Editorial

La educación en México

El Estado mexicano enfrenta la etapa más crítica de la educación pública, una deuda histórica que desde la postrevolución parecía vislumbrar el nacimiento de un sistema educativo para los mexicanos y que impulsaría la reconstrucción y progreso del país; sin embargo, desde los años cuarenta, el contexto social y político internacional, cambió el rumbo de la educación pública y ésta abandonó su papel social.

En diciembre de 2012, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 3ro constitucional, con lo que se busca, devolver al Estado su capacidad rectora de decidir en materia de planes y programas de estudio, incorporando el valor “calidad” dentro de los rasgos de la educación que imparta. Sin embargo, esta reforma desencadenó una serie de resistencias por parte del SNTE y la fracción disidente, la CETEG, con una serie de medidas y acciones desde protestas y mítines hasta amparos contra dicha reforma.

Bien, estas acciones responden a cuatro conceptos clave en la reforma: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. A pesar de que charra más vendida Elba Esther Gordillo, sólo se oponga a esta última, la base trabajadora magisterial la concibe en su conjunto como un atentando al derecho laboral y hasta la privatización misma de la educación, que sin duda, de pretender esto, sería la mayor traición a los mexicanos. La evaluación obligatoria acompaña a estas palabras.

Por un lado, el ingreso al servicio docente debe estar sujeto a reglas claras que den seguridad de que las personas mejor preparadas y con mayores capacidades sean quienes ocupen las plazas. Un maestro que compra una plaza o la adquiere por herencia ingresa a su carrera con una falta que debilita su función como educador, además de que podría estar ocupando la plaza de otro maestro con mejor preparación. Entonces la reforma al artículo 3ro obliga a todos por igual, sin más privilegios que para ingresar al servicio docente sea por mérito profesional.

La reforma propone “la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”, sustentada en la evaluación obligatoria, como el criterio central para otorgar las promociones. Por ello, éstas quedarán abiertas a todos los maestros, no sólo para los de mayor antigüedad o para quienes logran puntos por razones que no necesariamente responden al interés de la educación.

Estos son los nuevos retos que enfrenta la educación en México. A pesar de que ya 17 congresos estatales aprobaron la reforma al artículo 3ro como requisito mínimo para que entre en vigor; se han intensificado acciones del magisterio mexicano buscando rechazar e impedir dicha declaración constitucional. Sin embargo, todo parece indicar que entrará en vigor, sólo esperemos que cumpla con la declaratoria que expresa “el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación…”.