José Antonio Zorrilla Pérez, como responsable del asesinato perpetrado el 30 de mayo de 1984, contra el periodista Manuel Buendía Tellezgirón; y su presumible involucramiento en el crimen del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki′ Camarena Salazar. Por ese motivo no puede viajar a los Estados Unidos. En 1998, el ex embajador de ese país Jefrey Davidow lo resumió así: «En el caso del señor gobernador Bartlett, los hechos son así y éstos han sido publicados en varias revistas. En el Gran Jurado de California había dos testigos en cuanto al caso de Kiki Camarena, que dijeron bajo juramento que ellos habían visto a Bartlett en la casa donde estaban torturando y luego mataron a Camarena». Es la perla de la Cuarta Transformación.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Solo un ex alcalde ha demandado a trabajadores por motivos relacionados a su protesta laboral: Félix Salgado Macedonio demandó a policías y agentes de tránsito tras un plantón que hicieron efectivo el 2 de febrero del 2008. Hoy, el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, repitió la historia demandando a los plantonistas que tiene secuestrado el ayuntamiento. Pero es la izquierda tirana y canalla por la que los ciudadanos votaron.