Chilpancingo,
Gro.- Los servidores públicos que incurran en algún delito haciendo
mal uso de recursos económicos, serán sancionados con la destitución e
inhabilitados por diez años para desempeñar funciones, empleos, cargos o
comisiones de cualquier cargo público.
Así lo señala la Constitución Política del Estado, después de ser
reformada por la 60 Legislatura con el propósito de fincar responsabilidades a
las personas que están en la administración pública y que cometan actos u
omisiones que afecten el patrimonio del
estado o de los municipios.
En la nueva Constitución se señala que los servidores públicos en
materia de responsabilidad política, penal, administrativa y civil, serán
sancionados cuando incurran en una violación grave a los planes, programas y
presupuesto de la administración pública federal, estatal o municipal.
También serán sancionados cuando
ataquen o alteren a las instituciones democráticas, a la libertad,
usurpación de atribuciones o abandono del cargo que se encuentre desempeñando
en las instituciones públicas.
Se destaca que además de los diputados del Congreso local, también
serán sujeto de responsabilidad política el Gobernador del Estado, secretarios
de despacho, el Contralor del estado, los presidentes, síndicos y regidores de
los ayuntamientos, así como los titulares de las dependencias, entidades u
organismos de la administración pública estatal o municipal.
Cabe mencionar que la responsabilidad política se continúa
mediante el juicio político ante la Comisión Instructora del Congreso del
Estado y en caso de que la resolución sea absolutoria a favor del acusado este
continuará en funciones de su cargo público.
Imagen del diputado panista Jorge Camacho
Peñalosa en la sesión del Congreso del Estado. (Notymas).

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